03/04/2026 12:46
03/04/2026 12:46
03/04/2026 12:46
03/04/2026 12:46
03/04/2026 12:46
03/04/2026 12:46
03/04/2026 12:46
03/04/2026 12:46
03/04/2026 12:46
03/04/2026 12:46
Concepcion del Uruguay » La Calle
Fecha: 03/04/2026 10:53
El gobernador Rogelio Frigerio reunió a legisladores para buscar consensos sobre una reforma jubilatoria que, bajo el argumento de la «sostenibilidad» de la Caja, pretende recortar derechos adquiridos de los trabajadores entrerrianos. El PJ destacó la convocatoria al diálogo, pero cualquier reforma que no garantice la movilidad por salarios y que traslade el ajuste a los sectores pasivos es inaceptable. Frigerio advirtió que el déficit de la Caja supera los $400.000 millones anuales y que la relación activo/pasivo es de 1,8 a 1, y que seguirá deteriorándose. Sin embargo, la solución no puede ser siempre la misma: que paguen los jubilados. La reforma previsional que se avecina es un ajuste encubierto, una continuidad de la motosierra nacional que ya licuó las jubilaciones en todo el país. Frigerio promete que no afectará a los actuales beneficiarios ni a quienes están por jubilarse «intempestivamente», pero la historia demuestra que todas las reformas previsionales en Argentina terminaron recortando haberes, aumentando la edad de jubilación o los años de aporte. La «gradualidad» es una trampa. El gobernador insiste en que el diagnóstico es compartido, pero la solución no puede ser única: o se ajusta a los trabajadores o se profundiza el déficit. Hay otras alternativas: mejorar la recaudación, luchar contra la evasión previsional, reasignar partidas presupuestarias, o incluso discutir un aporte solidario de los sectores de mayores ingresos. Pero ninguna de esas opciones aparece en la mesa de diálogo. Frigerio, al igual que Milei a nivel nacional, busca que los jubilados paguen el costo del desequilibrio fiscal, mientras los empresarios y las grandes fortunas siguen exentas. El peronismo, representado por Stratta y Bahillo, valora el diálogo, pero debe poner condiciones claras: no a cualquier reforma que vulnere el principio de movilidad por salarios, no a la pérdida del poder adquisitivo de los haberes, no a la extensión de la edad jubilatoria. Si la reforma implica que los trabajadores aporten más y cobren menos, no es una reforma, es un castigo. La Caja previsional de Entre Ríos es un derecho, no un negocio. La «responsabilidad política» no puede estar reñida con la defensa de los intereses de los trabajadores. Frigerio debe mostrar los números reales, el impacto en cada categoría de jubilados, y garantizar que cualquier cambio sea por ley y con amplio consenso, no con mayorías automáticas. Por eso, el pueblo debe oponerse a una reforma que, en nombre de la sostenibilidad, profundice la injusticia intergeneracional. Los jubilados no son el ajuste de nadie. El gobierno provincial tiene la obligación de financiar la Caja con recursos genuinos, no de transferirle el déficit a los que ya dieron todo. El diálogo es bienvenido, pero no para sellar un ajuste, sino para construir un sistema previsional justo y solidario. De lo contrario, la reforma de Frigerio será otro capítulo de la ofensiva contra los trabajadores, esta vez en la provincia.
Ver noticia original
.gif)
Examedia © 2024
Desarrollado por