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Concordia » Libre Entre Rios
Fecha: 07/04/2026 15:55
Denuncia penal por jubilaciones de funcionarios municipales en Concordia: ATE, Mesa de Jubilados y Surge llevaron el caso a la Fiscalía La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Concordia, la Mesa Coordinadora de Jubilados y Pensionados de la Plaza 25 de Mayo y el Movimiento Surge presentaron este lunes una denuncia penal ante la Unidad Fiscal de Concordia. Piden que se investigue un presunto esquema por el que funcionarios del gabinete del intendente Francisco Azcué cobrarían simultáneamente jubilaciones provinciales e ingresos municipales, en aparente violación de la Ley Provincial N.° 8732. La Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos había notificado al municipio sobre esa situación en enero pasado. El debate sobre la sustentabilidad del sistema previsional de Entre Ríos adquirió este lunes una nueva dimensión en Concordia: las presuntas irregularidades en las jubilaciones de funcionarios municipales en Concordia llegaron a la Justicia. José Ramón Cabrera, Jorge Enrique López, el secretario general de ATE Concordia Pedro Pérez y el Movimiento Surge formalizaron ante la Unidad Fiscal local una denuncia penal en la que solicitan que se investigue si varios integrantes del gabinete del intendente Francisco Azcué cobran al mismo tiempo una jubilación provincial y retribuciones municipales, sin los aportes previsionales correspondientes. La notificación de la Caja de Jubilaciones El antecedente directo de la denuncia data de enero de 2026, cuando la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos notificó formalmente a la Municipalidad de Concordia sobre casos de posible incompatibilidad Activo-Pasivo, sobre beneficiarios con posible vínculo laboral con el Municipio de Concordia, según informó Diario Junio en su edición del 13 de marzo. En la misma comunicación, el organismo previsional advirtió que estas situaciones podrían configurar evasión de aportes y contribuciones al sistema previsional. La notificación consignó nueve nombres: Luis Víctor Costa, Claudia Silvina Perillo (quien renunció a su cargo en febrero), Patricia Elena Jaluf, María de los Ángeles Méndez, Carlos Humberto Gatto, Nélida Elsa Amam, Arnoldo Federico Schattenhofer, María Carolina Pérez y María José Umedez, todos con cargos políticos dentro de la administración local. Si cumplís una función, tenés que renunciar a la Caja hasta que dejes de ser funcionario. Pedro Pérez, secretario general de ATE Concordia El mecanismo del ad honorem y el Código 600 Según la documentación relevada por los medios locales, los decretos de designación de los funcionarios afectados consignaron que los cargos se desempeñarían ad honorem y sin liquidación del mismo. Sin embargo, en una segunda instancia, los mismos funcionarios recibieron asignaciones económicas a través del denominado Código 600, una partida presupuestaria habitualmente destinada a adicionales no remunerativos como gastos de representación. Esas sumas se canalizaron mediante recibos de sueldo, aunque sin que el municipio realizara los aportes previsionales de ley. Para la Caja de Jubilaciones, ese esquema podría configurar igualmente una relación laboral encubierta, activando la incompatibilidad entre cobrar la jubilación y ejercer una función remunerada. El artículo 73 de la Ley Provincial N.° 8732 establece que, para mantener el beneficio jubilatorio, el titular debe cesar en toda actividad en relación de dependencia. La presentación judicial del 7 de abril El documento suscripto por José Ramón Cabrera (DNI 12.426.654) y Jorge Enrique López (DNI 11.255.601), al que adhirió ATE Seccional Concordia, fue presentado ante la Unidad Fiscal de Concordia el lunes 6 de abril de 2026. En él se solicita: que se tenga por presentada la denuncia penal; que se disponga la apertura de una investigación penal preparatoria; que se ordene el resguardo o secuestro de los expedientes administrativos vinculados; que se requieran informes a la Municipalidad de Concordia y a la Caja de Jubilaciones; que se disponga la investigación patrimonial de los involucrados; y que oportunamente se determinen las