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Parana » Ahora
Fecha: 30/03/2026 18:20
El adolescente que este lunes ingresó armado a la Escuela N°40 de San Cristóbal y disparó contra sus compañeros, matando a Ian Cabrera de 13 años e hiriendo a otros ocho, espera ahora frente a la Justicia santafesina. Esta es el primer hecho de violencia escolar extremo que sucede fuera de la provincia de Buenos Aires. Los tres antecedentes anteriores en el país habían sucedido en Burzaco, Rafael Calzada y Carmen de Patagones. Los abogados del adolescente santafesino ya adelantaron que el menor será declarado por su edad inimputable y no punible, pero esto no implica impunidad ni libertad inmediata. Significa que el juez, en lugar de aplicar una pena de prisión convencional, ordena medidas de seguridad privativas de libertad, que se extenderán en el tiempo. El caso, que este lunes conmociona al país entero, revive la memoria de tres episodios anteriores que dejaron huellas profundas en la historia argentina y que, hasta hoy, parecían lejanos. La escena en San Cristóbal fue de una violencia inesperada: el joven de 15 años, nacido en septiembre de 2010, tomó la escopeta de su abuelo y abrió fuego dentro del establecimiento. El tirador se mostró sereno, sentado, mientras aguardaba la llegada de las autoridades. En las próximas horas, será entrevistado por psicólogos que intentarán desentrañar las motivaciones detrás de un acto que volvió a poner en debate la seguridad escolar, el acceso a las armas y el rol de la familia. Burzaco, 1997: el primer antecedente en el país El 9 de mayo de 1997, un estudiante de 14 años llevó a la Escuela Media N°2 de Burzaco el arma reglamentaria de su padre, integrante de la Gendarmería Nacional. Dentro del aula, mientras manipulaba la pistola, un disparo impactó en el cuerpo de Cristian Fernández, también de 14 años, quien murió poco después. El hecho, ocurrido frente a compañeros y docentes, fue considerado el primer episodio de violencia escolar con arma de fuego en Argentina y en América Latina. La investigación descartó un ataque planificado, pero dejó en evidencia la vulnerabilidad de los entornos escolares frente al acceso a armas en los hogares. Rafael Calzada, 2000: el ataque de Pantriste Tres años después, el 4 de agosto de 2000, Javier Romero, de 19 años, apodado Pantriste por su aspecto desgarbado, asesinó a Mauricio Salvador, de 16, e hirió a Gabriel Ferrari, de 18, a la salida de una escuela en Almirante Brown. Armado con un revólver calibre 22 que había sustraído a su madre, Romero permaneció varias horas dentro del colegio y al retirarse disparó contra sus compañeros al grito de me voy a hacer respetar. Tras escapar y ser entregado por su madre, fue juzgado en 2003, pero declarado inimputable por no comprender la criminalidad de sus actos. El caso expuso la relación entre bullying, exclusión social y violencia extrema. Carmen de Patagones, 2004: la primera masacre escolar de América Latina El 28 de septiembre de 2004, Rafael Juniors Solich, de 15 años, ingresó armado al aula de la Escuela Media N°2 Islas Malvinas y abrió fuego contra sus compañeros. Tres adolescentes murieron y cinco resultaron heridos. El ataque terminó cuando su único amigo logró reducirlo. Durante la investigación, Juniors alegó haber sido víctima de bullying y los peritos señalaron un entorno familiar marcado por la violencia. La Justicia lo declaró inimputable y su paradero actual permanece bajo reserva judicial. El caso fue catalogado como la primera masacre escolar de América Latina y dejó una marca indeleble en la memoria colectiva. La tragedia de San Cristóbal se inscribe en esta dolorosa secuencia de violencia escolar en Argentina. En todos los casos, los responsables eran adolescentes, las armas provenían del ámbito familiar y las investigaciones posteriores señalaron contextos de bullying, violencia y desamparo. Hoy, la comunidad santafesina enfrenta el mismo desconcierto que atravesaron Burzaco, Rafael Calzada y Carmen de Patagones: cómo un adolescente puede transformar un espacio de aprendizaje en un escenario de muerte. La Justicia deberá determinar responsabilidades, pero el debate social ya está abierto: la necesidad de políticas de prevención, dejar de ocultar cuando los chicos van armados a las escuelas, el control de armas en los hogares y el acompañamiento psicológico de los jóvenes.
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