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Parana » AIM Digital
Fecha: 01/04/2026 07:44
La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados quedó finalmente bajo conducción de Lilia Lemoine, en una decisión que consolida el control de La Libertad Avanza sobre un órgano clave para investigar al presidente Javier Milei, justo cuando se acumulan denuncias en su contra. La designación encendió cuestionamientos en la oposición y profundizó las dudas sobre la independencia institucional del Congreso, supo AIM. La reactivación de la comisión se da en un contexto atravesado por pedidos de juicio político vinculados, entre otros puntos, al caso $Libra, que motivó presentaciones por presunto mal desempeño y uso indebido de recursos públicos. Legisladores opositores advirtieron que existen múltiples expedientes con estado parlamentario que deberían ser tratados, aunque temen que el oficialismo avance en una estrategia para dilatar o directamente bloquear su tratamiento. Según pudo saber AIM, durante la reunión constitutiva, la diputada Paula Penacca cuestionó con ironía la designación de Lemoine y puso en duda la imparcialidad de una comisión que, en los hechos, deberá evaluar la conducta del propio gobierno que ahora la conduce. La referencia no es menor: el año pasado, las internas del oficialismo habían paralizado su funcionamiento, impidiendo el tratamiento de expedientes sensibles. En ese marco, el caso $Libra volvió al centro de la escena. Desde la oposición remarcaron que se trata de un episodio que amerita investigación parlamentaria, junto con otros hechos que involucran al Ejecutivo. También se sumaron cuestionamientos al vocero presidencial Manuel Adorni por denuncias de presunto enriquecimiento ilícito, lo que agrava el clima político y amplía el foco de las críticas. El oficialismo pretende cerrar la comisión, advirtieron voces opositoras durante el debate, al tiempo que alertaron sobre la posibilidad de que el Congreso quede neutralizado en su función de control si no se habilita el tratamiento de los pedidos existentes. Desde el oficialismo, en tanto, rechazaron las acusaciones y hablaron de intentos desestabilizadores, una línea discursiva que, según pudo saber AIM, busca deslegitimar cualquier iniciativa de investigación parlamentaria. El trasfondo expone una tensión institucional de fondo: mientras crecen las denuncias y pedidos de juicio político, el gobierno consolida su influencia sobre el órgano encargado de analizarlos. En ese escenario, lejos de garantizar controles, la nueva conducción de la comisión abre interrogantes sobre su funcionamiento real y refuerza la percepción de un Congreso condicionado por la lógica del poder Ejecutivo, constató AIM.
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