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Concordia » Diario Del Sur Digital
Fecha: 07/04/2026 21:40
El Juzgado Nacional del Trabajo N° 2 obligó al Estado a emitir la certificación provisoria de autoridades y advirtió con multas de $100 mil por día. La decisión irrumpe en una disputa que lleva meses sin resolución y mantiene paralizada la vida institucional del gremio. Por: Federico Odorisio Luego de meses de conflicto, denuncias cruzadas y una parálisis que golpea de lleno a trabajadores y afiliados, la Justicia nacional dio un paso que puede reordenar al menos de forma transitoria la situación del Sindicato Obrero de la Fruta (SOF) de Concordia. El Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 2 resolvió este 7 de abril ordenar a la Dirección Nacional de Asociaciones del Trabajo que, en un plazo de cinco días, emita la certificación provisoria de las autoridades surgidas del proceso electoral del 20 de enero de 2026. La medida advirtió que si el organismo no cumple, deberá pagar una multa de $100.000 por cada día de demora. Según consta en el expediente, la lista Celeste Unidad se impuso en los comicios del 20 de enero, consagrando a Domingo Alcides Camejo como secretario general para el período 2026-2030. El proceso electoral desde la convocatoria hasta la asunción de autoridades el 23 de febrero se desarrolló, al menos en la instancia interna, sin impugnaciones formales. Sin embargo, el reconocimiento oficial nunca llegó. La autoridad laboral nacional se declaró incompetente para emitir la certificación, apoyándose en una interpretación del DNU 342/2025 y en la mención de una impugnación de terceros. Esa decisión administrativa, en los hechos, dejó al sindicato en un limbo: autoridades electas, pero sin validación formal para ejercer. El fallo es categórico al respecto. Señala que la certificación no es un acto discrecional ni jurisdiccional, sino un trámite de constatación. Y que su ausencia bloquea la vida institucional de cualquier organización. Desde diciembre de 2025, la disputa por la conducción del SOF escaló con episodios judiciales, denuncias por usurpación de la sede gremial y un clima de incertidumbre que impacta tanto en los trabajadores como en el sector citrícola. La situación llegó a un punto crítico a fines de marzo, cuando se produjeron detenciones tras un intento de ingreso a la sede sindical en medio de reclamos salariales de empleados administrativos que, según se denunció, llevaban meses sin cobrar. En paralelo, productores citrícolas comenzaron a retener aportes sindicales y de obra social a la espera de una definición clara sobre quién detenta la conducción legítima del gremio. Sin conducción reconocida, el sindicato pierde capacidad operativa, pero también financiera. La Justicia tomó nota de ese cuadro y en su resolución adviertió que la falta de certificación no solo impide actos administrativos básicos como firmar documentos o gestionar recursos, sino que también pone en riesgo la continuidad de prestaciones esenciales. La obra social, en el centro de la escena Uno de los puntos más sensibles del fallo es el impacto sobre la obra social del sector. El juez remarcó que la ausencia de autoridades certificadas puede derivar en la paralización operativa del sistema de salud del gremio. Y señaló que esa situación podría comprometer prestaciones básicas, con consecuencias directas sobre la salud de los afiliados. En el expediente se plantea que la obra social ya se encontraba afectada por la falta de validación institucional, lo que refuerza la urgencia de una solución, aunque sea provisoria. Una salida de emergencia La medida dictada es, en términos judiciales, una cautelar. No resuelve el fondo del conflicto que seguirá su curso, pero busca evitar un daño mayor. En ese sentido, ordena emitir una certificación provisoria que refleje el resultado electoral y permita normalizar, al menos parcialmente, el funcionamiento del sindicato hasta que haya una sentencia definitiva. El fallo también fija un límite al accionar estatal, entendiendo que el silencio o la inacción administrativa no pueden derivar en la parálisis de derechos fundamentales, como la libertad sindical. La decisión, por un lado, obliga al Estado a tomar una posición concreta en un plazo breve. Por otro, reintroduce en la escena institucional a una conducción que había quedado, en los hechos, fuera de juego por falta de reconocimiento formal y una intervención cargada de polémicas. Cabe mencionar la figura de Cristian Iván Amaro -quien carga con una condena penal y una sentencia de 2016 a tres años de prisión en suspenso por el delito de homicidio agravado en grado de tentativa contra el ex diputado provincial Alejandro Bahler-, el interventor del SOF se fue consolidando en el conflicto con un respaldo político manifiesto. El ex dirigente bancario y ex funcionario provincial, desembarcó en el gremio como representante de una federación de reciente creación, FATREFU, sin reconocimiento pleno y vinculada al diputado libertario Pablo Ansaloni, quien públicamente respaldó ese proceso de intervención . En el plano local y provincial, distintas señales políticas sectores del oficialismo tanto a nivel provincial y local fueron entendidas como un aval tácito a esa avanzada. En ese contexto, la falta de definición de la Secretaría de Trabajo frente a una elección ya realizada y sin impugnaciones internas fue entendida por el sector de Camejo como parte de un entramado político y judicial que explicaba en buena medida el silencio administrativo que ahora la Justicia vino a romper. El próximo paso será discutir si corresponde o no la certificación definitiva y qué alcance tiene la intervención formal o de hecho que atraviesa al sindicato.
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