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» Clarin
Fecha: 29/03/2026 19:07
El gobierno de Santa Cruz acudió ante la Corte Suprema de Justicia para que se avale aquello que aprobó la Legislatura: la ampliación del máximo tribunal provincial de cinco a nueve miembros. El gobernador Claudio Vidal juega, de esta manera, su última carta en esta disputa con el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), a quienes acusó de actuar de forma destituyente. El TSJ santacruceño quedó envuelto en una situación sin precedentes: después de que su presidente ratificó la validez del juramento tomado a dos nuevos integrantes elegidos por el gobierno provincial, tras la aprobación de la Legislatura para que se amplíe a nueve miembros la Corte provincial, los cuatro vocales que la integran y que responden al kirchnerismo desconocieron dicho procedimiento y pidieron la nulidad del acto. Las nuevas designaciones -entre ellas la del ex gobernador, Sergio Acevedo-, responden a la ampliación del TSJ aprobada por la Cámara de Diputados. La administración de Claudio Vidal habla de una violación a la división de poderes. No sólo se pausaron las designaciones que iban a continuar, sino que el Tribunal Superior de Justicia resolvió declarar inconstitucional la normativa que aprobó el Poder Legislativo de Santa Cruz y que avalaba la ampliación de la Corte local. En medio del escándalo los cuatro vocales allegados al kirchnerismo tomaron otra decisión: remover al presidente del órgano judicial provincial que había ratificado el juramento de Sergio Acevedo y José González Nora, propuestos por el gobierno. Mauricio Mariani confirmó a Clarín la notificación del corrimiento de su cargo como cabeza del Tribunal. En su lugar, los vocales designaron a Renée Fernández con antiguos vínculos laborales con el kirchnerismo, además se desempeñó como apoderada del Frente para la Victoria de Santa Cruz. Con esa conformación el máximo tribunal santacruceño, rechazó la ampliación de su integración, motivo por el cual, con un recurso de queja, el gobierno provincial acudió ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Para el gobernador Vidal, el proceder del TSJ expone una postura destituyente. En primer término, la administración provincial entiende que el criterio aplicado por los magistrados es cuestionable en términos legales, sin desconocer su trasfondo político". En ese contexto, Vidal sostuvo: Estamos frente a una Justicia que actúa como oposición con jueces que proceden de forma antidemocrática y anticonstitucional al entender que la ampliación del Tribunal fue aprobado por el Poder Legislativo y es el Poder Ejecutivo quien tiene la potestad de remitir los pliegos de los nuevos integrantes para su tratamiento y aprobación en la Cámara de Diputados. De esta manera y a través de la Fiscalía de Estado se interpuso el recurso extraordinario de queja, señalando que el TSJ incurrió en arbitrariedades al rechazar el recurso extraordinario y evitar que el caso llegue a la instancia nacional. La presentación a la que accedió Clarín indica que hay una situación de gravedad institucional, ya que -según la Provincia- el fallo judicial interfiere en competencias propias de otros poderes del Estado, especialmente del Poder Legislativo. Entre otros aspectos consignados, el gobierno santacruceño cuestiona que el TSJ haya declarado la inconstitucionalidad de la ley que ampliaba su integración, una norma que había sido sancionada por la Legislatura provincial. Según el escrito, el rechazo del recurso se basó en cuestiones formales y no en un análisis de fondo, lo que habría impedido discutir el tema en profundidad. Ahora, se busca dar marcha atrás con lo resuelto por la Corte santacruceña al declarar inconstitucional su ampliación de cinco a nueve miembros. Cuando los nombres de los candidatos a cubrir esos puestos fueron enviados por Vidal, se dictó una medida cautelar para impedir que la comisión de Acuerdos apruebe las ternas. Sin embargo, se procedió de igual manera hasta el punto tal que el presidente del TSJ, el juez Mauricio Mariani, no sólo tomó juramento a los candidatos del Gobierno, sino que días después ratificó la validez del acto institucional. Después vino la declaración de inconstitucionalidad de la normativa. Ahora, todo está en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La segunda medida impugnada ante la Corte es aquella a través de la cual se suspendieron por cuatro meses o hasta que recayera sentencia definitiva, los efectos de la Ley 3949 de ampliación de miembros del TSJSC. La Corte ampliada La gobernación entiende que contar con un TSJ de nueve miembros generará mayor equilibrio, siendo que hay cinco integrantes nombrados por otros gobiernos todos ellos kirchneristas. De hecho, se recordó que Mariani asumió en reemplazo de Carlos Zannini en 2003, cuando dejó su cargo para desempeñarse como Secretario Legal y Técnico de la Presidencia nacional. Un suceso más se sumó a fin de año y responde a la actualización salarial aprobada por el TSJ que elevó algunos salarios a 25 millones de pesos. Al respecto el gobernador Vidal volvió a pronunciarse y consideró que con dicha medida busca desfinanciar al Estado y condicionar al Gobierno. Convencido de que existe una estrategia coordinada para frenar la gestión provincial, sostuvo de que la discusión no es solo jurídica, sino también institucional, ya que -según su mirada- está en juego el equilibrio de poderes en la provincia. El TSJ intimó al Poder Ejecutivo para otorgar un aumento salarial del 50% al Poder Judicial, lo que elevaría los ingresos de los magistrados por encima de los $25 millones mensuales, informó la administración provincial. Es una medida irresponsable en un momento crítico. Mientras estamos discutiendo una emergencia económica para sostener el funcionamiento del Estado, estos jueces avanzan en decisiones que buscan desfinanciar a la provincia, advirtió. Sobre la firma Newsletter Clarín
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