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Victoria » Diario Victoria
Fecha: 08/04/2026 11:48
MUNICIPIOS EN ALERTA: INTENDENTES DEL PJ VAN A PARANÁ CON UNA AGENDA DE RECLAMOS En un contexto de fuerte caída de la coparticipación y deterioro de los ingresos locales, intendentes del justicialismo entrerriano llegarán a Paraná con una batería de reclamos que reflejan el delicado momento que atraviesan las administraciones municipales. El encuentro con el gobernador Rogelio Frigerio se da en medio de un escenario que ya obligó a algunas comunas a recurrir a mecanismos alternativos, como el pago parcial de salarios con bonos alimentarios, para sostener su funcionamiento. El intendente de Villaguay, Adrián Fuertes, quien actualmente ejerce la presidencia rotativa de la liga de intendentes del PJ, advirtió que la situación se vuelve insostenible y describió un círculo vicioso en el que la caída de la actividad económica impacta directamente en la recaudación, reduciendo la capacidad de respuesta de los municipios. Según explicó, el deterioro de los ingresos ya compromete la prestación de servicios básicos. De cara a la reunión, Fuertes adelantó que uno de los planteos centrales será el creciente traslado de responsabilidades hacia los municipios, que terminan absorbiendo tareas que corresponden a otros niveles del Estado. Mencionó como ejemplo el mantenimiento de escuelas, arreglos sanitarios, desagües, problemas cloacales y de agua potable, entre otras intervenciones cotidianas que recaen en las arcas municipales. El jefe comunal también cuestionó la falta de inversión en infraestructura vial y advirtió sobre una presión fiscal creciente, al mencionar la implementación de peajes sin una reducción equivalente en los impuestos a los combustibles, lo que según señaló configura una doble carga para los ciudadanos. Desde el norte provincial, el intendente de Feliciano, Damián Arévalo, también llevará su diagnóstico crítico. Afirmó que el desfasaje entre inflación y caída de los recursos reales ha generado una pérdida de capacidad operativa cercana al 45% en comparación con el año pasado. En ese marco, alertó que muchos municipios corren el riesgo de limitarse exclusivamente al pago de salarios, paralizando la obra pública y reduciendo al mínimo la inversión en servicios. Arévalo también puso el foco en la caída de la recaudación propia, producto de una situación social compleja en la que los vecinos priorizan el consumo básico por sobre el cumplimiento de tasas municipales. En ese escenario, remarcó que los municipios se han transformado en el primer nivel de contención social, afrontando gastos que exceden sus competencias. Entre ellos, enumeró la compra de insumos para escuelas, medicamentos, pasajes por razones de salud, combustible para patrulleros y el mantenimiento de caminos rurales, responsabilidades que según indicó deberían ser asumidas por la provincia o la Nación. Otro de los puntos sensibles que se pondrá sobre la mesa es la distribución de fondos extraordinarios. Arévalo cuestionó la existencia de criterios discrecionales, señalando que algunos municipios han recibido aportes significativos mientras otros apenas acceden a ayudas mínimas, pese a enfrentar situaciones similares. En ese sentido, el planteo será claro: que cualquier asistencia financiera que reciba la provincia sea distribuida de manera equitativa entre los municipios. A este cuadro complejo se suma un dato que agrava aún más la situación: los 82 municipios de hasta 1.500 habitantes también han sufrido recortes en la coparticipación, lo que profundiza las dificultades en las localidades más pequeñas, donde la dependencia de estos recursos es prácticamente total. En ese contexto, en el departamento La Paz se registró un hecho inédito que refleja la magnitud de la crisis: una comuna debió cerrar sus puertas y comunicar a los vecinos que no podía seguir prestando servicios básicos, producto del desplome de los ingresos. Un escenario que, lejos de ser aislado, comienza a encender señales de alarma en toda la provincia.
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