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Buenos Aires » Infobae
Fecha: 03/04/2026 01:26
En agosto de 2023, más de dos décadas después de la desaparición de su hija, Susana Trimarco volvió a sacudir una causa que parecía haberlo dicho todo. Denunció la posible existencia de una carpeta con fotografías del cuerpo de Marita Verón en una morgue de Tucumán. La pista, ligada a presuntas extorsiones en ámbitos sindicales, reabrió interrogantes hasta ahora nunca resueltos. El sindicato apuntado fue el de Luz y Fuerza junto a otras entidades gremiales de la provincia que podrían haber estado detrás del ocultamiento del cadáver. En ese momento, un afiliado reveló que dirigentes de dicho sindicato tenían en su poder la carpeta con imágenes de Marita Verón muerta en la sede del gremio y su posterior traslado al sanatorio Luz Médica en 2002. Eso dio lugar a que se investigara si el sindicalista Julio Luna (exsecretario general de Luz y Fuerza en Tucumán) pudo haber ocultado el cuerpo en la morgue de esa clínica. Aunque Luna murió en 2020, la investigación continuó para verificar la conexión entre el sindicato, el centro médico y la red de trata. La sorpresiva pista sindical En septiembre de 2023, el Juzgado Federal N° 1 de Tucumán dictó el procesamiento con prisión preventiva de dos dirigentes gremiales por encubrimiento al ocultar la existencia de las imágenes. Los allanamientos realizados no permitieron encontrar la carpeta física, pero la investigación siguió abierta para confirmar el destino final del cadáver. Todas estas idas y vueltas sumaron aún más confusión a la desaparición de Marita. Para entonces, el expediente ya había atravesado absoluciones escandalosas, condenas posteriores, hipótesis internacionales, rescates de víctimas y reconstrucciones parciales de un circuito de explotación. Sin embargo, lo esencial seguía ausente: el paradero de la joven. La historia judicial del caso es tan extensa como irregular. En 2012, diez años después del secuestro, el proceso oral contra trece acusados terminó con la absolución de todos los imputados. El fallo generó indignación pública y puso en cuestión el funcionamiento de la Justicia en Tucumán. Meses más tarde, la Corte Suprema provincial revirtió parcialmente esa decisión y dictó condenas para diez de ellos, aunque absolvió a los hermanos María Jesús y Víctor Rivero, señalados en la investigación como piezas centrales. Recién en 2017, esas condenas quedaron firmes y se ordenaron las detenciones. Para entonces, el daño ya estaba hecho: el caso se había transformado en símbolo de impunidad, pero también en emblema de lucha contra la trata de personas. La búsqueda de Susana Trimarco Detrás de ese recorrido judicial aparece una figura imposible de disociar del caso: Susana Trimarco. Su intervención no fue solo la de una madre que reclama justicia. Fue, en muchos momentos, la principal investigadora de una trama que involucraba prostíbulos, redes criminales y complicidades. Me vestí como ellas, entré a whiskerías, hablé con travestis en la ruta, contó en más de una oportunidad. No fue una metáfora. Se infiltró en el mundo de la prostitución para obtener información, asumió riesgos constantes y enfrentó amenazas directas. Voy a hacer cualquier cosa para encontrar a mi hija, sostuvo desde el inicio. Esa determinación comenzó a tomar forma a partir de los primeros indicios que surgieron tras la desaparición. El 3 de abril de 2002, Marita había salido de su casa en San Miguel de Tucumán para asistir a la maternidad Nuestra Señora de las Mercedes. Tenía 23 años y una hija pequeña, Sol Micaela, de tres. Nunca llegó a destino. La reacción inicial de la policía fue, según denunció su familia, de desinterés. Le sugirieron esperar, insinuaron que podía haberse ido por voluntad propia. Incluso alegaron falta de recursos para tomar la denuncia. La insistencia de su madre fue clave para activar una búsqueda que, en los hechos, comenzó impulsada por la propia familia. Cómo fue el secuestro de Marita Verón El primer dato concreto llegó al día siguiente. Un hombre aseguró haber presenciado el secuestro: la joven fue obligada a subir a un Fiat Duna rojo con vidrios polarizados, perteneciente a la remisería Cinco Estrellas, vinculada a la familia Alé, un apellido con peso en Tucumán. A partir de allí, la investigación empezó a revelar un patrón. Una mujer que ejercía la prostitución se acercó a Daniel Verón, padre de la joven, y relató haber sido secuestrada bajo la misma modalidad. También aportó un destino posible: La Rioja. Las pistas llevaron rápidamente