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Concordia » InfoConcordia
Fecha: 08/04/2026 20:26
Las medidas se ordenaron en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete. Se investiga el origen de préstamos privados otorgados por jubiladas y empleadas públicas. BUENOS AIRES | 8 de abril de 2026 La investigación judicial que rodea al jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, sumó este miércoles un capítulo determinante. Por orden de la Justicia, se realizaron tres allanamientos simultáneos en inmobiliarias que intervinieron en la compra de un departamento propiedad del funcionario en el barrio porteño de Caballito. La medida fue impulsada por el fiscal federal Gerardo Pollicita, quien busca determinar si existen irregularidades en los valores declarados de la transacción y transparentar el rol de los intermediarios en la operación. Préstamos bajo la lupa El eje de la sospecha por enriquecimiento ilícito se centra en el financiamiento utilizado para adquirir el inmueble ubicado en la calle Miró al 500. Según la investigación, Adorni habría recibido créditos privados de cuatro mujeres para concretar la compra. Sin embargo, los perfiles económicos de las prestamistas quienes serían jubiladas y empleadas públicas no coincidirían con las abultadas sumas de dinero cedidas al actual jefe de Gabinete. Declaraciones y secreto bancario Durante la jornada, también prestó declaración la escribana Adriana Nechevenko de Schuster, quien validó las escrituras de la propiedad. Ante el fiscal, la profesional: - Se desvinculó del origen de los fondos, asegurando que su rol fue meramente técnico. - Sostuvo que, desde su visión profesional, las operaciones fueron «normales». Más allá del inmueble en Caballito, la Justicia decidió avanzar sobre otros activos y consumos del funcionario. Se ordenó el levantamiento del secreto bancario para auditar el financiamiento de gastos suntuarios, entre los que destacan vuelos privados al exterior con destinos como Nueva York y Punta del Este. El dato: La investigación busca cruzar los datos bancarios con las declaraciones juradas del funcionario para verificar si su patrimonio actual y su nivel de vida guardan correlación con sus ingresos declarados ante la AFIP y la Oficina Anticorrupción.
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