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Buenos Aires » Infobae
Fecha: 30/03/2026 15:03
Un decreto emitido a finales de 2024 sigue generando cuestionamientos por parte de las principales operadoras de telecomunicaciones del país, que reclaman ajustes en la normativa para lograr un equilibrio entre el control ambiental y la expansión de la conectividad digital. Se trata del Decreto Supremo N.° 023-2024-MTC, que aprobó el Reglamento de Gestión Ambiental del Sector Comunicaciones. De acuerdo con la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (ASIET), la reforma podría afectar el desarrollo de infraestructura clave como las redes 4G y 5G. La organización reclama que las reuniones sostenidas con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) para alterar el reglamento no han producido avances concretos, a pesar de que se ofreció en el paquete de medidas del shock desregulatorio anunciado por el exministro de Economía y Finanzas, José Salardi. Infobae Perú pudo conocer que representantes del MTC, el Ministerio del Ambiente (MINAM) y los principales gremios empresariales del sector, como AFIN y AmCham, tienen previsto reunirse este miércoles para abordar la demora en los cambios del que consideran un estancamiento normativo. Operadoras enfilan contra MINAM por reglamento ambiental del sector telco Con más de 40 años, la ASIET es una organización sin fines de lucro que reúne a empresas públicas y privadas del sector de telecomunicaciones en América como América Móvil-Claro, Telefónica-Movistar, AT&T DirecTV, Millicom-Tigo, Hispasat y empresas estatales como CNT, Copaco, ICE y Etecsa. La organización advierte que la ausencia de certezas regulatorias por el nuevo reglamento ambiental de Perú genera un clima de incertidumbre que frena la planificación de inversiones y la ejecución de proyectos. Para ASIET, el MTC impone exigencias ambientales que igualan al sector de las telecomunicaciones con actividades de alto impacto ambiental, sin tener en cuenta la verdadera escala ni la naturaleza de la infraestructura digital (como torres y antenas). El decreto, sostiene la asociación, se aleja de las mejores prácticas internacionales, donde se reconoce el valor estratégico de la conectividad para el desarrollo sostenible. Si bien ASIET valora el diálogo técnico con el MTC, subraya que la falta de una decisión definitiva del MINAM mantiene vigente una regulación identificada por el propio Ejecutivo como perfectible. Costos en aumento: lo que plantea el nuevo reglamento Pero, ¿Qué plantea el nuevo reglamento? El nuevo andamiaje diseñado por el MTC apunta a establecer un marco sectorial específico y más estricto para controlar el impacto ambiental en telecomunicaciones. La propuesta exige que todo emprendimiento que pueda causar impactos negativos cuente con la aprobación previa de un instrumento de gestión ambiental, como una Declaración de Impacto Ambiental, estudios detallados o programas de adecuación, según el tipo y alcance del proyecto. Además, fija plazos y procedimientos concretos para la evaluación, modifica la fiscalización, endurece las sanciones y exige transparencia y participación ciudadana a lo largo de todo el ciclo de vida de cada proyecto. Este esquema genera preocupación entre las operadoras, pues implica asumir mayores costos y una carga administrativa más pesada. Los nuevos requisitos obligan a las empresas a invertir en estudios, trámites y monitoreos, lo que puede aumentar notablemente los gastos, en especial en zonas rurales donde el retorno comercial es limitado. El régimen contempla además la pérdida de vigencia de las certificaciones si las obras no se inician en 5 años, la obligación de adaptar proyectos antiguos y la restricción de contratar solo consultoras ambientales especializadas y autorizadas para el sector, lo que podría encarecer y limitar la oferta de servicios. La multiplicación de etapas, controles, informes y consultas previas puede traducirse en demoras y mayor complejidad para desplegar infraestructura. La participación ciudadana ampliada también abre la puerta a nuevos retrasos. La brecha de conectividad crece mientras se multiplican los requisitos La brecha de conectividad en Perú es significativa: al cierre de 2023, el 45% de los hogares peruanos no tenía acceso a internet en sus viviendas. Existían 3,5 millones de conexiones de internet fijo, de las cuales el 57% utilizaba fibra óptica, según data del MTC. Las líneas móviles con acceso a internet aumentaron de 14,2 millones en 2014 a 30,3 millones en 2023. El crecimiento de antenas 4G fue del 145% desde 2017, pero solo había 27.236 Estaciones Base Celular instaladas a fines de 2023, frente a las 60.771 requeridas para 2025, lo que deja un déficit del 55%. La inversión necesaria para cerrar la brecha de acceso básico en 5 años se calcula en más de S/12.000 millones, mientras que para alcanzar una brecha de calidad (incluyendo 4G) el monto sube a S/28.000 millones. A 20 años, la cifra supera los S/106.000 millones para infraestructura de calidad. En paralelo, los procedimientos ambientales también muestran trabas: entre 2020 y 2023 se registraron 889 solicitudes de certificación ambiental, de las cuales solo el 86,5% fue aprobada. Además, se presentaron más de 16.000 fichas técnicas ambientales, pero solo el 69% tenían información completa y menos del 8% pasaron por el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, según MTC.
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