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Fecha: 06/04/2026 06:59
Marito Agustín Salto tenía 11 años y vivía en Quimilí, 210 km al sudeste de la ciudad de Santiago del Estero. El 31 de mayo de 2016, salió en bicicleta hacia una represa con su caña de pescar y no volvió más. Fue abusado y estrangulado. Su cadáver se encontró 40 horas después, desmembrado. La Justicia nunca dio con el autor material del brutal crimen, pero determinó que el chiquito había sido sacrificado por un grupo para rendirle culto a San la Muerte, y condenó a siete personas por distintos roles en la supuesta ceremonia. Dos de ellas, a prisión perpetua. Ese veredicto conformó a la opinión pública, pero es un verdadero tabú en el poder judicial santiagueño, porque se basó en el trabajo de un perito que ya fue descubierto plantando pruebas en otras cuatro causas. Días después del crimen cayeron presos distintos lugareños, en función del olfato policial y de las vibras de una vidente cordobesa convocada al pueblo. Primero se especuló con que a Marito lo habían violado dos hermanos. Después se dijo que otro vecino lo había secuestrado en un auto. Pero el ADN de esos sospechosos no coincidía con los restos biológicos que presentaban las uñas y los genitales de la pequeña víctima. Y cuando se hicieron ADN masivos a miles de hombres de Quimilí y alrededores, tampoco apareció el culpable. La investigación se empantanó y los reclamos de justicia se multiplicaron: la familia de Marito llegó a hacer más de 200 marchas. Un año y medio después del crimen, en 2017, se contactó los padres de Marito un instructor de canes de la Policía de Río Negro, Marcos Herrero, que no tenía formación en odorología forense pero vendía un método propio para encontrar víctimas o culpables a través del olfato canino, sin importar el paso del tiempo. Se presentaba como perito de parte en distintas causas, en nombre de las familias, por todo el país. Herrero tuvo acceso pleno al expediente Marito y empezó a actuar. Según sus palabras, reactivó una prenda de vestir del chiquito aplicándole calor, hizo una toma de olor y se dejó guiar por sus perros Duke y Alcón hacia distintos domicilios de Quimilí. Pocos días después anunció una teoría para el crimen y un racimo de culpables. El caso dio un giro inmediato, con gran repercusión mediática. Uno de sus procedimientos fue en la casa de Miguel Ángel Jiménez, un comerciante y encargado de campos. Herrero salió de ahí con un papelito, que dijo que había encontrado en la mesa de luz del hombre, y que tenía estas anotaciones: El pacto fue sellado con su sangre. Ya tengo su virilidad, su juventud, su fortaleza. Dame lo que pido. Todos tienen su parte. Sequeira. En el fondo de esta casa, dijo encontrar un altar de San la Muerte, y Jiménez quedó apuntado como líder de una secta satánica criminal. Los mensajes esotéricos se repitieron. El perito canino aportó un segundo papelito que decía: Sacrificio de Marito. Control de la vida. Y otro que tenía el dibujo de un niño ahorcado a un árbol y con el número 666. Con estos elementos, la Justicia procesó a una larga lista de quimileños. La comunidad hacía colectas para pagar los abogados de todos los que iban cayendo al paso de los perros. Muchos de ellos habían sido acusados al principio, sin pruebas, y figuraban en la causa, que Herrero leía. Por ejemplo Rodolfo Adrián Sequeira. En su casa, el perito canino dijo haber encontrado una gomera de Marito. Esto convirtió a Rody Sequeira, un hombre que hacía changas de albañilería, jardinería o mantenimiento, en el presunto secuestrador y entregador del chiquito para un ritual. Nadie explicaba por qué la gomera aparecía después de muchos allanamientos oficiales en la misma casa. Ni cómo la relación entre el supuesto olor y el paso del tiempo; entre el olor y los papelitos; entre el