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» TN
Fecha: 05/04/2026 05:45
José Antonio Kast, el flamante presidente ultraconservador de Chile que este lunes estará en Buenos Aires para reunirse con Javier Milei, tiene a la migración irregular en la mira. Sus promesas de campaña de expulsar a cientos de miles de inmigrantes sin documentos están latentes. En sus primeras semanas de gobierno, iniciado el 11 de marzo, lanzó un plan en la frontera norte para frenar la entrada de migrantes. No es un muro convencional como el de Trump en la frontera sur con México ni un vallado como el levantado por España en los enclaves africanos de Ceuta y Melilla. Kast eligió como estandarte un método más simple y emparentado con épocas medievales: la excavación de zanjas de tres metros de profundidad para prevenir cualquier intento de entrada ilegal. Se trata del Plan Escudo Fronterizo iniciado por el ejército con palas mecánicas y retroexcavadoras en pleno desierto de Atacama, en inmediaciones del límite con Perú. Pero la iniciativa es más compleja que un simple foso, ya que resulta difícil alinear estas zanjas a lo largo de todo el territorio fronterizo. Las excavaciones estarán presentes en apenas 30 kilómetros. En el resto, habrá aparatos de visión nocturna, con cámaras térmicas e infrarrojas, sensores, cercos, radares y drones en las zonas consideradas vulnerables, así como muros y vallas de cinco metros de altura equipados con sensores de movimiento en pasos ilegales, segun el diario El País de Madrid. El presidente quiere convertir a la frontera norte en una zona inexpugnable. Pero los cuestionamientos no tardaron en llegar. Una trampa mortal en el desierto La venezolana Luna Ramírez Fuentes, directora de la ONG Red de Apoyo Solidario, cuestionó la construcción de estos fosos fronterizos. Es una trampa mortal en el desierto. La zanja no detiene la migración, solo la desvía hacia rutas más letales. Al bloquear los puntos conocidos, se empuja a familias, niños y ancianos a internarse en zonas geográficamente extremas donde el clima y la falta de agua se convierten en verdugos. Es, en la práctica, una condena a muerte por exposición climática en el desierto más árido del mundo, afirmó en diálogo con TN. La activista dijo que la construcción de esta zanja no puede definirse de otra manera que como un monumento a la exclusión y una herida abierta en la dignidad de América Latina. No es una medida de seguridad. Es una infraestructura de segregación que deshumaniza a quienes buscan refugio. Para Ramírez Fuentes, estas obras se realizan a menudo en territorios que son rutas ancestrales de pueblos originarios y corredores biológicos naturales. Destruir el suelo para crear una cicatriz de cemento y tierra es un ataque directo al patrimonio natural y cultural de la zona norte, priorizando una agenda de miedo sobre el respeto a la tierra. En definitiva, la zanja es una medida ineficaz, costosa y profundamente cruel. La verdadera seguridad no se construye cavando hoyos, sino fortaleciendo las instituciones, la cooperación regional y el respeto irrestricto a la vida humana", afirmó. Leé también: Cómo se prepara Chile para enfrentar una ola de violencia escolar: revisión de mochilas y detector de metales Además, alertó: Este obstáculo físico es el mejor ´plan de negocios´ para el crimen organizado. Al hacer el cruce más difícil, los inmigrantes quedan a merced de coyotes y redes de trata de personas que cobran precios exorbitantes y someten a las personas a violencia sexual, secuestros y extorsión, sabiendo que no tienen otra alternativa para sortear la fosa. Waleska Ureta, directora nacional del Servicio Jesuita a Migrantes en Chile, dijo a TN que las políticas que tienen que ver con el control de la frontera provocan que las personas busquen otros lugares por donde cruzar. Estos lugares suelen ser más peligrosos, más complejos para la migración. Eso da pie a que esos espacios de frontera y de pasos no habilitados lo ocupe el crimen organizado y se produzcan vulneraciones de derechos y trata de personas, coincidió. Kast frena la regularización de migrantes y lanza un plan de fiscalización laboral Pero el plan de Kast va mucho más allá de impedir el ingreso irregular de migrantes. También frenó la regularización de 182.000 inmigrantes impulsada por el gobierno de Gabriel Boric. En campaña había primetido expulsar a 337.000 extranjeros sin papeles. No vamos a producir una regularización masiva como se propuso en el gobierno de Boric, dijo el director del Servicio de Migraciones, Frank Sauerbaum. Nos hemos enterado que 6000 personas de las 182.000 ya cometieron un delito, añadió. La mayoría de los migrantes irregulares son venezolanos, que denuncian una creciente xenofobia en el país. Muchos chilenos culpan en especial a esta comunidad por la oleada de violencia y crímenes que afecta al país, en especial por el aumento del narcotráfico. Además, citado por el sitio El Mostrador, Sauerbaum anunció que el organismo que preside comenzará a desplegar fiscalizaciones en lugares de trabajo para verificar el cumplimiento de la normativa migratoria. Muchos empleadores están despidiendo a sus empleados migrantes en condición irregular por temor a ser multados. Es un miedo que está infundando este gobierno. Esto se traduce en alza del desempleo, más precarizacion laboral por parte de migrantes y todo lo que esto conlleva, dijo Ramírez Fuentes. Para Ureta, las políticas migratorias de este gobierno y también de los anteriores no solo ponen en riesgo a las personas migrantes, sino a todas las personas que habitamos el territorio, sean migrantes o nacionales. Leé también: Israel prepara el terreno para una nueva ocupación permanente del sur del Líbano: cuáles son los riesgos No hacer procesos de regularización implica que no sabemos quiénes están en Chile. Tampoco se generan las condiciones necesarias para que las personas ingresen de manera regular al país. Todo esto va generando un escenario muy prolífico para el crimen organizado. Otro riesgo es condenar a personas a la informalidad, impidiendo el acceso al trabajo, vivienda y educación. Esto afecta a los migrantes y a la comunidad receptora, alertó. Ramírez Fuentes dijo además que el gobierno ha establecido un mecanismo de expulsiones constantes, eliminando cualquier posibilidad de nuevos procesos de regularización extraordinaria. El riesgo principal es que miles de personas queden atrapadas en una irregularidad permanente, sin camino legal para formalizar su estancia, lo que las expone a la pérdida de sus pertenencias y a la salida forzosa del país en cualquier momento. Uno de los efectos colaterales más graves es el fortalecimiento de un sentimiento de rechazo en la población local. Al vincular constantemente la migración con la delincuencia en el discurso oficial, se genera un clima de xenofobia generalizada, indicó. La zanja, a su juicio, también alimenta este discurso. La construcción de una barrera física de este tipo actúa como un dispositivo de estigmatización. Envía un mensaje claro a la sociedad chilena: ´el que viene de afuera es un enemigo del cual debemos protegernos con muros y fosas´. Esto no solo alimenta la xenofobia, sino que valida el odio y la violencia social contra quienes ya son vulnerables", concluyó.
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