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Parana » AnalisisDigital
Fecha: 04/04/2026 11:26
Una reciente encuesta nacional sobre salud laboral, con un capÃtulo especÃfico dedicado a Entre RÃos, ha encendido las alarmas en el ámbito judicial de la provincia. José MarÃa Segura, secretario general de la Asociación Judicial de Entre RÃos (AJER), brindó detalles en el programa Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral) de la preocupante realidad que atraviesan los empleados, denunciando una falta de respuestas institucionales adecuadas. A medida que los trabajadores del Poder Judicial se fueron enterando que CDF estaba buscando información sobre la situación de violencia laboral que padecen muchos empleados, en forma anónima se acercaron para contar su historia. Muchos contaron que prefieren no denunciar para evitar traslados, ya que es más fácil correr a un trabajador que a un juez, fiscal, defensor o funcionario. Hay casos de jueces o juezas que han maltratados a defensores oficiales. Están grabadas esas audiencias. Y hay casos de maltrato entre profesionales que se enmascaran en supuestos casos de estrés, contó a CDF un funcionario del Poder Judicial de Entre RÃos. Cifras que alarman El relevamiento realizado por la Federación Judicial Argentina (FJA), sobre una muestra de 328 trabajadores en toda la provincia, arrojó datos que Segura califica como "muy significativos" por el impacto que tienen en las condiciones de vida de los agentes. Según el dirigente, el 35,3% de los encuestados manifestó haber sido objeto de situaciones de acoso, hostigamiento, intimidación o maltrato psicológico en el último año. "Seis personas dijeron que habÃan sufrido acoso sexual en el ámbito del trabajo en el Poder Judicial. Este es un valor altÃsimo por los promedios nacionales, que no llegan al 1%. Es una situación alarmante de la cual tenemos que tomar razón", señaló Segura. El problema no se limita a una jurisdicción especÃfica, sino que se extiende por toda la provincia, incluyendo departamentos como Feliciano, La Paz, Paraná, Diamante, Victoria, Gualeguay y Concepción del Uruguay, con una incidencia particular en los fueros de Familia y Laboral. El Protocolo de Violencia: ¿Protección o "mordaza"? Si bien Entre RÃos fue pionera en implementar un protocolo de intervención en violencia laboral en 2018 (puesto en marcha en 2021), AJER advierte que la herramienta está fallando en su ejecución. Segura apunta a una "reacción corporativa" dentro del Poder Judicial que tiende a proteger a los funcionarios por encima de los trabajadores. "La sensación que tenemos es que está habiendo como una especie de reacción corporativa. Hay una especie de cuidado de los colegas. La mayorÃa de los casos tienen que ver con lo que pasa en cualquier ámbito laboral: de los jefes hacia los empleados, y hemos visto que muchas veces las respuestas no son las adecuadas", explicó el secretario general. Uno de los puntos más crÃticos es la composición de la comisión que trata estas denuncias, donde los trabajadores cuentan con un solo representante frente a cinco del sector empleador y la magistratura. Ante esto, AJER reclama una integración paritaria. "Planteamos la necesidad de hacer una revisión del protocolo de tal manera que haya una integración paritaria; que la cantidad de representantes de los trabajadores y del empleador sea igual", afirmó. Además, Segura denunció que la obligación de reserva de las actuaciones se está malinterpretando. "Esa obligación de reserva protege a las vÃctimas, no puede proteger al victimario. Si alguien cree que la obligación de reserva puede ser un elemento para hacernos callar, queremos ser claros en que está destinada a la vÃctima", sentenció. Casos que marcaron precedentes negativos El informe detalla situaciones concretas donde las sanciones fueron consideradas insuficientes o los dictámenes polémicos. El caso del Ardoy: en Concepción del Uruguay, un juez fue denunciado por acoso sexual y laboral con pruebas certificadas. La respuesta institucional fue una suspensión temporal y un curso de la Ley Micaela. "Fue una respuesta que no estuvo a la altura de un hecho tan grave. Al juez se le aplicó una sanción más simbólica que otra cosa", cuestionó Segura. Maltrato en Paraná Un hecho reciente involucró gritos y denigración hacia un empleado frente a terceros. Sin embargo, el equipo técnico consideró que no hubo violencia, justificando el hecho por el "estrés y la cantidad de trabajo". "Ninguna justificación puede permitir que un jefe se dirija de esa manera a un empleado. El mensaje es muy grave: si a una persona que ejerce esa forma de violencia se le dice que no pasó nada, el mensaje para el resto es que pueden hacer lo mismo", advirtió el dirigente. Equipos técnicos bajo presión Otro eje de preocupación es la falta de independencia de los equipos interdisciplinarios que evalúan las denuncias. Según Segura, cerca de la mitad de estos profesionales son interinos, lo que genera inestabilidad y temor a la hora de elaborar informes contra superiores. "Tienen una inestabilidad laboral que muchas veces les genera temor a la hora de hacer un informe en relación a un hecho de violencia laboral. Además, no tienen especialización en la temática. Hemos pedido que se contrate a un equipo interdisciplinario externo al Poder Judicial que no tenga relación de dependencia con quien tiene que entrevistar", detalló. La presión de la digitalización Finalmente, el informe vincula el aumento de la tensión laboral con la digitalización y la falta de personal. Con una planta de casi 2.000 empleados que apenas ha crecido en una década, la posibilidad de presentar escritos electrónicos a cualquier hora ha multiplicado la intensidad del trabajo "Se ha aumentado la cantidad y la intensidad de trabajo. Es como si fuera una lÃnea de producción: si te ponen más rápida la velocidad, la única forma es que pongamos más gente", comparó Segura, quien reclama una limitación horaria para el sistema electrónico para mitigar este impacto en la salud de los trabajadores.
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