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Concordia » Tarea Fina
Fecha: 30/03/2026 18:24
La Justicia volvió a pronunciarse sobre una discusión que lleva años: la legalidad del rol de los agentes inmobiliarios que trabajan junto a corredores matriculados. Diversos fallos judiciales ratificaron que estos colaboradores no ejercen el corretaje de manera ilegal, sino que actúan como auxiliares del profesional matriculado, dentro de un marco reconocido por la normativa vigente. En las últimas dos décadas, la llegada de marcas internacionales, la profesionalización de los equipos comerciales y los modelos de trabajo en red modificaron de forma estructural el negocio inmobiliario. Sin embargo, ese cambio no estuvo exento de resistencias, particularmente por parte de algunos Colegios de Corredores y Martilleros, que sostienen una interpretación restrictiva del ejercicio profesional. Qué dicen los fallos judiciales Las sentencias analizadas coinciden en un punto central: los agentes inmobiliarios no realizan actos propios del corretaje por cuenta propia. Su función se encuadra dentro del contrato de agencia previsto en el Código Civil y Comercial, actuando como colaboradores del corredor matriculado, quien conserva la responsabilidad profesional, la supervisión de la operatoria, la negociación final y la firma de las operaciones. En ese sentido, la Justicia destacó que los agentes cumplen tareas comerciales habituales captación de clientes, exhibición de propiedades, asistencia administrativa y acciones de marketing pero siempre bajo la órbita del profesional habilitado. No se acreditó, en ninguno de los casos analizados, que estos colaboradores cierren operaciones de manera autónoma o sin intervención del corredor responsable. Críticas a la postura de los Colegios Uno de los aspectos más llamativos de los fallos es el señalamiento directo a lo que los magistrados calificaron como una actitud hipócrita de algunos Colegios profesionales. Para especialistas en derecho inmobiliario, según información enviada a este medio, esta contradicción evidencia que muchas de las restricciones impulsadas no responden a fundamentos legales, sino a intereses gremiales y comerciales, con el objetivo de frenar la competencia y limitar la evolución del sector.
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