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Fecha: 31/03/2026 19:23
Un hombre de 30 años, identificado por sus iniciales como G.G.N., quedó detenido y con prisión preventiva en Rosario tras ser acusado de liderar un sistema de explotación sexual de mujeres jóvenes a través de plataformas digitales. La investigación está a cargo del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal de Rosario y se desarrolló en conjunto con la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX). Según se pudo reconstruir el acusado se dedicaba a la captación de víctimas desde al menos 2022 y sus operaciones se extendían por varias provincias del país. La hipótesis fiscal es que G.G.N. captaba a mujeres jóvenes, principalmente a través de Instagram, con la promesa de que los videos sexuales que grababa serían difundidos solo en el exterior. Sin embargo, el material era comercializado en plataformas de alcance global, por lo que también se difundían en la Argentina. El acusado aprovechaba la vulnerabilidad de las víctimas y utilizaba el engaño como herramienta central para concretar los encuentros y la posterior venta de los videos. Cómo funcionaba el esquema de explotación sexual digital El Ministerio Público Fiscal indicó en un comunicado que la investigación comenzó el 5 de marzo de 2025 tras un llamado anónimo a la Línea 145 del Ministerio de Justicia de la Nación, donde se alertó sobre la oferta de dinero a mujeres jóvenes para grabar videos íntimos. La PROTEX, a cargo de los fiscales Alejandra Mángano y Marcelo Colombo, detectó perfiles de Instagram como Argentina Casting o AC y un grupo público de Telegram donde se promocionaban los videos. Los investigadores vincularon técnicamente estos perfiles al acusado mediante líneas telefónicas e IP coincidentes. Además, comprobaron que la supuesta exclusividad en el extranjero era falsa: el contenido se vendía en una plataforma sin restricción territorial. Aunque G.G.N. estaba imputado desde julio de 2024 por tres casos, la aparición de nuevas víctimas y la persistencia de su actividad llevaron a su detención el 25 de marzo pasado. En una audiencia realizada el viernes pasado, el fiscal general Javier Arzubi Calvo, junto a la fiscal general interina Soledad García y los fiscales coadyuvantes María Virginia Sosa y Andrés Montefeltro, solicitaron la ampliación de la investigación y la prisión preventiva, que el juez Carlos Vera Barros dictó por 90 días. El acusado quedó formalmente imputado por ocho hechos de trata de persona con fines de explotación, agravados por la cantidad de víctimas, el abuso de situación de vulnerabilidad, el engaño y la consumación de la explotación. Además, se le sumó la imputación por promoción y facilitación de la prostitución ajena. El delito prevé penas de 8 a 12 años de prisión. Un dispositivo organizado y sostenido en el tiempo La fiscalía remarcó que no se trata de hechos aislados, sino de un dispositivo organizado y extendido geográficamente. G.G.N. reclutaba jóvenes por Instagram, viajaba a provincias como Buenos Aires, Jujuy, Córdoba y Misiones, concretaba los encuentros, filmaba los videos y luego los editaba y comercializaba en plataformas digitales. A pesar de estar imputado, el acusado siguió operando: cambió de perfiles y plataformas para captar nuevas víctimas. El Departamento de Trata de Personas de la Policía Federal Argentina identificó al menos a cinco nuevas damnificadas. Algunas de ellas declararon en Cámara Gesell y relataron el impacto psicológico y social que sufrieron al viralizarse los videos, incluso en sus entornos familiares. La fiscalía subrayó que el acusado asumía todas las etapas del proceso: captación, coordinación de encuentros, filmación, edición y comercialización. En algunos casos, usaba identidades falsas como Liam o Elion y hacía firmar contratos a las víctimas sin que pudieran leerlos o conservar una copia. Leé también: Quién era el anestesista que murió en medio de una fiesta propo y destapó un caso de robo de medicamentos El modelo implicaba un pago único a las jóvenes, frente a una explotación económica prolongada por la difusión indefinida de los videos. Para el Ministerio Público Fiscal, esto configura una modalidad de trata de personas adaptada a los entornos digitales, donde la dignidad, la intimidad y la identidad digital de las víctimas quedan expuestas y vulneradas. La mayoría de las víctimas tiene 18 o 19 años, provienen de distintas provincias y carecen de experiencia laboral, lo que las hace más vulnerables. El acusado, según los fiscales, ejerció una forma grave de cosificación, ya que convirtió a las jóvenes en un producto monetizable para el consumo anónimo y masivo.
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