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Parana » Cuestion Entrerriana
Fecha: 08/04/2026 18:13
El juez federal Daniel Rafecas ordenó que se haga pública toda la información de inteligencia reservada y confidencial de la causa por el atentado a la AMIA y le solicitó a la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) y a la Jefatura de Gabinete de la Nación, a cargo de Manuel Adorni, una serie de medidas concretas para avanzar hacia esa publicidad. Este tribunal entiende que corresponde reconocer el carácter público de los informes cuya divulgación se solicita y establecer su difusión, señaló el magistrado en la resolución. Allí recordó que en 2020 se dispuso la desclasificación de documentos de inteligencia, pero aclaró que esa medida no implicaba su difusión pública. El reclamo de las querellas y el contexto del atentado Rafecas mantuvo a fines de marzo una audiencia con todas las partes de la causa por el atentado a la AMIA. En ese ámbito, las querellas que representan a las víctimas reclamaron avanzar en la publicidad de la documentación, entre ellas cuatro informes de la Unidad Fiscal AMIA. La sede de la AMIA fue blanco de un atentado terrorista el 18 de julio de 1994, en el que murieron 84 personas y resultaron heridas 300. La justicia argentina encontró responsables a una decena de iraníes, entre ellos actuales y exfuncionarios de ese gobierno, y ordenó su captura nacional e internacional. En ese marco, el fiscal federal Sebastián Basso acusó hace un mes a un nuevo imputado, para quien pidió su indagatoria y detención. Juicio en ausencia y ley aprobada por el Congreso En paralelo, y ante el incumplimiento de las órdenes de detención, avanza en la justicia el juicio en ausencia para los acusados, tal como lo solicitó el fiscal Basso en base a una ley aprobada por el Congreso de la Nación el año pasado, y que fue puesta en marcha por orden del propio Rafecas. Desclasificación no es lo mismo que difusión El decreto 213/2020, firmado durante el gobierno de Alberto Fernández, dispuso que la información de inteligencia desclasificada y otra documentación del caso que tenía carácter confidencial o reservado pasara a ser pública. Sin embargo, el cambio de estatus no significó automáticamente que pudiera darse a conocer. La información clasificada como pública no necesariamente puede trascender del ámbito estatal sin una decisión de la autoridad competente. Dicho de otro modo: dejar de ser secreta no equivale, por sí solo, a ser divulgada, explicó Rafecas en su resolución. Las querellas insistieron en que, ante la importancia de la información involucrada, era necesario que se habilite su difusión. El juez recordó que el propio decreto fijó la creación de una mesa de diálogo interinstitucional para definir en ese ámbito cómo se iba a dar a publicidad la documentación. Sin embargo, advirtió que la mesa de diálogo no ha funcionado de manera regular ni ha establecido criterios generales, parámetros claros ni cronogramas de trabajo que permitan aplicar de forma efectiva el régimen previsto. Y agregó que, en los hechos, esto ha generado una situación de incertidumbre en la que, pese a la desclasificación formal, el acceso a la documentación sigue restringido y sin resolverse la forma de su difusión. No resulta razonable continuar postergando la publicidad Frente a ese escenario, Rafecas sostuvo que no resulta razonable ni jurídicamente admisible continuar postergando indefinidamente la publicidad de la información. El tiempo transcurrido y la relevancia institucional de los hechos investigados refuerzan la necesidad de adoptar una decisión que permita avanzar hacia una mayor transparencia y apertura de la información, remarcó. Y concluyó: En este contexto, este tribunal entiende que corresponde reconocer el carácter público de los informes cuya divulgación se solicita y establecer su difusión, aun cuando el mecanismo previsto originalmente no lo haya implementado. Plazos para la fiscalía, la SIDE y la Jefatura de Gabinete No obstante, la publicidad no será inmediata. Antes, Rafecas le pidió al fiscal Basso que en un plazo de 10 días dictamine si la difusión de los cuatro informes que presentó podría afectar la investigación o las medidas en curso, entre ellas las órdenes de detención con alerta roja de Interpol para los 10 acusados de la causa. El juez también le solicitó a la SIDE que, en un plazo de 15 días, revise toda la documentación e identifique y teste aquellos pasajes puntuales cuya divulgación pudiera encontrarse alcanzada por las limitaciones previstas en el Decreto 213/2020, en particular lo referido a la identidad de agentes de inteligencia del extranjero. Por último, requirió a la Jefatura de Gabinete que conduce Manuel Adorni que dentro de los próximos 60 días informelas medidas adoptadas o a adoptarse para la implementación de los mecanismos de acceso y publicidad de la documentación desclasificada, así como el cronograma de trabajo previsto a tales efectos.
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