03/04/2026 23:13
03/04/2026 23:11
03/04/2026 23:11
03/04/2026 23:11
03/04/2026 23:11
03/04/2026 23:11
03/04/2026 23:11
03/04/2026 23:11
03/04/2026 23:11
03/04/2026 23:11
Parana » AnalisisDigital
Fecha: 03/04/2026 21:16
Avión bombardero Canberra. A 44 años de Malvinas, la provincia tiene 432 veteranos reconocidos y 34 caídos en combate. Pero hay otros soldados entrerrianos que armaron las bombas que hundieron buques ingleses desde la Base Trelew y que, por una maniobra política de 1988, nunca cobraron un peso de pensión. Es una de las deudas que tiene la historia reciente. El 2 de abril de 1982 miles de jóvenes argentinos fueron empujados hacia el sur por una dictadura en retirada. Entre ellos, cientos de entrerrianos. Algunos terminaron en las islas. Otros llegaron hasta las bases aéreas de la Patagonia y desde ahí, en silencio y con el frío pegado a los huesos, sostuvieron la única apuesta ofensiva que tuvo la Argentina en esa guerra: la aviación. Cuatro décadas y pico después, los primeros tienen pensión. Los segundos, no. Esa diferencia, que parece un detalle administrativo, es en realidad una herida abierta que ningún gobierno nacional terminó de cerrar y que en Entre Ríos tampoco nadie se animó a tocar. El último dato oficial disponible sobre excombatientes entrerrianos data del 2 de abril de 2022, cuando el entonces gobernador Gustavo Bordet promulgó la ley que aumentó las pensiones provinciales y creó el Registro Provincial de Veteranos de Guerra. En ese acto, el presidente de la Federación de Excombatientes de Malvinas de Entre Ríos, Ramón Jesús de León, precisó que 432 veteranos de la provincia serían alcanzados por la mejora. Ese número corresponde a los que están vivos y reconocidos como tales. El saldo en combate fue de 34 soldados entrerrianos muertos durante el conflicto, una proporción que ubica a la provincia entre las de mayor densidad de caídos relativos: 2,5 por cada 100.000 habitantes según los datos del Ministerio de Defensa procesados por Infobae, empatada con Salta, detrás de Corrientes (3,2) y Chaco (2,7), y apenas por encima de La Rioja (2,4). El número total de entrerrianos que fueron al conflicto nunca fue publicado de manera consolidada. Si se suman los 432 vivos en 2022, los 34 muertos en combate y una estimación conservadora de fallecidos en la posguerra suicidios, enfermedades asociadas al trauma, muertes naturales en estos 44 años, la cifra de quienes partieron desde Entre Ríos rondó probablemente entre 550 y 650. Tampoco hay un registro público actualizado de fallecidos en posguerra desagregado por provincia. A nivel nacional, ese número llegó a 1.877 según datos del Ministerio de Defensa, superando a los 649 caídos en el teatro de operaciones, en gran parte por suicidios vinculados al estrés postraumático y al abandono institucional que sufrieron durante décadas. Las pensiones: dos cajas, una deuda Los veteranos entrerrianos reconocidos perciben, en teoría, dos pensiones simultáneas: una nacional y una provincial. La nacional, instrumentada a través de ANSES bajo la Ley 23.848, equivale a tres haberes jubilatorios mínimos del sistema previsional nacional. A mayo de 2025 ese monto rondaba los $837.000 pesos mensuales, ajustable por movilidad previsional. A nivel país, más de 22.000 personas reciben esa pensión vitalicia según datos del tercer trimestre de 2025. La provincial, actualizada por la Ley 9.704 promulgada en 2022 la misma que creó el Registro Provincial en el primer gobierno de Jorge Busti, en 1988, fijó el monto en el equivalente a cinco haberes mínimos previsionales provinciales. Antes de esa actualización, la pensión era de tres haberes mínimos, y los veteranos venían reclamando el aumento desde hacía años. La normativa también incorporó honores póstumos: cuando fallece un veterano, la Policía organiza el protocolo y una bandera nacional es colocada sobre el féretro antes de ser entregada a la familia. Además de las pensiones, existen beneficios en jubilación anticipada desde los 53 años, cobertura de salud y acceso a programas de vivienda, aunque su implementación efectiva ha sido históricamente irregular. Los olvidados de Trelew Marcelo Álvarez tenía 19 años cuando lo convocaron al Servicio Militar Obligatorio el 4 de enero de 1982. Oriundo de la ciudad de Santa Fe -como era buena parte de los soldados de esa clase 63- lo destinaron a la Segunda Brigada Aérea, con asiento en la ciudad de Paraná. Casi tres meses después, el 2 de abril, la dictadura desembarcó en las islas y su vida cambió para siempre. "Yo estaba en la Segunda Brigada Aérea de la ciudad de Paraná donde estaban los aviones bombarderos Canberra que fueron movilizados a una base aérea de Trelew. Al principio hubo un movimiento grande de soldados, personal civil y militar para ocupar esa base", relató Álvarez cuatro décadas después, al diario El Litoral de Santa Fe. "Estimo que no tiene que haber sido menor que yo haya sido técnico, al igual que mis compañeros. Todos éramos técnicos, recién egresados de la escuela secundaria. Nos eligieron". Para qué los eligieron quedó claro rápido: para armar