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Parana » Informe Digital
Fecha: 30/03/2026 06:32
El jefe del Ejército, general de división Oscar Santiago Zarich, dispuso la baja de 34 militares condenados con sentencia firme por delitos de lesa humanidad, a pedido de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA). El efecto inmediato de la medida es que los dados de baja dejarán de percibir retiros y pensiones, y perderán la cobertura de la obra social. La decisión se tomó en la misma semana en que se cumplieron 50 años del golpe de Estado de 1976. Entre los dados de baja figura el teniente coronel retirado Juan Daniel Amelong, que acumula siete sentencias en su contra, además de otros 33 suboficiales. Zarich actuó en respuesta a un informe de la PIA que, dos semanas antes, había detectado 78 casos de integrantes de las Fuerzas Armadas y de fuerzas de seguridad con sentencia firme que no habían sido desafectados, como exige la ley vigente. En los procesos por delitos de lesa humanidad corresponde aplicar la baja, que implica la pérdida del estado militar. Esa pérdida conlleva, entre otros efectos, la suspensión del cobro de pensiones y la exclusión del acceso a la obra social, beneficios que en algunos casos aún se mantenían pese a las condenas firmes. A comienzos de 2025, el entonces ministro de Defensa, Luis Petri, había ordenado la baja de 23 militares condenados con sentencia firme, una medida que en su momento generó inquietud en el Ejército. En ese momento el jefe de la fuerza era el teniente general Carlos Alberto Presti, actual ministro y sucesor de Petri. El caso Amelong Entre los militares dados de baja ahora está el teniente coronel Amelong, cuyo nombre fue mencionado en noviembre de 2023 durante el debate entre los candidatos a vicepresidente, cuando Agustín Rossi (Unión por la Patria) le preguntó a Victoria Villarruel (La Libertad Avanza) su posición sobre los militares detenidos por su actuación en la dictadura. La actual titular del Senado consideró injusta la detención de Amelong y recordó que su padre, ingeniero y padre de 11 hijos, fue asesinado por Montoneros en Rosario en 1974, durante un gobierno constitucional. Hoy su hijo está preso por delitos de lesa humanidad. Yo me pregunto: ¿por qué no están presos los que asesinaron al ingeniero Amelong?, afirmó Villarruel. Según los expedientes, Amelong cuenta con condenas en cinco causas por delitos de lesa humanidad, tres de ellas perpetuas, y en los años 70 integró grupos de tareas que dependían del Destacamento 121 de Inteligencia del Ejército. Los militares dados de baja en la nueva resolución firmada por el jefe del Ejército son los tenientes coroneles Juan Daniel Amelong, Rafael Mariano Braga, Jorge Alberto Fariña, Héctor Mario Juan Filippo, Marino Héctor González, Aníbal Alberto Guevara Molina, Ernesto Hugo Kishimoto, Dardo Migno Pipaon, Enrique Pedro Mones Ruiz, Alberto Rivas, Alberto Tadeo Silveyra Ezcamendi y Emilio Juan Huber; los mayores Gustavo Adolfo Alsina, Jorge Humberto Appiani, Leopoldo Norberto Cao, Carlos Antonio Españadero, Norberto Raúl Tozzo, Armando Nicolás Martínez y Domingo Morales; los capitanes Enrique José Berthier, Walter José Grosse, José Eduardo Bulgheroni, Héctor Pedro Vergez, Juan Carlos De Marchi y Víctor Alejandro Gallo; el teniente primero Horacio Rubén Leitesm; los suboficiales mayores Carlos Ibar Pérez, Luis José Ricchiuti, Oscar Ramón Obaid, César Darío Díaz, José Anselmo Appelhans, José Luis Ojeda; y los suboficiales principales Alberto Callao y Enrique Charles Casagrande. Ausencia de registros El informe de la PIA, cuyo director es el doctor Sergio Leonardo Rodríguez, parte de un marco jurídico claro que impone al Estado la obligación de disponer la baja administrativa definitiva de las personas condenadas por delitos de lesa humanidad que integraron fuerzas de seguridad o fuerzas armadas, una vez adquirida firmeza la sentencia penal. En octubre de 2024 la PIA solicitó a la Armada que requiriera al ministro de Defensa la baja de siete oficiales superiores con sentencia firme y cursó un pedido similar a la Fuerza Aérea para que se dispusiera la baja de dos oficiales. El organismo advirtió sobre la ausencia de una política estatal coordinada que asegure el cumplimiento oportuno e integral de las consecuencias jurídicas derivadas de las condenas penales firmes. Señaló respuestas fragmentadas, dilaciones injustificadas y, en algunos casos, reticencias institucionales que dificultan la finalización de los procedimientos administrativos de baja, pese a la inexistencia de controversias judiciales pendientes. También alertó sobre la falta de mecanismos adecuados, actualizados y articulados de registro, seguimiento y control en las dependencias estatales encargadas de la administración del personal de las fuerzas y en las instancias vinculadas a la ejecución de las sentencias judiciales. Fuente: APF Digital.
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