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Concepcion del Uruguay » Miercoles Digital
Fecha: 01/04/2026 11:04
El 1 de abril de 2017 desapareció Micaela García en Gualeguay. Había salido a bailar. Al regresar, fue interceptada por Sebastián Wagner. Eran las 5 de la madrugada. El hombre conducía un Renault 18 Break. La subió a la fuerza. La sometió sexualmente y luego la mató. El cuerpo de la joven apareció una semana después en las afueras de la ciudad. De los testimonios reunidos en la investigación surgió que en el descampado donde se encontró el cuerpo fue visto el vehículo Renault Break con dos hombres a bordo. La situación fue registrada entre las 8 y las 8.15. De inmediato, se sucedieron multitudinarias manifestaciones en todo el país pidiendo el esclarecimiento de su muerte. En octubre de 2017 llegaron a juicio Wagner, Gabriel Otero (hijo de quien era pareja de Wagner), y Néstor Pavón (el empleador de Wagner). Los jueces María Angélica Pivas, Roberto Cadenas y Darío Crespo condenaron a Wagner como responsable de la violación y asesinato de la chica, absolvieron a Otero y condenaron a Pavón por encubrimiento. El caso conmovió la opinión pública. Es que el femicida era un convicto con antecedentes por violación que había sido dejado libre por el juez de Ejecución de Penas de Gualeguaychú, Carlos Rossi. El magistrado fue sometido a un jury, pero el procurador general Jorge García no lo acusó y no recibió ninguna sanción por su actuación. Ante la condena por encubrimiento a Pavón, la Fiscalía apeló y consiguió que atiendan su pedido en la Cámara de Casación, donde ordenaron realizar un nuevo juicio contra Pavón. Sin embargo, en el Superior Tribunal de Justicia revocaron el fallo de Casación y revalidaron la sentencia de primera instancia. Pavón, que había cumplido dos tercios de la condena, fue liberado en agosto de 2024. Pero la discusión siguió hasta la Corte Suprema de Justicia. El máximo tribunal del país dejó sin efecto la decisión del STJ y ordenó un nuevo juicio contra Pavón. Está pendiente el nuevo juicio para evaluar la posible coautoría de Pavón en el crimen. La Corte remarcó que, al tratarse de un femicidio, el análisis probatorio debe ser integral, con perspectiva de género y máxima diligencia en la investigación. Micaela García era estudiante de educación física y militante de la Agrupación Evita y del colectivo Ni una menos. Su crimen conmocionó al país por la crueldad, y las actuaciones institucionales que provocó. Desde entonces, sus padres y amigos no dejaron de luchar para concientizar sobre la violencia de género, los femicidios, la violencia institucional y patriarcal que aún impera en los estamentos del Estado. En 2019 consiguieron que se promulgue La Ley Micaela, que prevé la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública, en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación, con el objetivo de transformar cada una de las políticas públicas. El proyecto fue aprobado en la Cámara de Diputados, en diciembre de 2018, con 118 votos a favor y uno en contra del entonces legislador salteño de tendencia conservadora-cristiana, Alfredo Olmedo. Las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires se adhirieron a la ley. (Con información de Análisis, Infobae, Latfem y Clarín) Esta nota es posible gracias al aporte de nuestros lectores |
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