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Fecha: 31/03/2026 12:54
La Justicia ratificó este martes que el Gobierno debe cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada en 2025. Así, la gestión de Javier Milei debe actualizar los salarios docentes, las becas y los programas de investigación. Luego de la decisión de la Cámara, el Ejecutivo debe actualizar los salarios de docentes y no docentes. La ley indica que no puede ser inferior al Índice de Precios al Consumidor (IPC) difundido por el INDEC entre diciembre de 2023 y octubre de 2025. También le ordenó la recomposición de los programas de becas estudiantiles, en línea con la variación acumulada de la inflación. La ley 27.795 tiene como objetivo el aumento del presupuesto universitario. Esto incluye garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de las universidades nacionales e impulsar la actualización de las partidas de gastos de funcionamiento. También busca la mejora de salarial de docentes y no docentes. El Ejecutivo promulgó en octubre de 2025 la ley de financiamiento universitario, luego que el Congreso rechazara los vetos del presidente Javier Milei. Pero, dejó en suspenso su ejecución hasta que se determinen las fuentes de financiamiento y se incluyeran las partidas correspondientes en el Presupuesto. Esta decisión provocó una serie de medidas de fuerza de los gremios universitarios, seguidas de acciones judiciales por parte del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Ley de Financiamiento Universitario: qué dice y cuáles son las principales claves La ley de Financiamiento Universitario busca asegurar la continuidad y sostenimiento de la educación universitaria pública. Entre sus principales medidas se destacan: - Actualización automática de los presupuestos universitarios según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC. - Recomposición salarial de docentes y no docentes, que debe garantizarse con carácter remunerativo y bonificable, incluyendo la plena incorporación de sumas no remunerativas. - Convocatoria obligatoria a paritaria nacional, con actualización mensual no inferior a la inflación. - Revisión y fortalecimiento de programas de becas estratégicas y apoyo a estudiantes en situación de vulnerabilidad. La situación judicial del conflicto universitario El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que representa a los rectores de las universidades públicas de todo el país, presentó en diciembre un amparo por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento. La Justicia falló a favor de los rectores. El juez federal Martín Cormick obligó al Ejecutivo a cumplir las disposiciones de la Ley 27.795 de forma inmediata, vinculadas a la actualización de las partidas destinadas al pago de salarios docentes y becas estudiantiles. Leé también: La Justicia confirmó que el Gobierno debe cumplir con la ley de financiamiento universitario Përo eso no sucedió ya que, en febrero, el Gobierno apeló la medida cautelar. Días después presentó un nuevo proyecto ante el Congreso, que los docentes y los rectores aseguran que desvirtúa el espíritu de la ley original. Una de las modificaciones de esa iniciativa refiere al pago de los salarios de docentes y no docentes universitarios. También cambia los gastos de funcionamiento de las universidades. En tanto, la normativa ratificada por la Justicia este martes, obliga a Nación a recomponer la pérdida generada por la inflación en los últimos dos años en distintos programas presupuestarios, entre ellos los destinados a hospitales universitarios y al área de ciencia y técnica.
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