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» Clarin
Fecha: 30/03/2026 20:11
Con un amplio apoyo político menos de los K-, la Corte presentó este lunes un proyecto para tratar de eliminar la discrecionalidad y la rosca política en la elección de candidatos a jueces nacionales por sobre los méritos académicos, morales y profesionales de los postulantes. Lo hizo justo en momentos en que el Gobierno dice que mandará los primeros 62 candidatos a jueces de las ternas que tiene el presidente Javier Milei de unas 300 vacantes que hay en todo el país. Así los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti presentaron el llamado Proyecto de Reglamento de Concursos para la Selección de Magistrados aprobado por acordada 4/2026 el 25 de marzo pasado. Horacio Rosatti no lo firmó porque es, además, presidente del Consejo de la Magistratura, donde habrá un arduo debate y como seguramente Cristina Kirchner dará la orden de oponerse deberá votar. El Consejo de la Magistratura es el órgano que selecciones, propone, sanciona y destituye jueces desde 1994 y es el que deberá debatirlo, aprobarlo o rechazarlo. No solo hubo casos de discrecionalidad en los concursos -que tardan un promedio de 6 años- sino del abuso de la entrevista individual en la cual un consejero le pone un alto puntaje al candidato y así pasa a integrar la terna pese a que le fue regular en los exámenes, como pasa ahora con una jueza que los K quieren poner en estratégica Cámara Federal de Casación Penal. Antes de la reforma de la Constitución, los presidentes de los bloques de diputados del PJ, José Luis Manzano y de la UCR, César Jaroslavsky, se repartían los candidatos a jueces según los resultados de las elecciones. Así llegó a ser juez federal el polémico Norberto Oyarbide, entre otros. O el caso de Luis Rodriguez. quien llegó a juez federal en 2012 a través de un polémico concurso en el Consejo de la Magistratura para el cual antes de rendirle pidió copia de un fallo similar al que días después debió rendir en el examen del Consejo. Fue sobreseído pero quedó en le memoria pública como un caso de favoritismo, entre tantos otros. La presentación de este lunes contó con la participación del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, el Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, el Procurador General del Tesoro, Sebastián Amerio, los integrantes del Tribunal Superior de Justicia porteño Inés Weinberg de Roca, Marcela De Langhe y Santiago Otamendi; los jueces de la Casación Federal Diego Barroetaveña, Daniel Petrone y Mariano Borinsky; la senadora radical Carolina Losada y el fiscal Carlos Rívolo, entre otros. Y la presencia destacada del ex camarista León Arslanian. El presidente del Colegio Público de la Abogacía de la CABA, Ricardo Gil Lavedra, no pudo ir pero mando un mensaje de apoyo. Sí estaban su candidata a reemplazarlo, Alejandra García, así como los jueces Alberto Lugones y Marcelo Gallo Tagle y el ex juez Luis Herrero, entre otros. En el salón del palacio de Tribunales también fueron de la partida el ex diputado del PRO Pablo Tonelli autor de un proyecto parecido-, el ex diputado de la UCR Marcelo Stubrin En su discurso, Lorenzetti pidió hacer una autocrítica de cómo fue la selección de jueces desde 1994 hasta la fecha, y dijo que esta acordada tiene una primera expresión que habla de un déficit estructural. En tal sentido, agregó: El problema que advertimos, este déficit estructural, no se da solo en el Consejo de la Magistratura de la Nación, sino también en muchos procesos de selección en las provincias, donde hemos advertido un deslizamiento progresivo hacia una creciente partidización en la designación de jueces y juezas en todos los niveles. Es como un puente que ya se transita demasiado entre los poderes ejecutivos y los judiciales, subrayó en una alusión a provincia como Formosa, donde el gobierno Gildo Insfrán domina la justicia provincial gracias esos mecanismos viciados. Luego afirmó Lorenzetti que se trata de evitar que la selección de jueces y juezas sea algo arbitrario, discrecional, oscuro, que responda a intereses poco claros y que, además, varíe según los cambios políticos del momento, tanto en la nación como en las provincias. Rosenkrantz recordó que hace más de 40 años, en el Consejo para la Consolidación de la Democracia presidido por Carlos Nino se empezó a pensar en cuál era la manera de garantizar un poder judicial a la altura de las ambiciones republicanas de aquella época, recordó el vicepresidente de la Corte. En la reforma constitucional de 1994 se decidió que el proceso de selección de magistrados debía conservar un rol para los poderes representativos de la voluntad popular (gobierno y congreso), porque en una democracia la legitimidad de origen importa, pero también debía asegurar que esa designación recayera siempre sobre los mejores candidatos. La política elegiría, sí, pero no sería una elección política discrecional y a voluntad de los políticos. Debía estar restringida a aquellos que mejor servirían a la aplicación del derecho y a la administración de justicia, agregó. La aspiración era lograr la combinación óptima entre los sistemas europeos, donde casi enteramente el proceso de selección es privativo de los jueces, y del sistema americano, donde es enteramente privativo de la política. En la actualidad el sistema puede (en rigor: debe) mejorar mucho. Mucho. La idea original de que los representantes de la voluntad popular tengan una participación