altar y el crimen. En diciembre de 2017, la jueza Rosa Falco y la fiscal Olga Gay de Castellanos anunciaron: Gracias a Dios está todo resuelto, está cerrado el círculo: autores intelectuales, autores materiales. Hemos encontrado muchísimas evidencias, Marito ha sido víctima de un crimen ritual, se puede afirmar. Acto seguido, el Tribunal Superior de Justicia de Santiago le otorgó una distinción a Herrero, Duke y Alcón por su aporte decisivo para esta investigación y para otra que le asignaron estando en la provincia: el femicidio de la empresaria Estela López de Auad. El juicio por Marito fue en 2022. Un tribunal (Alfredo Pérez Gallardo, Luis Domínguez y Daniela Campos Nittingery) fijó la teoría de que fue asesinado en un ritual satánico. A Jiménez lo condenaron a prisión perpetua como el autor intelectual (de secuestro, violación y homicidio, calificado por alevosía, saña y el concurso premeditado de dos o más personas). A Sequeira, como partícipe necesario de esos delitos, también con perpetua. Y a otros cinco quimileños, por otros roles, con penas menores. El pilar de las condenas son los aportes de Herrero y algunos testimonios. Denuncias de tortura Varios testigos relataron haber sido violentados en dependencias policiales para obligarlos a decir ciertas cosas. Esto salió a la luz en pleno juicio oral. Un hombre de iniciales J.M.L., que en la instrucción había declarado ver que Sequeira metía a un niño en un auto negro con vidrios polarizados, dijo que lo habían forzado a decir eso: -¿Usted ha dicho eso ante la jueza? -Sí -¿Y eso es verdad? -No. Yo había dicho eso porque es lo que me obligaban los policías a decir -¿Cuándo ha dicho la verdad? -Lo que estoy diciendo ahora. Esa en que lo agarraba y lo metía al auto, que esto y aquello, ésa no es. Varias veces me han llevado a declarar. Me han hecho cambiar la declaración los policías cuando me han agarrao. Otro testigo, M.R., también dejó expuesta la violencia institucional: -¿Usted sabía que con la jueza Falco declaró como testigo de identidad reservada? -No -¿Usted sentía miedo al momento de declarar? -Sí -¿Usted ahora está con miedo? -Sí. Amenazado -¿Quién lo ha amenazado? -Un policía -¿Qué policía? -Don Von Buri. Antes de declarar. Y él me ha dicho que declare así como declaro -¿Pero lo que usted está declarando ahora es lo que usted ha visto? -No. Todo amenazado El Ministerio Público Fiscal no investigó estos presuntos delitos. Por el contrario, la fiscal del juicio, Mariela Bitar de Papa, les promovió causas por falso testimonio, que fueron instruidas en modo exprés por una Unidad de Violencia Institucional. El argumento fue que sus contradicciones afectaban la verdad del hecho. Los testigos fueron condenados, lo que permitió dejar firmes sus versiones viejas, necesarias para la teoría del ritual. Los metieron presos. Se trataba de jornaleros o changarines con estudios primarios, gente que apenas tenía para comer, y que había denunciado a policías de su pueblo con nombre y apellido. Los imputados también denunciaron torturas. Sequeira dijo que en la División de Delitos Comunes de la Policía lo picanearon en los testículos y le pusieron ladrillos calientes en la piel para que se hiciera cargo del crimen. Los Ocaranza, unos hermanos que hacían changas juntando carbón o cuidando caballos, y que terminaron condenados por supuesto encubrimiento, contaron que los tuvieron desnudos y atados con alambre. Otros imputados dijeron haber sido inmovilizados con palos o asfixiados con bolsas de nylon, bolseados, en una comisaría. El presunto plantador serial Antes de este caso, Herrero se ganó la confianza de otras familias desesperadas. Fue a José León Suárez por la desaparición de Araceli Fulles; a Chaco por la desaparición de Maira Benitez; a la Patagonia, por la de Santiago Maldonado. Después fue a