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La Paz » Politica con vos
Fecha: 29/03/2026 16:27
La decisión del Ministerio de Seguridad, a cargo de Néstor Roncaglia, de abrir una investigación a un policía retirado por sus publicaciones en redes reaviva el debate sobre los límites entre el orden interno y el derecho a la libre expresión. Un mensaje bajo vigilancia El Ministerio de Seguridad y Justicia de Entre Ríos volvió a quedar en el centro de la polémica tras ordenar la apertura de una información sumaria contra un comisario mayor retirado de la Policía provincial, a raíz de publicaciones críticas realizadas en su cuenta personal de Facebook. Según publicó Diario Junio, la medida fue notificada el pasado 26 de marzo por la Dirección General de Investigaciones e Inteligencia Criminal, organismo dependiente de la cartera que conduce Néstor Roncaglia. El ex jefe policial había cuestionado públicamente los bajos salarios, las condiciones laborales y la falta de representación sindical dentro de la fuerza. Cuando la disciplina roza el disciplinamiento El caso no es menorbya que la Policía de Entre Ríos, al no contar con sindicalización, canaliza buena parte de sus reclamos a través de retirados y familiares. En ese contexto, las redes sociales se transformaron en un espacio informal -pero cada vez más visible- de expresión de malestar interno. La decisión oficial de avanzar con un sumario administrativo sobre un retirado plantea un interrogante inquietante: ¿hasta dónde alcanza la potestad disciplinaria del Estado cuando se trata de opiniones emitidas fuera de servicio? Más aún, el hecho expone una práctica que empieza a consolidarse: la vigilancia de las expresiones públicas de integrantes o ex integrantes de fuerzas de seguridad, en un escenario atravesado por reclamos salariales y tensiones internas crecientes. Libertad de expresión en zona gris Si bien el argumento formal puede apoyarse en normas de conducta y ética institucional, lo cierto es que la medida abre un terreno resbaladizo. Porque cuando la crítica -aunque incómoda- se convierte en objeto de investigación, el riesgo de disciplinamiento excede lo administrativo y se proyecta sobre el plano político. En otras palabras, el mensaje implícito parece claro: incluso fuera de la estructura activa, opinar puede tener consecuencias. En tiempos donde el debate público debería fortalecerse, la avanzada sobre voces críticas -aunque provengan del propio sistema- tensiona un principio básico de cualquier democracia: la libertad de expresión. Y en ese cruce, Entre Ríos vuelve a mostrar una zona gris donde el límite entre orden y silenciamiento se vuelve peligrosamente difuso.
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