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  • Caso Kueider: la jueza Arroyo Salgado envió a juicio oral a los presuntos cómplices del ex senador

    Buenos Aires » Infobae

    Fecha: 02/04/2026 14:51

    La jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, envió a juicio a los presuntos miembros de una asociación ilícita encabezada por el exsenador Edgardo Kueider, quien por ahora quedó excluido del proceso, porque permanece bajo prisión domiciliaria en Paraguay. Allí, el ex senador está a la espera del inicio de otro juicio oral por tentativa de contrabando de divisas. El pedido de extradición que planteó en su momento la justicia argentina fracasó porque los tribunales paraguayos resolvieron que Kueider primero debe completar el proceso en ese país. En la causa radicada en San Isidro, Kueider está imputado por los delitos de enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, tráfico de influencias y lavado de activos. De acuerdo a la investigación, el ex senador utilizó estructuras societarias para adquirir bienes de lujo que no coincidirían con sus ingresos declarados: Podría encontrarse inmerso en una trama de corrupción que le permitió aumentar considerablemente su patrimonio y ocultarlo de manera ilegal. En tanto no regrese al país, Kueider no tendrá la oportunidad legal de defenderse en la indagatoria. Ante esta dificultad, la magistrada optó por extraer testimonio y darle una definición a la situación del resto de los procesados. Fueron enviados a juicio oral José Carlos Nogueras, Ernesto Javier Rubel, Rodolfo Daniel Gonzalez, Adriana Cecilia Crucitta, Gabriela Patricia Saint Pierre y Débora María Ferreyra. Además las personas jurídicas Lectus S.A., Felsir Biotecnología, Vijusa Industrial Argentina, Nopor Service S.A. y Vía Snp Logística. Por sorteo el expediente recayó en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 5 de San Martín, integrado por María Claudia Morgese Martín, Silvina Mayorga y Walter Antonio Venditti. Edgardo Darío Kueider fue senador nacional por la provincia de Entre Ríos hasta que en diciembre del 2024 quedó expulsado de la Cámara Alta como consecuencia de su detención en un control fronterizo en Ciudad del Este, tras ocultar en una mochila 211.102 dólares estadounidenses, 646.000 pesos argentinos y 3.900.000 guaraníes no habían sido declarados. Viajaba con su secretaria Iara Guinsel Costa, quien declaró que el dinero le pertenecía y que provenía de la empresa Golden Sur , a la que representaba para realizar compras de tecnología y perfumes en Paraguay. En ese momento, Arroyo Salgado solicitó la extradición a la Argentina de Kueider luego de obtener la autorización de su desafuero por parte de la Cámara de Senadores de la Nación. Días después, el mismo cuerpo legislativo votó la expulsión de Kueider, con 60 votos afirmativos, 6 negativos y una abstención. La causa en Argentina El caso por presunto lavado de dinero contra Edgardo Kueider puso bajo la lupa una trama de maniobras para dar apariencia legal a sus ingresos de dinero de origen supuestamente ilícito mediante la compra de inmuebles, vehículos y el uso de sociedades comerciales Para lograrlo el ex senador habría utilizado como pantalla a la firma BETAIL S.A., que figura como propietaria de tres departamentos de lujo y dos cocheras en el exclusivo edificio LIVE de la ciudad de Paraná, unidades que salieron a la venta con un valor base de USD 320.000. Las expensas de estos inmuebles, que originalmente aparecían a nombre de la empresa, fueron transferidas a la asistente personal de Kueider, detenida con él en Paraguay, Iara Guinsel Costa. Hasta que Kueider y Costa no comparezcan en los tribunales locales, quienes deberán enfrentar el proceso oral serán los colaboradores de esta presunta asociación ilícita. Se trata del contador José Carlos Nogueras y Gabriela Saint Pierre, vinculados a una red de sociedades que servían como vehículo financiero (Lectus S.A., Felsir Biotecnología, Vijusa Industrial). También están señalados Ernesto Rubel, familiar del exsenador; un empleado de la Biblioteca del Congreso, Rodolfo González; la abogada Adriana Crucitta, y Débora Ferreyra, ligada a las empresas Nopor Service S.A. y Vía SNP Logística.

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