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Concordia » Hora Digital
Fecha: 07/04/2026 11:02
Una encuesta nacional realizada por Protección Digital Argentina, junto con Proyección Consultores e IADEPP, muestra una fuerte preocupación social por los riesgos que enfrentan niños, niñas y adolescentes en el entorno digital. El estudio también refleja un amplio consenso en favor de una mayor regulación de las plataformas tecnológicas para proteger a los menores. El sondeo, llevado a cabo entre el 11 y el 23 de diciembre, indica que los adultos identifican como principales amenazas el contacto con desconocidos en internet, que un 81,6% considera un riesgo alto, la exposición a contenidos violentos o sexuales (76,9%) y la pérdida de privacidad o uso indebido de datos personales (73,3%). Además, crece la inquietud por la influencia de los algoritmos y el uso excesivo de pantallas entre los jóvenes. El informe destaca que la percepción de riesgo aumenta en función del nivel educativo, socioeconómico y la alfabetización digital de los encuestados. Quienes mejor conocen el funcionamiento de las plataformas son también los que más desconfían de su capacidad para autorregularse de manera efectiva. En cuanto a la intervención estatal, cerca del 80% de los participantes apoya medidas como la prohibición de algoritmos que generen adicción, la restricción en la recopilación de datos de menores y la adaptación de contenidos según la edad. Asimismo, un 79% respalda la realización de auditorías públicas y mayores niveles de transparencia en el funcionamiento de las plataformas. Si bien el 79,5% considera que la responsabilidad principal recae en las familias, crece la expectativa de un rol más activo del Estado (9,5%) y de las empresas tecnológicas (8,2%). En este sentido, el 86% de los consultados opina que las plataformas deben ser sancionadas legalmente si incumplen normas de protección infantil. Por otro lado, solo el 30,7% confía en que las empresas tecnológicas protegen adecuadamente a los menores, mientras que el 45% manifiesta desacuerdo con esa afirmación. El estudio concluye que la sociedad argentina no ve la regulación como una forma de censura, sino como una herramienta necesaria para proteger derechos en un entorno digital cada vez más complejo. En este marco, plantea la urgencia de avanzar en políticas públicas que combinen prevención, educación digital y control sobre las prácticas de las plataformas tecnológicas.
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