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Gualeguaychu » El Dia
Fecha: 28/03/2026 21:50
La medida se adoptó a partir de un planteo de fiscales y alcanza a efectivos con condenas firmes por delitos de lesa humanidad, en el marco de la normativa vigente que obliga a su desvinculación de las Fuerzas Armadas. El Ejército Argentino resolvió dar de baja a 34 integrantes de la fuerza que contaban con condenas firmes por delitos de lesa humanidad, en una decisión que se conoció en las últimas horas y que se produce en un contexto de renovados debates sobre memoria, justicia y responsabilidades institucionales. Las más leídas La medida fue adoptada a partir de un planteo impulsado por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que había advertido la existencia de numerosos casos de efectivos condenados que aún mantenían su condición dentro de las Fuerzas Armadas, a pesar de lo que establece la normativa vigente. Según se informó, la resolución alcanza a un total de 34 militares, entre ellos un teniente coronel retirado y 33 suboficiales. Todos ellos habían recibido condenas firmes en causas vinculadas a crímenes cometidos durante la última dictadura cívico-militar, lo que habilitó la aplicación de esta medida administrativa. La baja implica consecuencias directas sobre la situación de los involucrados, ya que pierden el estado militar y, con ello, dejan de percibir beneficios asociados como haberes de retiro, pensiones y cobertura de salud. Esta decisión se enmarca en la obligación legal de apartar de las fuerzas a quienes hayan sido condenados por este tipo de delitos, una exigencia que también responde a compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino en materia de derechos humanos. El caso se inscribe en una serie de acciones similares adoptadas en los últimos años. A comienzos de 2025, el Ministerio de Defensa ya había dispuesto la baja de otros 23 militares en condiciones similares, en una medida que también se basó en resoluciones judiciales firmes. Uno de los nombres incluidos en la reciente resolución es el del exteniente coronel Juan Daniel Amelong, quien cuenta con múltiples condenas por delitos de lesa humanidad, algunas de ellas a prisión perpetua. Su figura ha tenido exposición pública en los últimos años, en medio de discusiones políticas vinculadas al juzgamiento de los crímenes de la dictadura. El impulso de la PIA fue clave para avanzar con estas medidas. Un informe del organismo había detectado al menos 78 casos de militares y miembros de fuerzas de seguridad con condenas firmes que no habían sido dados de baja, lo que generó reclamos para regularizar la situación. De este modo, la decisión del Ejército busca adecuarse a las disposiciones legales vigentes y cerrar una situación irregular que se había prolongado en el tiempo, en un tema sensible que continúa atravesando la agenda pública y el debate institucional en la Argentina.
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