Mendoza, a buscar a Viviana Luna, y a Bahía Blanca para investigar el caso de Facundo Astudillo. En todos lados mintió y plantó papelitos, huesos, armas blancas, billeteras, ropa interior. Su cercanía con las familias le permitía acceder a pertenencias de las víctimas, que después aparecían en otro lado. El libro El coleccionista de huesos, del periodista Germán Sasso, dejó expuesto su recorrido serial. Trágicamente, hundió a muchos inocentes, pero un día empezó a tener problemas penales y un nuevo apodo: peritrucho. De hecho, en 2022, entró a la sala del juicio por Marito Salto esposado. Para incomodidad de los acusadores, el testigo estrella, tronco de la imputación, ahora estaba preso. Llegaba desde Mendoza, donde lo habían condenado por desviar otro caso. Pese a esto, el juicio no trastabilló. Para los magistrados santiagueños, lo que hubiera hecho fuera de los límites provinciales no afectaba su labor allí. El abogado Miguel Ángel Torres, defensor de Rody Sequeira, pidió sin éxito que se lo investigara. También denunció que se ocultaban los videos de sus procedimientos (donde se infiere que actuó con cobertura policial) y que en el debate no se valoró a tres testigos que dicen haberlo visto por una ventana plantaba la gomera en un ropero. Hace un año y medio, Torres presentó un recurso para que un tribunal de alzada de la provincia revise las condenas. Mientras tanto, todas las investigaciones que tocó el peritrucho se desmoronaron y las causas contra él avanzaron. Un demoledor fallo de la Cámara Federal de Casación Penal acaba de confirmar su condena por falso testimonio en el caso Facundo Astudillo, donde su trabajo fue burdo y grotesco, según los jueces Carlos Alberto Mahiques, Juan Carlos Geminiani y Diego Barroetaveña. Trabajó para fabricar una falsa desaparición forzada, y tuvo varios cómplices. Entre ellos estaría la médica legista de La Plata Virginia Creimer, que la semana pasada declaró como imputada ante el juez federal Walter López Da Silva luego de una investigación de los fiscales federales de Bahía Blanca Gabriel González Da Silva y Santiago Ulpiano Martínez por su rol en esta historia. En la justicia ordinaria de la provincia de Buenos Aires, gracias a un trabajo de la ONG Innocence Project Argentina, que preside Manuel Garrido, el Tribunal de Casación Penal absolvió a tres hombres que habían sido condenados por el femicidio de Araceli Fulles en base a maniobras pergeñadas por Herrero que el departamento judicial San Martín no detectó. Los jueces Daniel Carral, Víctor Violini y Ricardo Maidana resaltaron el prontuario de este perito que permeó a la Justicia al margen de la ciencia y de la verdad. Sus últimas víctimas están en una cárcel de Santiago del Estero. Me mataron en vida al inventarme esta causa, dice Sequeira desde el penal N°4. Desde que empezó el caso, lleva casi diez años preso. Su defensor dice: Si no prospera el recurso que presenté, estos hombres morirán en el penal. Jiménez tiene 67 años y Sequeira, 53. Agrega: Han condenado a inocentes, lo sabe todo Santiago. Este juicio me quitó salud, tuve que luchar contra los propios jueces. El tribunal fue el mejor fiscal. Y el día de la sentencia me vino a apretar un auto, que estaba decomisado en el Poder Judicial y lo usó la Subsecretaría de Seguridad. Esto es Santiago del Estero. El primer juez del caso, Miguel Moreno, tenía otra hipótesis: una venganza narco. En esa línea, un familiar de Marito que era policía había avisado de un camión con drogas, que terminó incautado. Esta teoría salpicaba a funcionarios del Poder Ejecutivo provincial. Aquel juez fue denunciado por esta causa y acusado por otros hechos, y terminó preso. La tesis del ritual satánico borró del mapa la teoría del ajuste de cuentas narco, que no se investigó.
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