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Buenos Aires » Infobae
Fecha: 30/03/2026 11:02
La anulación de la sentencia contra la Argentina por la expropiación de YPF en Estados Unidos la semana pasada generó un profundo alivio en el Gobierno pero a la vez interrogantes sobre cuáles serán los próximos pasos en el extenso litigio internacional. En este contexto, el especialista Sebastián Maril analizó en Infobae en Vivo los escenarios posibles tras el fallo y resaltó que la posibilidad de que los jueces revisen la decisión es mínima, aunque advirtió que el proceso podría trasladarse al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), donde el país arrastra antecedentes complejos. Nueva Programación Según explicó Maril, la noticia de la anulación se conoció el viernes y desató celebraciones en la Argentina. El fondo Burford Capital, principal demandante en la causa, emitió un comunicado en el que planteó tres puntos centrales. Por un lado, advirtió a la comunidad de inversores que en la Argentina alguien que compra acciones de una empresa queda desprotegido. Además, confirmó su intención de apelar ante la Corte de Apelaciones y llegar hasta la Corte Suprema de Estados Unidos, aunque reconoció en el mismo mensaje que las posibilidades de éxito resultan muy bajas. El viernes, tres jueces de la Cámara de Apelaciones fallaron en el caso de YPF con un resultado de dos a uno, lo que permitió que la Argentina evitara la multa impuesta por la expropiación de la petrolera en 2012. Según relató Maril, existe un instrumento legal para solicitar que los trece jueces de la Cámara revisen el fallo, pero insistió en que la revisión por parte de los trece jueces tiene una chance mínima. La estrategia de Burford Capital contempla además la posibilidad de recurrir al Ciadi, organismo de arbitraje comercial del Banco Mundial, donde las disputas se resuelven exclusivamente con pagos monetarios y no rigen mecanismos como los embargos. Maril explicó que acudir al Ciadi es una opción con altas probabilidades de concretarse y que el proceso podría extenderse entre cinco y ocho años. Tenemos un historial bastante nefasto en el Ciadi, señaló, al recordar l antecedente de la expropiación de Aerolíneas Argentinas, donde la corte falló en contra del país por violar un tratado de comercio con España. En esa oportunidad, las empresas demandantes tenían sede en España y Estados Unidos, una situación que se repite en el reclamo vinculado a YPF. El fallo que anuló la sentencia contra la Argentina se basó en el análisis de compromisos asumidos por el país en 1993, cuando privatizó YPF y emitió acciones en Wall Street. Maril explicó que los jueces concluyeron que el país realizó una serie de promesas a los inversores estadounidenses. Entre esas promesas destacaron la garantía de compensación adecuada en caso de una futura expropiación, un compromiso que Argentina no cumplió al concretar la estatización en 2012. Los jueces, sin embargo, determinaron que el estatuto de la empresa no podía ubicarse por encima de una ley soberana sancionada por el Congreso argentino. El derecho constitucional y soberano que tiene el Gobierno de expropiar está. Lo que estuvo fue mal expropiada porque no cumplimos con las promesas que hicimos, afirmó el especialista. Durante la entrevista, Maril sostuvo que el fallo favorable a la Argentina se logró por un estrecho margen y que los jueces dejaron advertencias claras. Fallamos a favor de ustedes, Argentina, pero ojo, que lo hicimos porque sus leyes dicen esto. Pero ahora entiendan que incumplieron una promesa aquí en Estados Unidos, citó el especialista. Consideró que este mensaje tendrá impacto en las futuras relaciones con los inversores extranjeros, quienes exigirán garantías adicionales para operar en el país. A partir de ahora, cualquier inversor va a pedir un premium, una recompensa adicional, precisó. El reclamo, a lo largo de los distintos gobiernos El especialista en litigios internacionales también describió cómo evolucionó el reclamo a lo largo de los años. Por la causa pasaron al menos cuatro gobiernos nacionales y cada administración enfrentó etapas, acusaciones y argumentos distintos. Cada procuración llevó adelante estrategias diferentes frente a jueces y tribunales que también cambiaron con el tiempo. Maril remarcó que las declaraciones políticas que buscaron atribuir el resultado del fallo a una gestión específica no reflejan la complejidad del litigio. Esto fue gracias a todas las procuraciones, a un trabajo enorme que se hizo, indicó. El análisis de Maril incluyó una referencia a los riesgos de que factores políticos interfieran en los procesos judiciales internacionales. Consultado sobre la posibilidad de que la relación entre Javier Milei y Donald Trump haya influido en el fallo, el especialista respondió que el Gobierno de Estados Unidos brindó apoyo a la Argentina en causas periféricas relacionadas con la expropiación de YPF, como la entrega de acciones y procesos de discovery. Sin embargo, aclaró que no hubo apoyo oficial en la causa principal, la de los USD 17.000 millones. Si hubo mano diplomática para decirle a los jueces ojo con esto, no lo sé, no voy a opinar. Pero oficialmente el famoso amicus lo presentaron en causas periféricas, nunca en la principal, aclaró Maril. El especialista advirtió que cualquier intervención política en la causa principal sería observada de forma negativa por los mercados y por los inversores de Wall Street, ya que pondría en duda la independencia judicial. Además, señaló que las consecuencias de un posible lobby diplomático podrían perjudicar la cotización de las empresas argentinas en la bolsa y condicionar las inversiones a futuro. Maril concluyó que el proceso judicial por la expropiación de YPF sigue abierto, con la posibilidad de extenderse durante varios años más si el litigio pasa al Ciadi. El país mantiene un historial desfavorable en ese tribunal, según recordó el especialista, y la experiencia reciente de la expropiación de Aerolíneas Argentinas refuerza la dificultad de enfrentar nuevos reclamos en ese ámbito. El caso sigue bajo observación de analistas, inversores y actores del sector energético, que evalúan el impacto del fallo en la seguridad jurídica y en la confianza para futuras inversiones en la Argentina. 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