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Parana » AnalisisDigital
Fecha: 06/04/2026 09:54
Por Colectivo de Trabajadores por la Ventana (*) La falacia, según el diccionario, es un razonamiento incorrecto, engañoso o falso que aparenta ser válido y convincente. Se utiliza para manipular o persuadir vulnerando las reglas de la lógica. La retórica del gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, el presidente de la Caja de Jubilaciones, Gastón Bagnat, y del conjunto de funcionarios y legisladores de Juntos por Entre Ríos respecto a reformar la Ley de Jubilaciones 8732/93, se sostiene en una mayoría circunstancial y en falacias como: a) responsabilizar y señalar a los trabajadores activos y jubilados como responsables de un supuesto déficit, b) que todos los entrerrianos con sus impuestos pagan el hueco económico a empleados públicos privilegiados, c) que los derechos adquiridos no se tocan, d) que el 82% no se modificaría, f) que hay que armonizar los requisitos provinciales con la Nación. a)- Los trabajadores/as no somos responsables de que los Ejecutivos y Legislativos en la historia provincial hayan hecho demagogia con el sistema previsional. Incorporar jubilados sin los correspondientes aportantes, reconocer a sectores de la sociedad, está bien, pero los aportantes no podemos hacernos cargo de municipios que crearon sus Cajas y se retiraron de la provincia dejando a los jubilados, contratos de obra, pasantías, monotributistas que no tributan en la provincia, y el fraude mayor es que el mismo gobierno que dice cuidar la Caja, paga haberes inconstitucionales con sumas fijas no remunerativas no bonificables. Otro punto que requiere de un balance público y serio es lo exagerado de los aportes de los trabajadores entrerrianos. Cada trabajador aporta un 19% y la patronal por ley debe aportar otro 19%, es decir per cápita 38%, el más alto del país, mientras que su espejo nacional del ANSES es del 11% personal, más 11% patronal, es decir 22% per cápita. En conclusión, los entrerrianos aportamos 16% más que cualquier trabajador nacional, pero para el gobierno eso no alcanza porque desde julio de 2024 los jubilados especiales pagan un 3% hasta cumplir la edad de la jubilación ordinaria común. Este esfuerzo contributivo de los trabajadores entrerrianos debería garantizar la solvencia del sistema sin necesidad de recortes. b) Los voceros malintencionados del gobierno quieren reducir la discusión de una pretendida reforma jubilatoria, a los trabajadores dependientes del Estado, responsabilizando y estigmatizando al empleo público, e intentando exponernos dicotómicamente ante el resto de la población entrerriana. Entonces nos preguntamos si las verdaderas intenciones del gobierno de Frigerio es prescindir de la educación, la salud, la seguridad, la justicia para toda la colectividad entrerriana. A muchos les gusta referirse a servidores públicos o agentes del Estado. Hay una pronunciada caída de la recaudación, de la suba de la inflación, de los bienes y servicios, más la alta morosidad impositiva, y de bajos salarios que afectan la economía interna de la provincia. Pretender bajar jubilaciones es ajustar/achicar más la economía doméstica, y esto sí nos incluye a todos los entrerrianos. Los Estados nacional y provincial tienen el deber constitucional, y los anexos de convenciones de derechos humanos de proteger a los adultos mayores. Su responsabilidad es progresiva e irrenunciable, y son parte de los deberes de funcionario público. c)- Nuestro régimen previsional jubilatorio es solidario e intergeneracional enmarcado en la Ley 8732/93. Es decir, los activos de las actuales generaciones sostienen a los jubilados, como así los jubilados actuales construyeron sus haberes aportando para las generaciones anteriores. La ley es clara al definir que cuando no alcanzan los aportes el gobierno debe cubrirlo, y para ello hay muchísimas alternativas. No aceptamos la modificación del artículo 71 de la 8732/93 que es el enganche del activo con el jubilado. Todo aumento al activo