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Fecha: 03/04/2026 08:15
Esta medida fue ordenada por la jueza de Garantías Susana Firpo y ejecutada por personal de la Comisaría 12º, con intervención de la División Criminalística de la Policía y la colaboración técnica de la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos. La actuación judicial se originó tras una resolución de la camarista Gabriela Mastaglia, quien puso en conocimiento del Ministerio Público Fiscal una denuncia vinculada a movimientos de residuos hacia un predio cercano al lugar donde funcionaba la chatarrería. En este contexto, la reciente denuncia que dio origen a la intervención judicial advierte sobre un posible desplazamiento de los materiales hacia otro predio cercano, lo que motivó la actuación de la justicia y de organismos de control. Denuncia y actuación oficial Ante la consulta de El Entre Ríos, el director general de Ambiente y Cambio Climático, Maximiliano Gómez, explicó que la presencia en el lugar de funcionarios y agentes de la Secretaría de Ambiente fue requerida por la fiscal interviniente, ante la necesidad de poder identificar de forma cabal y correcta los distintos tipos de residuos encontrados en el predio.A raíz de la última resolución que sacó la jueza Mastaglia, donde puso en conocimiento al Ministerio Público Fiscal de la situación denunciada por un vecino de apellido Báez, en relación a que se estarían trasladando distintos tipos de residuos en camiones a otro predio en una zona cercana, se abrió una investigación, indicó. El funcionario provincial precisó que la denuncia motivó también actuaciones administrativas e inspecciones previas en este nuevo lugar, realizadas de forma conjunta entre la Provincia y la Municipalidad de Paraná. Al constatar en el lugar -Churruarín y Circunvalación, donde hay varios galpones en actividad, entre ellos de empresa Andreani- que detrás había una zona ocupada por distintos tipos de residuos, incluyendo residuos peligrosos, se abrió la instancia administrativa correspondiente y se puso en conocimiento al juzgado, detalló. A partir de esos elementos, la Fiscalía dispuso la apertura de un legajo investigativo que derivó en la orden de allanamiento concretada este jueves. El Ministerio Público Fiscal dispuso la apertura de un legajo con una investigación que motivó una orden de allanamiento dictada en el día de hoy por la jueza Firpo, donde estableció que personal policial y de Criminalística se hiciera presente en el lugar, solicitando la colaboración técnica de la Secretaría de Ambiente para constatar la presencia de determinados tipos de residuos, agregó Gómez. El procedimiento se desarrolló en horas de la tarde, con el propósito de verificar la existencia de materiales potencialmente contaminantes y relevar las condiciones del predio. La investigación continúa en curso y no se descartan nuevas medidas en función de los resultados obtenidos durante el allanamiento. El allanamiento El Entre Ríos tuvo acceso al documento judicial que autorizó el allanamiento y registro domiciliario del predio, propiedad de la firma RDT SA y vinculado a Diego Todoni, donde se identificaron distintos sectores de interés: galpones, espacios abiertos y áreas donde se observaban semirremolques con chatarra.La orden incluyó la constatación de residuos tales como bidones presuntamente utilizados para fitosanitarios, envases de lubricantes y pinturas, tambores con aceites e insumos químicos, contenedores con sustancias corrosivas y tanques de combustibles en desuso, entre otros elementos. Asimismo, se dispuso la realización de registros fotográficos y planimétricos, en el marco de la investigación que busca determinar posibles infracciones ambientales y eventuales responsabilidades. El procedimiento se inscribe en un conflicto de larga data vinculado a la chatarrería Todoni, sobre la cual pesan resoluciones judiciales que ordenaron su clausura y el traslado de los residuos acumulados, en el marco de un amparo ambiental promovido por vecinos. Cabe recordar que la familia Todoni tiene dos procedimientos penales más abiertos, vinculados con el predio de la histórica chatarrería que fuese explotada bajo la figura comercial de Las 3E SRL, uno en la Justicia Federal por presuntas infracciones relacionadas con residuos peligrosos y otra en la provincial, por desobediencia reiterada y contaminación. Esta última es llevada adelante por el fiscal Giunta, en la cual también se esperan novedades en las próximas semanas.
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