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Parana » Cuestion Entrerriana
Fecha: 02/04/2026 20:11
Claudio Chiqui Tapia consiguió, al menos por ahora, que las principales causas penales contra la AFA se concentren en el Juzgado Federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay. La definición final sobre la competencia quedará en manos de la Cámara Federal de Casación Penal, que deberá resolver si esos expedientes siguen allí o regresan a la justicia de la Ciudad de Buenos Aires. En ese marco, el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella se inhibió y remitió a Campana parte de su expediente por supuesto fraude con transferencias a empresas fantasma, vinculado a unos 300 millones de dólares cobrados en Estados Unidos. Algo similar había ocurrido la semana pasada con la jueza de instrucción Paula Petazzi, que tramitaba una denuncia análoga de fraude presentada por el agente FIFA Guillermo Tofoni. Petazzi también se declaró incompetente y envió el expediente a Campana, a pedido del propio juez González Charvay. Tofoni ya anticipó que apelará la decisión de Petazzi. Sin embargo, la fiscal de Lomas de Zamora, Cecilia Incardona, se pronunció a favor de que la causa se unifique en Campana. En su dictamen sostuvo: La inhibitoria requerida no sólo obtura la persecución penal múltiple, sino que también favorece a la correcta y más rápida administración de justicia, sin poner en riesgo los demás tramos de la amplia hipótesis delictiva que persigue esta causa, remarcó. Estas dos causas por presunto desvío de unos 300 millones de dólares cobrados por la AFA en Estados Unidos, que involucran al empresario Javier Faroni y a su esposa, se suman al expediente ya radicado en Campana donde se investiga quiénes son los verdaderos dueños de una mansión en Pilar atribuida al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino. Según la hipótesis fiscal, esa quinta, valuada en alrededor de 20 millones de dólares, sería producto de maniobras de lavado de dinero. Se trataría del bien adquirido con fondos provenientes del presunto fraude, actualmente registrado a nombre de supuestos testaferros. La AFA busca que todos sus expedientes penales queden concentrados en el juzgado federal de Campana, donde considera que podría obtener un tratamiento más favorable que en otras jurisdicciones. La apuesta es clara: que el juez González Charvay unifique y conduzca todas las investigaciones. De todos modos, la última palabra la tiene la Cámara Federal de Casación Penal. Los jueces Javier Carbajo, Ángela Ledesma y Mariano Borinsky deberán resolver si la causa que investiga a los verdaderos dueños de la mansión de Pilar, valuada en 20 millones de dólares, tramita en Campana junto al resto de los expedientes, o si debe seguir en la justicia federal porteña o en el fuero penal económico de la Capital Federal. La decisión sobre la competencia será clave, porque arrastrará al resto de las causas contra la AFA y definirá en qué jurisdicción se concentrará el núcleo del escándalo judicial. La resolución de Casación, sin embargo, viene demorándose. Se aplazó una audiencia prevista para esta semana luego de que Elisa Carrió pidiera apartar a la jueza Ledesma. A la vez, los propios denunciados solicitaron postergar la cita alegando la existencia de un recurso extraordinario en trámite. En paralelo, el fiscal ante Casación, Mario Villar, advirtió que la causa iniciada en Campana se abrió mediante un simple mail, sin denuncia formal ni requerimiento fiscal, lo que, según alertó, permite que el acusado elija al juez que lo investiga. Todo este entramado será definido por la Cámara de Casación en un plazo no menor a dos semanas, ya que la actividad judicial se vio resentida por los feriados de Pascuas y Pesaj. En la causa de la quinta de Pilar, Luciano Pantano figura como dueño de la mansión. Se trata de un monotributista que fue presidente de la Asociación de Futsal afiliada a la AFA y dirigente del club Almirante Brown. Pantano aparece, junto a su madre Ana Conte, como titular de la sociedad Real Central SA, propietaria del predio de Villa Rosa, que cuenta con helipuerto, pista ecuestre, pileta, gimnasio y un galpón con 45 autos de colección y de alta gama. Ahora, con las decisiones de Armella y Petazzi, se resolvió acumular en Campana a ese expediente los casos por presunto lavado de activos y uso de sociedades fantasma en el exterior, reforzando la estrategia de concentración de causas. El centro del escándalo, según la hipótesis de los investigadores, radica en un presunto despojo total para la AFA de alrededor de 300 millones de dólares, que habrían sido desviados mediante una compleja estructura societaria. De acuerdo con la teoría que unifica los expedientes, la cúpula directiva encabezada por el presidente de la AFA y su tesorero, Pablo Toviggino, en presunta complicidad con Érica Gabriela Gillette y Javier Horacio Faroni, habría orquestado maniobras de vaciamiento a través de la sociedad estadounidense TourProdEnter LLC. TourProdEnter LLC fue contratada para gestionar en forma exclusiva la comercialización de partidos amistosos, derechos y patrocinios de la Selección Argentina. A cambio, la firma retenía una comisión del 30% que, según la investigación, no tendría justificación alguna y habría funcionado como vehículo para canalizar fondos hacia sociedades fantasma radicadas en el extranjero. De ese modo, siempre según la hipótesis fiscal, los millones de dólares no ingresaban a las cuentas oficiales ni a los balances de la AFA, sino que se desviaban a estructuras opacas fuera del país. El juez Armella justificó el envío de su causa a Campana al considerar que existe una clara relación objetiva y subjetiva entre los hechos investigados en ambos expedientes, lo que habilita la acumulación en una misma jurisdicción. En concreto, ambas causas convergen en el análisis del accionar de TourProdEnter LLC, de Érica Gillette y Javier Faroni, y en el presunto desvío de fondos hacia sociedades fantasma en Florida, Estados Unidos, además de la trazabilidad de los pagos realizados por la AFA. Asimismo, las pesquisas apuntan a determinar la licitud de los pagos de la AFA a la empresa Real Central S.R.L. y el rol de sus directivos, Luciano Pantano y Ana María Conte, en la operatoria bajo sospecha. Armella advirtió que, de continuar con instrucciones paralelas sobre los mismos hechos, se afectaría la garantía constitucional que prohíbe la doble persecución penal y se correría el riesgo de dictar sentencias contradictorias. Tras subrayar que se trata de un criterio de economía procesal y optimización de recursos, el magistrado destacó el antecedente de la jueza Paula Petazzi y el aval de la fiscal Cecilia Incardona, que ya habían allanado el camino para que el expediente se concentre en Campana.
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