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» tn24
Fecha: 08/04/2026 14:40
El asesinato de Alfredo Marcenac, ocurrido en 2006 en la ciudad de Buenos Aires, vuelve a interpelar a la sociedad argentina no solo como un hecho aislado, sino como el síntoma de una problemática más profunda: la persistencia de una violencia estructural que atraviesa hoy discursos y prácticas cotidianas. En Radio UNNE dialogaron con Mónica Bouyssede, madre de la víctima, Licenciada en Sociología y activista por el desarme, quien recordó el caso y manifestó la poca preocupación del gobierno argentino en las consecuencias de la portación libre de armas. El 6 de julio de 2006, Alfredo Marcenac caminaba por avenida Cabildo al 1700 del barrio Belgrano de Buenos Aires cuando fue asesinado a balazos por Martín Ríos, un joven que portaba legalmente un arma y disparó a mansalva en plena vía pública. El autor del homicidio ya había usado tres veces el arma, hiriendo a 11 personas sin ningún tipo de denuncia previa, arrebatándole la vida esta vez a Alfredo, un joven necochense de 18 años. Desde el plano actual, en los últimos días el país fue protagonista de hechos de violencia. El más reciente fue el sucedido en una escuela del departamento de San Cristóbal, Santa Fe, donde un adolescente de 15 ingresó con una escopeta, disparó y mató a otro compañero de 13 años. Producto del ataque, también varios alumnos resultaron heridos. Otra escena que pudo terminar en una tragedia ocurrió en San Miguel de Tucumán a principios de abril, cuando un estudiante de 17 años ingresó armado a la escuela con un revólver cargado con seis balas, y fue reducido en plena clase gracias a un operativo que, esta vez, llegó antes de lo irreparable. Poniendo como centro de debate el caso ocurrido en 2006, la madre de la víctima Mónica Bouyssede, dialogó con Radio UNNE y manifestó que, en aquel momento, la Justicia actuó con poca seriedad en el tema y remarcó la falta de responsabilidad del Estado no sólo en el accionar de estos temas, sino en la ineptitud de proveer seguridad ciudadana y democrática. Lo grave es que detrás de este hecho que parece individual se esconden dos problemas sociales muy graves: la ausencia de políticas públicas sobre la tenencia de armas de fuego y la incapacidad del sistema judicial para impartir justicia, sostuvo. Más allá del hecho, la violencia como entramado social En la mesa periodística y situados en el momento actual, Bouyssede propuso repensar la tenencia de armas en un contexto social dominado por una violencia estructural. Hoy hay mucha agresión en los jóvenes que se reproduce en las redes y videojuegos. El caso de Santa Fe ocurrido hace dos semanas donde un alumno del colegio mató a otro e hirió a varios compañeros en la escuela, es un ejemplo concreto no sólo de que estamos ante una naturalización de la violencia, sino de la falta de control y respuesta oficial por parte del Estado ante un hecho de suma violencia, advirtió. En este marco, la violencia escala a un nivel mayor si miramos las políticas públicas implementadas por el gobierno nacional en materia de acceso a armas. Se bajó la edad de tenencia de los 21 a los 18 años, ampliando así el universo de personas que pueden acceder a ellas. A esto, se suma un dato alarmante si miramos las estadísticas de violencia de género: 1 de cada 4 femicidios se produce con armas de fuego, y son usadas en su mayoría por varones, sostuvo la entrevistada. El análisis que realiza Bouyssede propone una lectura interesante, partiendo de la premisa de que lo más grave del debate no es la disputa a favor o en contra del acceso a armas, sino los niveles sintomáticos de violencia que como sociedad global estamos padeciendo y las consecuencias extremas que desencadenaría. Desde esta perspectiva, las armas aparecen no como el origen del problema, sino como un elemento que potencia sus consecuencias más extremas. Lo que prevalece en el imaginario colectivo es la idea de que las armas no son un problema, cuando en realidad implican la posibilidad de una tragedia. Y uno tiene que dimensionar eso, expresó. En este sentido, cobra especial relevancia revisar el recorrido de las políticas públicas implementadas en las últimas décadas y las que persisten en la actualidad. Hoy estamos en una situación muy crítica, como lo demuestran las tragedias recientes, que nos obligan a pensar cómo se han modificado las condiciones que permiten el acceso de los jóvenes a las armas. Se diseñaron políticas que, en lugar de desincentivar el uso de armas de fuego, van en sentido contrario y lo estimulan. En este marco, la socióloga recordó que entre las medidas más cuestionadas se encuentra la reconfiguración del sistema de control estatal. Se desmanteló la Agencia Nacional de Materiales Controlados que se había creado en 2015 y se volvió a un esquema similar al del antiguo RENAR (ex Registro Nacional de Armas), que era el que existía en la época del crimen de mi hijo, con un enfoque principalmente administrativo sin garantizar evaluaciones suficientemente estrictas. A esto se suma la implementación de mecanismos más ágiles para la obtención de permisos, lo que genera preocupación, dijo. En conjunto, estas transformaciones configuran un escenario en el que, lejos de limitar la circulación de armas, se percibe un estímulo indirecto a su uso, en un contexto social ya atravesado por altos niveles de conflictividad. Cuando las instituciones fallan en su función de control y regulación, se genera un vacío que puede ser ocupado por dinámicas de violencia cada vez más intensas y que no tienen vuelta atrás, advirtió Bouyssede. Armas de fuego como catalizadores de la violencia Si bien la violencia tiene múltiples causas, la disponibilidad de armas introduce un elemento crítico: la posibilidad de transformar un conflicto en una tragedia irreversible. Los datos aportados por la entrevistada son contundentes. La falta de control ocasiona entre 7 y 8 muertos y más de 35 heridos por día. En este sentido, las armas no solo amplifican la violencia existente, sino que también modifican la forma en que los individuos perciben y resuelven los conflictos. Las víctimas, en este escenario, no solo enfrentan el daño directo, sino también la ausencia de reparación. A nivel colectivo, esto se traduce en una fragmentación social, donde la convivencia se ve erosionada y los mecanismos de resolución pacífica de conflictos pierden eficacia. Al cumplirse veinte años del asesinato de Alfredo Marcenac en julio, el caso se resignifica como una advertencia vigente sobre los riesgos de desatender las dimensiones estructurales de la violencia. Lejos de ser un hecho aislado, expone entramados sociales, culturales e institucionales que, cuando no son abordados de manera integral, habilitan la repetición de tragedias. Como lo expresó Mónica Bouyssede, activista de la Red Argentina para el Desarme tras el asesinato de su hijo, flexibilizar la tenencia de armas es incentivar la posibilidad de una tragedia. Su reflexión no se agota en el pasado, sino que interpela directamente el presente y proyecta una advertencia hacia el futuro: comprender la violencia como un fenómeno estructural y que se refleja en las prácticas cotidianas, es el primer paso para desarticular las condiciones que la hacen posible. Los datos actuales revelan la persistencia del problema: las armas de fuego continúan provocando muertes diarias en el país, muchas de ellas vinculadas a conflictos interpersonales. Este índice no solo refleja la magnitud del fenómeno, sino también la urgencia de sostener y profundizar estrategias que aborden la violencia desde sus raíces, antes de que se exprese en sus formas más irreversibles.
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