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Parana » Radio La Voz
Fecha: 07/04/2026 11:05
El gobierno de Javier Milei designó este martes a María Florencia Zicavo como nueva síndico general en el Pami en un contexto marcado por auditorías internas y denuncias por presuntas irregularidades. Así quedó plasmado en el Decreto 220/2026 publicado hoy en el Boletín Oficial con las firmas de Milei y del ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones. la medida forma parte de una estrategia para reforzar los mecanismos de supervisión dentro del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados. Desde su nuevo rol, Zicavo tendrá la responsabilidad de supervisar los procesos internos y garantizar la correcta administración de los recursos del Pami. La sindicatura general es un área clave para el control y auditoría de la gestión en el organismo, que administra fondos públicos destinados a millones de jubilados y pensionados en todo el país. En paralelo, el organismo que conduce Esteban Leguízamo viene profundizando controles en distintas áreas. Auditorías recientes en especialidades como cardiología y gastroenterología detectaron volúmenes de prestaciones médicas imposibles de justificar, incompatibles con la capacidad operativa declarada. Uno de los casos más relevantes se registró en gastroenterología, donde un prestador con dos quirófanos informó haber realizado 283 prácticas en 95 pacientes en apenas cinco horas, un nivel de actividad que, según los auditores, excede ampliamente cualquier parámetro razonable. Las irregularidades se suman a denuncias por fraude, sobrefacturación y recetas apócrifas, que derivaron en sumarios administrativos, sanciones y presentaciones judiciales por maniobras de gran escala. En ese marco, el organismo también avanzó en cambios en el sistema de provisión de insumos. En junio de 2025, el Pami eliminó el retiro por farmacia de pañales y dispuso su compra mediante licitación pública. Desde la entidad señalaron que la medida buscó terminar con uno de los negocios más vergonzosos y estimaron un ahorro anual cercano a los 5 mil millones de pesos, con reglas orientadas a la transparencia y eficiencia en el uso de los recursos.
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