automáticamente se traslada al jubilado. d)- El 82%, antes de la 8732 era sobre el último haber antes de la jubilación, con la actual ley pasó al 79,5% que computa prorrateando los últimos 10 años, y la propuesta actual llevaría el haber al 65% aproximadamente porque calcularía su historia laboral de los últimos 30 años. Cambiar el enganche activo-jubilado a fórmulas de índices es reducción salarial, es descargar el ajuste a los jubilados. Hablan de una fórmula, derogada por inconstitucional, resultante del 50% de inflación y 50% de la recaudación. En el orden nacional, mientras se encontró vigente la Ley 27.609 los jubilados perdieron en promedio un 42% del poder adquisitivo. Actualmente a nivel nacional la fórmula de movilidad de la Ley 27.609 fue reemplazada en junio de 2024 por la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Con esta reforma, por ejemplo, si a los activos se les otorgó un aumento a partir de haberes de enero, el aporte retenido probablemente ingrese a la Caja en marzo o abril, con lo cual el pasivo recibiría el aumento a partir de mayo y sin el retroactivo. Que nadie se engañe con lo falaz de la medición del Indec y de la caída en picada de la recaudación. El gobierno intenta eliminar el artículo 71 de movilidad de la ley porque quiere empobrecer el haber, atacando certeramente la base de sustentación del derecho adquirido del 82% móvil respecto al activo. f)- Armonizar las edades con Nación quiere decir pasar de 62 a 65 años los varones y de 57 a 60 las mujeres aumentando la cantidad de años de aportes de 30 a 35 años. La Nación ha puesto a rodar la idea de elevar la edad mínima a 70 años para todos. Las pensiones bajarían del 75% al 70%. Entre reformas laborales y jubilatorias nos vuelve al siglo XIX. Los adultos mayores para el gobierno somos un gasto y hay que reducirlo al mínimo, violentando, maltratando, angustiando y desconociendo el legado generacional. Además, es un pésimo mensaje para las generaciones de jóvenes que no consiguen trabajo, el extender la vida laboral a edades mayores. Muchos funcionarios muy sueltos de cuerpo hablan de que hay sectores de trabajadores que se jubilan jóvenes y que la expectativa de vida es mayor. Hablar desde los escritorios sin haber trabajado en lugares sensibles, de mucha entrega y sin conocer las pésimas condiciones laborales donde se desarrollan las actividades es de una ignominia difícil de emparentar. La finalidad del gobierno provincial es cambiar radicalmente la norma armonizando los requisitos provinciales con los nacionales. Para ejemplificar hacia dónde vamos miremos el poder adquisitivo de los jubilados/as del sistema nacional. El maltrato a los jubilados dependientes de ANSES es la expresión de una clara violación a los derechos humanos por parte de los gobiernos nacionales a los 7 millones de adultos mayores que representan el 14% de la población. La Defensoría de la Tercera Edad, cuyo referente es el Dr. Eugenio Semino, dio a conocer recientemente datos de un relevamiento semestral en centros urbanos del país referidos a la canasta básica para los jubilados. El informe de marzo de 2026 demostró que el sector está cada vez más precarizado, hundidos en la miseria más absoluta. Allí se demuestra que el costo mínimo de subsistencia para un jubilado/a debería ser de $1.824.682 que incluya medicamentos ($503.600), alimentos ($410.640), vivienda ($360.150), servicios ($151.350). Esa ecuación económica está muy lejos de los haberes de indigencia de los jubilados, de $369.672 más el bono congelado de $70.000, cifra que cobran 4,5 millones de personas. La Pensión Universal para Adultos Mayores (PUAM) es de $295.680 + bono de $70.000; y las Pensiones no Contributivas de personas con Discapacidad es de $258.720 + bono $70.000. La jubilación no es un gasto, es un derecho humano constitucional irrenunciable. La Caja es de los trabajadores, no de los gobiernos. ¡La reforma jubilatoria es una ESTAFA! (*) Colectivo de trabajadores docentes independientes
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