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» Clarin
Fecha: 06/04/2026 17:50
La denominada Ley Hojarasca que el Gobierno volvió a mandar la semana pasada al Congreso busca derogar más de 70 normas que considera "obsoletas", como la "ley del lobizón" o el "carnet de mochilero". Sin embargo dentro del paquete hay puntos más conflictivos como la eliminación de la ley que obliga al Estado a comprar autos de industria nacional o la que financia organismos como el Círculo de Legisladores o la Federación Argentina de Municipios, que actualmente preside el peronista Fernando Espinoza. El proyecto, impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, ya había sido enviado al Congreso en 2024 pero nunca se trató y perdió estado parlamentario. Ahora el Ejecutivo lo volvió a mandar y fue girada a las comisiones de Legislación General y Asuntos Constitucionales. "No generan sensación de urgencia los temas, pero se subestima la importancia de ordenar la legislación", señalan desde el oficialismo que empujará para que la norma se convierta en ley. Para redactarla se repasó la normativa vigente en nuestro país desde 1864 a la fecha. De acuerdo a los fundamentos del proyecto el objetivo de la ley es: "eliminar toda legislación que no se condice con los tiempos que corren ya sea por su carácter obsoleto, inútil, o por haber sido superado por normativas posteriores, por tratarse de legislación sobre temas de escasa relevancia o trámites inútiles que generan o incrementan costos para los ciudadanos". Puntos de tensión con la política Si bien el proyecto en teoría no es conflictivo tiene puntos ríspidos. Uno de ellos es el desfinanciamiento de organismos como el Círculo de Legisladores y la derogación de la oblea que les otorga libre circulación y estacionamiento a diputados y senadores. "Proponemos eliminar el financiamiento por parte del Estado Nacional. Los legisladores que quieran participar y aportar para dicho Círculo podrán seguir haciéndolo con sus propios fondos", establece el texto. El Círculo tiene tres fuentes de financiación: aportes del tesoro nacional, el aporte de sus socios activos y convenios con fundaciones para proyectos concretos. La estructura es pequeña pero reconocen que sin los fondos del Ejecutivo no podría sostenerse. Sin embargo, también deroga la ley 20.959, de 1975, que permite que senadores, diputados, secretarios y prosecretarios de ambas Cámaras tengan derecho al uso de una credencial personal e intransferible que los habilita para la libre circulación y el libre estacionamiento. "Hay pocos ejemplos de privilegio tan claros como el que deja en evidencia esta norma, inaceptable en una sociedad democrática, y contraria al principio de igualdad", sentencia el proyecto. Otro organismo que el Gobierno plantea dejar de financiar es la Federación Argentina de Municipios (FAM) que nuclea a los intendentes de todo el país. Actualmente la preside el matancero Fernando Espinoza. Medicamentos Deroga la ley N° 26.688, de 2011, que declara de interés nacional la investigación y producción pública de medicamentos, materias primas para la producción de medicamentos, vacunas y productos médicos, entendiendo a los mismos como bienes sociales. El Gobierno señala que la reglamentación de la ley demoró tres años y no impone acciones concretas. En la oposición hay quienes señalan que funciona más como marco general y que puede ser importante como marco jurídico y señal política para justificar financiamientos o coordinar acciones. Autos importados para la flota del Estado Ley N° 16.789, de 1965, establece que los poderes, reparticiones, organismos y entidades del Estado Nacional que adquieran automóviles destinados a su servicio deben comprarlos entre los productos de la industria automotriz nacional. Lo establecieron como una forma de promocionar el mercado interno. Sin embargo, el gobierno de Milei sentencia que el Estado debe priorizar utilizar el dinero de los contribuyentes de la manera más eficiente posible. La obligación de comprar automóviles fabricados en la industria nacional impone trabas para la eficiencia en el uso de los recursos nacionales y, por ende, perjudica a los ciudadanos. Si es derogada, podrían adquirir automóviles importados. Otras leyes "obsoletas" Entre las leyes que plantea derogar se encuentran la "Ley del lobizón" que plantea que el Presidente debe apadrinar al séptimo hijo de una familia y garantizarle educación gratuita en todos los niveles. Pero como la educación pública es por definición gratuita en Argentina y el Estado presta otras ayudas como la AUH, plantean que perdió sentido. También deroga la norma que crea el carnet de mochilero. Sancionada en 1974 como parte de una de las medidas del gobierno de Isabel Perón para controlar a los llamados grupos subversivos. Obligaba a llevar una credencial de mochilero a los que fueran a moverse "a dedo" por las rutas a cambio de beneficios como "preferencia de acampe". A su vez deroga la ley que establece que la Federación Colombófila Argentina debe constatar el año de nacimiento y la matrícula de las palomas mensajeras de carrera que determine su pertenencia al Registro Nacional de Desarrollo y Potencial Colombófilo. Sobre la firma Newsletter Clarín
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