responsabilidades administrativas o penales que pudieran corresponder. El escrito señala que los hechos denunciados podrían encuadrar, de manera preliminar, en tres figuras del Código Penal: defraudación contra la administración pública (artículo 174, inciso 5), falsedad ideológica de instrumento público (artículo 293) e incumplimiento de deberes de funcionario público (artículo 248). Los propios denunciantes aclararon que la calificación definitiva dependerá de lo que surja de la investigación. Pedro Pérez, secretario general de ATE Concordia, fundamentó la adhesión de su gremio señalando que la doble percepción es incorrecta desde el punto de vista ético y legal. El Código 600 es un invento. ¿Por qué, si sos funcionario, tenés que cobrar en negro? No existe eso, afirmó. José Ramón Cabrera, integrante del Frente Surge y uno de los firmantes, declaró que no podíamos quedarnos en silencio ante algo que parece tan injusto y que los funcionarios saben que perjudican la entrada de la Caja y a muchos jubilados y pensionados. El pedido de informes previo de los concejales del PJ La situación no fue un hallazgo repentino. En la decimoséptima sesión del Concejo Deliberante de Concordia, celebrada en agosto de 2025, el Bloque del PJ Concordia presentó un pedido de informes dirigido al Departamento Ejecutivo Municipal. El requerimiento solicitaba la nómina de funcionarios registrados como prestadores de servicios del municipio; la nómina de quienes perciben haberes bajo el Código 600 u otra modalidad no remunerativa, con detalle de montos, conceptos y frecuencia de pago; y la información sobre suspensiones de haberes previsionales de funcionarios jubilados designados en cargos públicos. El bloque justicialista fundó el pedido en que esas situaciones pueden generar conflictos de intereses y afectar la integridad y transparencia de la administración pública. Diario Junio recordó ese antecedente el 16 de marzo de 2026, tras darse a conocer las notificaciones de la Caja. La posición de los funcionarios intimados Frente a las intimaciones de la Caja de Jubilaciones, los funcionarios afectados no se quedaron sin respuesta. Según documentación a la que accedió El Entre Ríos, presentaron en tiempo y forma un recurso de revocatoria centrado en un único argumento: que sus cargos son políticos y, por ende, no implican una actividad en relación de dependencia, condición que sería la única capaz de activar la incompatibilidad prevista en el artículo 73 de la Ley 8732. Los escritos citaron como precedente el decreto 171/2025 del gobernador Rogelio Frigerio, mediante el cual se expidió sobre la situación del ministro Néstor Roncaglia, argumentando que un cargo político fuera del escalafón no constituye empleo en los términos de la normativa previsional. La Caja de Jubilaciones aún no se expidió sobre esos recursos, y el debate jurídico permanece abierto. El contexto: reforma previsional y déficit de la Caja El episodio se inscribe en un momento de tensión para el sistema previsional entrerriano. El gobierno provincial de Rogelio Frigerio impulsa una reforma de la Caja de Jubilaciones argumentando su déficit estructural, mientras que los empleados estatales llevan meses con salarios congelados. Pedro Pérez lo sintetizó con crudeza: ¿Cómo no va a estar en pérdida si hace casi diez meses estamos con sueldos congelados? No hay ingreso a la Caja. En ese marco, la revelación de un eventual esquema de pagos a jubilados-funcionarios sin aportes cobra una dimensión política que va más allá de la discusión técnica: pone en cuestión la coherencia entre el discurso oficial de austeridad y las prácticas administrativas concretas. El municipio de Concordia no emitió declaraciones oficiales sobre la denuncia judicial hasta el cierre de esta edición. Nota sobre las fuentes: Este artículo se basa en publicaciones de medios locales de la ciudad de Concordia, la cuenta de Facebook de ATE Seccional Concordia y el texto íntegro de la denuncia penal presentada ante la Unidad Fiscal de Concordia el 6 de abril de 2026. Las acusaciones son de carácter preliminar; la determinación de responsabilidades corresponde a la Justicia.
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