en la designación de jueces sigue siendo legítima, además de ser un imperativo constitucional. Pero el modo de selección de los candidatos entre los que dichos representantes deben elegir dista mucho de ser óptima. Explicó que la propuesta que hemos enviado al Consejo busca identificar a los mejores candidatos mediante una estrategia simple: eliminar la discrecionalidad. Y esa estrategia se operativiza mediante varias innovaciones. Ahora no se testea los conocimientos generales de derecho de los aspirantes a la magistratura. El reglamento actual tampoco tiene en cuenta el desempeño universitario que es un excelente indicador de competencia y compromiso con el estudio del derecho. El proceso de selección comienza con una instancia eliminatoria inicial que consiste en un examen de aptitud general jurídica que llamamos prueba de oposición escrita. Separación de las preguntas de la corrección Entonces, tratamos evitar los sesgos en la corrección de los exámenes, separando la formulación de las preguntas de su corrección, contó Rosenkrantz. En varios concursos, los jurados ponían más notas a sus preferidos. En el examen de aptitud general jurídica, para evitar toda sospecha, hemos propuesto la compaginación de un gran banco público de preguntas de opción múltiple, de donde se elegirán en cada oportunidad mediante inteligencia artificial las preguntas que integrarán el examen. El proyecto de la Corte propone también que no tenga importancia en la evaluación de antecedentes o la mera realización de cursos o cursillos intrascendentes, o congresos ni la publicación de escritos en editoriales sin arbitraje de pares. La evaluación escrita tendrá garantías reales de objetividad. La prueba se dividirá en dos etapas: una de opción múltiple con corrección informática automática, y otra de resolución de casos con redacción de sentencia. Los exámenes serán anónimos mediante codificación digital auditable. Quienes elaboren las consignas no podrán ser quienes los corrijan. Los exámenes no serán a libro abierto, agregó. Puntaje tope a las entrevistas individuales Respecto de las polémicas entrevistas personales a los candidatos, la Corte diseñó un sistema máximo de puntaje a asignar a las entrevistas personales una de las fuentes de queja de los aspirantes serios y lo hicimos de un modo que impida la alteración del orden de mérito sin parámetros claros ni límites cuantitativos, como pasó en muchos casos incluso en concursos abiertos para la Casación Federal. La entrevista personal no puede ser una instancia para re-escribir el orden de mérito que las etapas previas construyeron con criterios objetivos y transparencia. A pesar del espíritu que el ex presidente Raúl Alfonsín le puso a la creación del Consejo de la Magistratura,lo que el sistema produce en la práctica es algo distinto: la discrecionalidad desplaza en ocasiones al mérito y muchas veces lo hace de manera opaca, sin dejar rastros, finalizó Rosenkrantz. Apoyos de entidades jurídicas y empresarias En un comunicado, el presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, Ricardo Gil Lavedra, expresó su apoyo a la iniciativa de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para reformar el sistema de concursos para la selección de magistrados. Tener jueces y juezas independientes e imparciales es estratégico en una sociedad democrática. El proyecto es un muy buen aporte, en ese sentido, advirtió el excamarista que juzgó a los comandantes de la última dictadura. El proyecto presentado formalmente este lunes, y que ya está a consideración del Consejo de la Magistratura, recibió el apoyo del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, para cuyo directorio el nuevo reglamento "aportará condiciones de objetividad y transparencia, reduciendo la discrecionalidad en la selección de magistrados, al basarse en criterios prefijados. A su vez, establecer -como regla general- la realización de concursos anticipados, aportará celeridad en las designaciones y transparencia, porque se evitarán interferencias políticas, ya que los postulantes rendirán las pruebas sin saber para qué cargo concreto están concursando. La entidad, que preside la doctora Rosalía Silvestre, considera que la reducción del puntaje otorgado en el proceso del concurso a la entrevista personal a los candidatos "reduce la discrecionalidad y tiene como finalidad que los Magistrados designados reúnan las condiciones de idoneidad necesaria". También apoyó los cambios el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA), la asociación empresaria famoso por sus Coloquios realizados en Mar del Plata cada octubre. "El proyecto es un gran avance, ya que incluye normas que tienden a brindar transparencia y disminuir la discrecionalidad." La cámara empresaria destacó que la iniciativa de la Corte "es una medida muy reclamada por la sociedad frente a la gran cantidad de vacantes existentes en los Juzgados y la opacidad de los concursos públicos", y celebra que "esta medida constituye una sana y oportuna reacción de la Corte para mejorar el marco institucional de la Argentina, condición necesaria para promover la inversión y el desarrollo sostenible del país." Desde que el proyecto de la Corte se conoció, la semana pasada, también manifestaron su apoyo juristas de nota, como Alberto Garay y Eugenio Blanco, y el exlegislador y consejero de la Magistratura Pablo Tonelli. Mirá también Sobre la firma Newsletter Clarín
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