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Parana » Cuestion Entrerriana
Fecha: 06/04/2026 20:05
La polémica por los créditos hipotecarios otorgados por el Banco Nación a funcionarios y legisladores oficialistas derivó en dos denuncias penales y en la apertura de una causa que quedó radicada en el Juzgado Federal de Daniel Rafecas, donde se analizarán los préstamos concedidos a dirigentes vinculados al oficialismo tras la difusión de una nómina con montos millonarios y beneficiarios de distintas áreas del Gobierno. El crédito hipotecario que el Banco Nación le otorgó a la polémica diputada libertaria Lorena Villaverde -una de las figuras más controvertidas del oficialismo-, fue rechazado primero en la sucursal de Cipolletti y recién se aprobó después de que alguien intervino desde la Central, aseguró el diputado Esteban Paulón. Técnicamente se lo rechazaron porque Villaverde está embargada y procesada en una causa por estafa por sobrevender lotes para desarrollos inmobiliarios. Y desde la Central alguien levantó un teléfono, y finalmente el crédito se aprobó, afirmó el legislador. Paulón también cuestionó los plazos y condiciones en que se habrían otorgado los créditos a figuras del oficialismo. Los plazos que tenemos relevados no tienen nada que ver con las penurias que pasa cualquier persona, cualquier familia que intenta acceder a un crédito hipotecario. Hay temas de ingresos, plazos, facilidad para el acceso que llaman la atención, sostuvo. El caso de Villaverde se inscribe en la denuncia presentada por la diputada Mónica Frade, de la Coalición Cívica, quien pidió a la Justicia investigar el otorgamiento de créditos hipotecarios del Banco Nación a funcionarios y legisladores cercanos al Gobierno de Javier Milei. Los montos irían desde los 100 hasta más de 500 millones de pesos -equivalentes en algunos casos a unos 350.000 dólares- y la presentación apunta a determinar si existieron condiciones preferenciales o un relajamiento de los requisitos habituales. La Justicia debe determinar si estos créditos responden a los procedimientos normales o si se otorgaron en condiciones excepcionales, sostuvo Frade. Quiénes son los funcionarios y legisladores que recibieron los créditos La lista de beneficiarios incluye a integrantes del equipo económico, diputados libertarios y funcionarios de distintas dependencias oficiales. La difusión de los préstamos derivó en denuncias judiciales y pedidos de informes en el Congreso, en medio de cuestionamientos por la posible existencia de trato preferencial. Entre los nombres que figuran en la nómina aparecen Felipe Núñez, director del BICE y asesor del ministro de Economía, con una deuda cercana a los $373 millones; Federico Furiase, secretario de Finanzas, con alrededor de $367 millones; y Pedro Inchauspe, director del Banco Central, con un crédito que supera los $500 millones. También fueron señalados Juan Pablo Carreira, a cargo de la Oficina de Respuesta Oficial; el diputado libertario Santiago Santurio; Sharif Menem, funcionario en la Cámara baja; y Guillermo Madero, jefe de Gabinete del Ministerio de Defensa. La nómina además alcanza a otros dirigentes de La Libertad Avanza, entre ellos los diputados Alejandro Bongiovanni, Mariano Campero y Lorena Villaverde, así como también a Emiliano Mongilardi, integrante del directorio de YPF. Desde el oficialismo sostienen que los créditos fueron otorgados bajo las mismas condiciones disponibles para cualquier cliente que cumpliera con los requisitos, mientras que la oposición reclama revisar las carpetas crediticias, los tiempos de aprobación y las garantías presentadas. Impacto político interno y salida de un funcionario En paralelo, la controversia ya tuvo impacto dentro del propio Gobierno. La salida de Leandro Massaccesi del Ministerio de Capital Humano, luego de que trascendiera que también había accedido a uno de estos préstamos, reavivó la discusión sobre los criterios aplicados para el otorgamiento de los créditos a funcionarios. Mientras la Casa Rosada insiste en que no hubo privilegios ni condiciones especiales, la investigación judicial buscará determinar si existieron irregularidades o trato preferencial en el acceso a estos préstamos hipotecarios. Las dos denuncias penales que complican al Gobierno En este contexto, el Gobierno comenzó a delinear su estrategia judicial frente a las denuncias presentadas por los créditos otorgados por el Banco Nación a funcionarios y dirigentes vinculados al oficialismo. Tras el ingreso de dos presentaciones penales en Comodoro Py, que quedaron radicadas en los juzgados de Daniel Rafecas y María Eugenia Capuchetti, en la Casa Rosada y en la entidad financiera trabajan en una respuesta formal que será elevada a la Justicia en las próximas horas. La primera denuncia fue presentada por el abogado Alejandro Díaz Pascual y recayó por sorteo en el juzgado federal de Rafecas. Está dirigida principalmente contra Daniel Tillard, ex presidente del Banco Nación, y Juan Ernesto Curuchet, superintendente de Entidades Financieras del Banco Central. La acusación pone el foco en posibles delitos como administración fraudulenta, defraudación contra la administración pública, abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público, en relación con el esquema de créditos hipotecarios ahora bajo la lupa. La segunda denuncia fue impulsada por la diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade, junto con el diputado socialista Esteban Paulón, y quedó en el juzgado de Capuchetti. Esta presentación es más amplia porque, además de incluir a Tillard, incorpora a varios de los beneficiarios de los créditos. Entre los señalados en esa causa figuran Federico Furiase, Pedro Inchauspe, Felipe Núñez y legisladores libertarios como Mariano Campero, Lorena Villaverde, Santiago Santurio y Alejandro Bongiovanni. El eje de la investigación está en determinar si hubo trato preferencial, conflicto de intereses o condiciones especiales en el otorgamiento de los préstamos.
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