hacia esa provincia. En el expediente comenzaron a aparecer nombres de prostíbulos como Candy, Candilejas y El Desafío, calificados luego por la Cámara de Apelaciones como lugares donde funcionaba un sistema organizado de captación y explotación de mujeres, incluso mediante privación de la libertad. Los testimonios coincidían en un punto: Marita había sido trasladada de un lugar a otro, una práctica habitual en redes de trata para evitar su localización. Una de las mujeres rescatadas, Blanca Vides, aseguró haberla visto en 2003 en El Desafío. Según su relato, Marita ayudó a otras jóvenes a escapar y envió una carta a su madre. Ese intento de fuga habría terminado en tragedia. El camión en el que viajaban fue interceptado por la policía en un control caminero. Las mujeres, sin documentos y en ropa interior, fueron obligadas a descender y devueltas a sus captores. Blanca logró salvarse al permanecer oculta. Otra joven fue asesinada de un disparo en la cabeza. Marita, según ese testimonio, fue brutalmente golpeada. El circuito no se detenía en La Rioja. La investigación posterior permitió reconstruir posibles traslados hacia Córdoba, Santa Fe y Río Gallegos. En 2004, surgió una línea internacional: Marita habría sido llevada a España. Interpol realizó allanamientos y rescató a 15 mujeres latinoamericanas, pero no logró ubicarla. La investigación sobre trata de personas En paralelo, comenzaron a surgir nombres propios. Los hermanos Rubén y Ángel Alé, conocidos como La Chancha y El Mono, aparecieron vinculados a la remisería señalada en el secuestro. También fueron mencionados en el contexto de redes de explotación en el norte argentino. Sin embargo, nunca llegaron a ser juzgados en este expediente. En el juicio de 2012, la acusación sostuvo que el secuestro fue ejecutado por Víctor Rivero por orden de su hermana María Jesús, y que luego Marita fue trasladada a prostíbulos administrados por Irma Lidia Medina y sus hijos. La estructura descripta coincidía con los testimonios recolectados durante años. Pero la resolución inicial fue absolutoria. Recién con la intervención de la Corte Suprema provincial se modificó el escenario: los hermanos José y Gonzalo Gómez recibieron 22 años de prisión; Daniela Milhein y Andrés González, 18; Carlos Luna y Domingo Andrada, 17; María Márquez, 15; Humberto Derobertis, 12; y Mariana Bustos y Cynthia Gaitán, 10. A pesar de esas condenas, la sensación de injusticia persistió. El expediente logró demostrar la existencia de una red de explotación, pero no pudo establecer con certeza el destino final de la víctima. Así, a lo largo de los años, surgieron múltiples versiones. Una de ellas indicaba que Marita había sido vista en La Ramada, a 37 kilómetros de la ciudad de Tucumán, localidad del departamento Burruyacú ubicada sobre la Ruta Provincial 304, pocos días después del secuestro. Allí habría sido trasladada a una comisaría y luego enviada hacia la terminal de ómnibus, aunque nunca llegó a destino. Otra hipótesis planteó su participación forzada en una fiesta sexual antes de ser vendida. También hubo testimonios que detallaron transacciones concretas: una joven afirmó que Marita fue vendida por 2500 pesos a una whiskería en La Rioja tras permanecer dos días retenida en la casa de un proxeneta. Cada dato aportaba una pieza, pero nunca el cuadro completo. En ese contexto, la figura de Susana Trimarco se consolidó como un símbolo. No solo por su persistencia, sino por su convicción. Yo sé que Marita está viva, repitió siempre. Para ella, la búsqueda no es una causa cerrada ni una historia del pasado, sino una tarea cotidiana. Mientras tanto, la historia sigue generando interés. Existieron negociaciones avanzadas para que una plataforma internacional produjera una miniserie basada en el caso, con la promesa de revelar detalles hasta ahora desconocidos. Pero hasta el momento esa intención no se concretó. Sin embargo, más allá de reconstrucciones audiovisuales o avances judiciales, el núcleo permanece inalterado: una joven desaparecida, una red de explotación expuesta y una madre que no abandona. A 24 años del secuestro, el caso Marita Verón sigue siendo una herida abierta. No solo para su familia, sino para una sociedad que encontró en esa historia un reflejo de sus propias falencias. En esa búsqueda persistente, en ese recorrido por prostíbulos, expedientes y amenazas, hay algo más que una historia individual. Aparece una sensación y evidencia incómoda: la de un sistema que muchas veces llega tarde, o no llega nunca.
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