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Parana » Paginajudicial
Fecha: 30/03/2026 10:42
DERECHOS HUMANOS Dieron de baja del Ejército a la patota que secuestró al melli 30/03/2026 El jefe del ejército dio de baja a treinta y cuatro represores condenados por crímenes cometidos durante la última dictadura cívico-militar. Lo hizo por pedido de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas y en cumplimiento del marco jurídico. El listado incluye a integrantes de la patota condenada por robo de bebés y a represores presos en la denominada megacausa Área Paraná. Juan Cruz Varela De la Redacción de Página Judicial Treinta y cuatro represores condenados por crímenes de la dictadura. Ya no van a percibir de sus salarios de retiro, pensiones ni cobertura de la obra social. No hubo, por supuesto, una decisión espontánea del Ejército, sino un pedido de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, que exigió el cumplimiento de la ley. El listado incluye a varios integrantes de la patota que secuestró a Raquel Negro y Tucho Valenzuela y que organizó el traslado al Hospital Militar de Paraná, en febrero de 1978, donde dio a luz a mellizos: Sabrina, que recuperó su identidad en 2008, y un varón que continúa desaparecido. Entre los militares dados de baja se encuentran Jorge Alberto Fariña, Juan Daniel Amelong y Marino Héctor González, integrantes de la patota del Destacamento de Inteligencia 121 de Rosario, condenados por la sustracción y sustitución de identidad de los mellizos nacidos en el Hospital Militar de Paraná. En enero pasado, el entonces ministro de Defensa, Luis Petri, había dado de baja a Pascual Oscar Guerrieri, el jefe del grupo de tareas, también condenado por el Tribunal Oral Federal de Paraná. El Ejército también dio de baja a Jorge Humberto Appiani, José Anselmo Appelhans fallecido en mayo de 2024 y Oscar Ramón Obaid, represores condenados en la megacausa Área Paraná. La decisión del jefe del Ejército, Oscar Santiago Zarich, fue en respuesta a un informe de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, que hace dos semanas había detectado una cantidad de miembros de las fuerzas armadas, policiales y de seguridad con sentencia firme que no habían sido desafectados, como ordena la ley vigente, según citó el diario La Nación. El informe de la procuraduría a cargo de Sergio Leonardo Rodríguez se sustenta en un marco jurídico claro que impone al Estado la obligación de disponer la baja administrativa definitiva de las personas condenadas por delitos de lesa humanidad que integraron fuerzas de seguridad o fuerzas armadas, una vez adquirida firmeza la sentencia penal. Se trata, ni más ni menos, de una obligación del Estado. El organismo advirtió también sobre la ausencia de una política estatal coordinada que asegure el cumplimiento oportuno e integral de las consecuencias jurídicas derivadas de las condenas penales firmes. En ese sentido, advirtió que se brindan respuestas fragmentadas, dilaciones injustificadas y, en algunos casos, reticencias institucionales que obstaculizan la finalización de los procedimientos administrativos de baja, a pesar de la inexistencia de controversias judiciales pendientes. También alertó sobre la inexistencia de mecanismos adecuados, actualizados y articulados de registro, seguimiento y control, tanto en las dependencias estatales con competencia en la administración del personal de las fuerzas armadas, policiales y de seguridad como en las instancias vinculadas a la ejecución de las sentencias judiciales. Operación Paraná Hace unos días, en el acto por los cincuenta años del último golpe cívico-militar, Sabrina Gullino, la hija de Raquel Negro y Tucho Valenzuela, tomó la palabra desde el palco, para recordar su historia como nieta restituida: Amelong fue quien me dejó abandonada en el hogar del huérfano cuando yo era bebé, dijo. Raquel Negro y Tucho Valenzuela fueron secuestrados el 2 de enero de 1978 en Mar del Plata y trasladados a la Quinta de Funes, un centro clandestino de detención en las afueras de Rosario. Con ellos estaba Sebastián, el hijo de Raquel, de un año y ocho meses; y ella estaba embarazada de siete meses. Entre fines de febrero y principios de marzo, el jefe de la represión en Rosario, Leopoldo Fortunato Galtieri, y los integrantes de la patota idearon un plan para el traslado en forma clandestina de Raquel Negro. El parto en el Hospital Militar de Paraná se habría producido el 3 de marzo; las enfermeras dijeron que fue atendido por médicos externos y que, tras el alumbramiento del varón, Raquel lo arropó durante unos instantes hasta que unos hombres se lo llevaron; luego nació la nena. Enseguida los mellizos fueron internados como NN en la sala de terapia intensiva, porque supuestamente presentaban problemas respiratorios y cardíacos, y luego derivados al Sanatorio del Niño, adonde la nena ingresó el 4 de marzo y el varón el 10 de marzo. Ambos egresaron el 27 de marzo. Amelong y Walter Pagano, que reportaba como personal civil de inteligencia del Destacamento 121, se llevaron a la nena y la abandonaron en la puerta del Hogar del Huérfano de Rosario. Para asegurarse que alguien atienda la puerta, Amelong colocó un escarbadientes en el timbre. Raquel Negro estaba cautiva en el centro clandestino Quinta de Funes y fue llevada al Hospital Militar de Paraná, donde dio a luz mellizos: una beba, Sabrina Gullino, que fue abandonada en el Hogar del Huérfano de Rosario y entregada en adopción legal, a quien se restituyó su identidad en 2008, mientras que de su hermano mellizo aún no se conoce su paradero. La nena, Sabrina Gullino, fue dada en adopción legal y restituyó su identidad en diciembre de 2008. El varón continúa desaparecido. El preferido de la vice El nombre de Amelong cobró relevancia nacional en noviembre de 2023 durante el debate entre los candidatos a vicepresidente, cuando Agustín Rossi (Unión por la Patria) le planteó a Victoria Villarruel (La Libertad Avanza) la necesidad de conocer su posición sobre la situación de los militares detenidos por su actuación en la dictadura. Villarruel consideró injusta la detención de Amelong y dijo que su padre, que era ingeniero había sido asesinado por Montoneros en Rosario en 1974. Hoy su hijo está preso por delitos de lesa humanidad. Yo me pregunto: ¿por qué no están presos los que asesinaron al ingeniero Amelong?, dijo Villarruel. El compromiso de Amelong no solo quedó de manifiesto en su participación personal en esos hechos, sino en la decisión de ceder una quinta familiar, en cercanía de Timbués, como centro clandestino de detención denominado La Intermedia, en la que fueron asesinados decenas de militantes, entre ellos, Raquel Negro.
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