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Parana » APF
Fecha: 01/04/2026 12:23
Avanza la remisión a juicio por la presunta usurpación de un campo en María Grande mediante una estafa procesal El juez de Garantías de Paraná, Julián Vergara, dispuso un nuevo cuarto intermedio en la audiencia de remisión a juicio de la causa que investiga a tres personas que fueron acusadas de los presuntos delitos de Estafa procesal y Usurpación, en relación a las circunstancias que rodearon la apropiación de un campos de 140 hectáreas ubicado en la localidad de María Grande -Distrito María Grande Segunda. Vergara dispuso un nuevo cuarto intermedio para resolver los pedidos de las defensas de los imputados, Carlos Alberto Romero, que es defendió por Boris Cohen, y de Agostina Tropini y Germán Trevia, que son asistidos por Héctor Toloy. Ambas defensas reiteraron los pedidos de sobreseimiento que ya fueron rechazados en audiencias anteriores. Este miércoles, Toloy planteó el sobreseimiento por vulneración de los plazos razonables, en tanto que Cohen lo hizo por atipicidad del delito enrostrado a su asistido. Cohen también solicitó en subsidio que se considere la posibilidad de la salida alternativa mediante la Suspensión del juicio a prueba o Probation, y en el caso de la denegatoria de ambas solicitudes, instó que se le realice a Romero una pericia psicológica y psiquiátrica a realizar por profesionales del Superior Tribunal de Justicia. El fiscal, Eric Zenklusen, solicitó la remisión de la causa a debate oral y público y rechazó los pedidos de sobreseimiento. Igual temperamento adoptaron los querellantes particulares, Miguel Cullen y Patricio Cozzi, que representan los intereses de los herederos del dueño del campo, que falleció en 2024. Adelantó que solicitará para Romero una pena de dos años de cumplimiento condicional, y para la pareja Tropini y Trevia, la de dos años y seis meses de igual cumplimiento. La querella adhirió a aquellos montos. En la audiencia se debatió la incorporación de la evidencia para el futuro posible debate. Las defensas no se opusieron a la incorporación del legajo de ambas acusaciones. Se trata de 28 testigos y 51 evidencias de carácter documental. Las acusaciones sí se opusieron a la incorporación de testigos-vecinos del campo en conflicto, requiriendo la pertinencia de su incorporación. Los imputados Romero, de 50 años, de profesión changarín, con estudios secundarios incompletos, tiene seis hijos, y una hija de 5 años, sin antecedentes penales, está acusado de Estafa procesal; en tanto que Tropini, abogada de Viales, de 51 años, tiene un hijo menor a su cargo, sin antecedentes, y Trevia, de 53 años y de profesión comerciante, sin antecedentes, fueron acusados junto a Romero del presunto delito de Usurpación. Estafa procesal El primer hecho que se trata de dirimir en un debate plenario habría consistido en que el 12 de mayo de 2022 Romero, con patrocinio letrado de Verónica Valdez, interpuso -vía electrónica- una demanda promoviendo la prescripción adquisitiva de dominio sobre un inmueble sito en la localidad de María Grande -Distrito María Grande Segunda- identificado con Partida Provincial... de una superficie de ciento cuarenta y dos hectáreas, catorce áreas y cuarenta y ocho centiárea (148.14,48 Has) de titularidad dominial de Isaac Sklarovsky (en realidad Kancelposky, hoy fallecido) todo lo cual diera origen a la actuación caratulada Romero s/ Sklarovsky Isaac s/ Usucapión; radicada ante el Juzgado Civil y Comercial N° 3 de esta ciudad a cargo de Sofia María Gracia Keller. Las acusaciones sostienen que aquello sucedió invocando falsamente la posesión ininterrumpida de dichas tierras, mediante maniobras fraudulentas a los efectos de provocar un error en el proceder de la mencionada Magistrada para que la misma dicte -erróneamente- una sentencia en su favor y en desmedro económico de los herederos del real titular de dicho inmueble. La imputación sostiene que dicha maniobra habría sido advertida por autoridades de este Ministerio Publico Fiscal, particularmente por el Agente Fiscal Martin Wasinger, quien cotejando dichas circunstancias con evidencias obrantes en otros legajos por el tramitados pudo determinar que Romero estaría actuando en forma fraudulenta ante la Magistratura civil descripta, comunicando ello a sus efectos. Usurpación El segundo hecho habría consistido en que en el lapso comprendido entre los meses de julio y septiembre de 2022, aprovechándose de la ausencia de su heredera, sus hijos y de su cuidadora -Luciana Lorena Gómez- respecto del inmueble, de manera oculta y sin que nadie hubiera podido repeler y oponerse al acto, Tropini y Trevia se constituyeron en el terreno antes referenciado, logrando ingresar a dicho inmueble produciendo así el despojo del inmueble, dejando a cargo del mismo a sus empleados Miguel Dechanzi, Agustín Fischer y Romero, realizando tareas de mantenimiento y cambios en los alambrados del lugar e introduciendo ganado vacuno. En este segundo hecho se agregó que habiendo logrado el despojo, ya en septiembre de 2022 -con conocimiento de que en los registros de ATER, desde el 19 de agosto de 2022 figuraba la inscripción en esta parcela ha cesado la pretensión posesoria de Caceres, legajo s/usurpación (fiscal Wasinger) -los imputados firmaron una cesión de derechos posesorios en complicidad con Romero (cedente), quien en ese transcurso temporal se desempeñaba como empleado -peón- de la Tropini y Trevia, con el fin de darle apariencia de legal al despojo consumado. Posiciones Las acusaciones sostienen que ha quedado debidamente probado que: en primer término, el ciudadano Romero realizó maniobras de ardid, falsa postulación de derechos y engaño en un proceso judicial -usucapión- a los fines de inducir a error a la Magistratura interviniente y obtener una resolución judicial a su beneficio y en detrimento de los reales titulares de los derechos sobre el inmueble en cuestión. Añadieron que dichas maniobras no fueron finalmente concretadas en la realidad por cuestión ajenas a la voluntad del agente, quedando su conducta en su faz tentada, sin que ello signifique disminución alguna en el grado de determinación fáctica de la misma, lo cual ha quedado debidamente comprobado. Por su parte, Cohen sostuvo que el tipo penal endilgado a Romero no reúne los requisitos que le exige el Código Penal. Así, añadió que si existiera un reclamo por un presunto daño patrimonial debería dirimirse en sede civil, donde la vía está abierta. El defensor solicitó la suspensión del proceso a prueba considerando que la pena que se le impondría a Romero en un eventual debate, tal como lo adelantó el fiscal, sería de cumplimiento condicional. Añadió que su asistido no tiene antecedentes y ofreció una reparación simbólica del daño de 50.000 pesos, habida cuenta de una alegada insolvencia económica. El fiscal no acompañó el pedido. Entendió que si bien la pena solicitada es de cumplimiento condicional, el tipo penal endilgado comprende una pena mínima de un año y una máxima de seis. También destacó que el monto de la reparación es nimio en relación a la suma que habría recibido por la cesión de derechos, estimada en 17.000 dólares. Los querellantes adhirieron a estos argumentos. Toloy insistió en que la investigación excedió el plazo razonable y cuestionó por falaces los argumentos de las acusaciones. (APFDigital)
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