bombas. Artefactos de 500 kilos "como 10 bolsas de portland", describió Álvarez que cargaban en los aviones Canberra del Escuadrón Mk.62, la unidad bombardera que operó desde la Base Aérea Militar Trelew durante todo el conflicto. Esas bombas, montadas por conscriptos en su mayoría adolescentes, fueron las que hundieron fragatas y destructores de la Task Force británica. Varios de esos aviones de combate también cayeron en el conflicto, donde también hubo pilotos fallecidos en combate. El trabajo era continuo, peligroso y sin horario. "Eran bombas que pesaban 1.000 libras, 500 kilos. Para levantarlas había que hacerlo con maquinaria. Armábamos según el requerimiento que había en el día, pero era muy continuo, de día, de noche, con lluvia... frío, siempre. No había horario", describió. El riesgo no era abstracto: "Un día, cuando ya estaba terminando la guerra, había una misión y tuvimos que colocar las bombas en el avión en el hangar. Estábamos armando y caen las dos bombas de los planos; hubo un error y las eyectó. Hubo un momento de silencio y todos seguimos con nuestra tarea como si no hubiese pasado nada". Los Canberra de Trelew realizaron el último ataque aéreo del conflicto. El 13 de junio de 1982 un día antes de la rendición, un B-108 fue derribado por un misil del destructor HMS Exeter. El piloto logró eyectarse; el navegante Casado, no. Murió con el avión. La orden al finalizar la guerra fue también parte del trauma: "De lo que sucedió acá, no tienen que contar nada", recuerda que les dijeron los superiores. Álvarez cumplió. No habló durante diez años. Ni con su familia. Lo que sucedió después con el reconocimiento legal de estos soldados es uno de los episodios más oscuros de la posguerra argentina, y tiene fecha exacta. En 1984, el gobierno de Alfonsín promulgó la Ley 23.109, que otorgaba beneficios a todos los exsoldados conscriptos que habían participado en las acciones bélicas desarrolladas en el Atlántico Sur entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982. En esa primera versión, todos estaban incluidos: los de las islas, los del mar y los del continente. Cuatro años después, todo cambió. En abril de 1988, en medio del alzamiento carapintada, el gobierno de Alfonsín negoció con los militares sublevados y acordó declararlos veteranos de guerra. El problema era el costo: si se extendía la pensión a todos los que habían participado del conflicto, el Estado debería incorporar a miles de personas más. La solución fue un decreto reglamentario, el 509/88, firmado el 26 de abril de ese año. Ese decreto redefinió quién era veterano de guerra usando una delimitación geográfica: solo contaban quienes habían estado en el Teatro de Operaciones Malvinas (TOM) o en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS). El TOAS abarcaba la plataforma continental, las islas y el espacio aéreo correspondiente. Quedaban fuera los soldados del Teatro de Operaciones Sur (TOS), que era la Patagonia al sur del paralelo 42, donde estaban las seis bases aéreas desde las que operaban los aviones entre ellas, Trelew. La paradoja es brutal: los pilotos que despegaban de esas bases cruzaban al TOAS cada vez que entraban en combate y cobraron pensión. Los mecánicos y armeros que preparaban los aviones, cargaban las bombas y garantizaban que los aviones pudieran volar y pelear, quedaron del otro lado de la línea. "Los pilotos que operaron desde las bases patagónicas ingresaron varias veces y salieron del teatro de operaciones; en cambio, los mecánicos que cargaron el combustible y prepararon las bombas desde el continente, no", reconocieron fuentes militares citadas por La Nación. "Estimo que hubo un plan bien orquestado para dejarnos sin el honor y fuera de la ley pensionaria. A nosotros la Fuerza Aérea y el Congreso de la Nación nos declaró Veteranos de Guerra de Malvinas, pero no estamos abarcados por la ley de pensión ni de servicios sociales, vivienda, salud y trabajo", denunció Álvarez, el ex conscripto de la Segunda Brigada de Paraná. Datos preocupantes El problema no es exclusivo de Entre Ríos ni de la Fuerza Aérea. Se calcula que cerca de 9.000 exsoldados conscriptos que prestaron servicios en las bases patagónicas entre abril y junio de 1982 nunca fueron reconocidos como veteranos de guerra a los efectos de la pensión. Pertenecían al Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Desde 2008 hasta 2018, un grupo de ellos mantuvo un acampe permanente frente a la Casa Rosada bajo el nombre Campamento TOAS Plaza de Mayo. No lograron la ley que pedían. La justicia sí les dio la razón en casos individuales. La Corte Suprema reconoció en el fallo "Carmelo Gerez" la condición de veterano de guerra a un suboficial que estuvo en las bases de Puerto Belgrano y Río Grande sin llegar a las islas, argumentando que estuvo expuesto a situaciones de riesgo. Otros fallos similares se dictaron en Catamarca, San Juan, Tucumán, Bahía Blanca y Mar del Plata. Pero ninguno de esos precedentes judiciales se tradujo en una ley que reconociera al colectivo de manera sistémica.
Ver noticia original
.gif)
Examedia © 2024
Desarrollado por