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Parana » AIM Digital
Fecha: 28/03/2026 13:41
La Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader) manifestó su preocupación ante la presentación que realizó el Gobierno de Entre Ríos de la aplicación de inteligencia artificial «ORI». En un parte de prensa enviado a AIM, la entidad universitaria manifestó que "como institución universitaria pública comprometida con la formación, la investigación y la producción de conocimiento científico y particularmente con la formación de profesionales en el campo de la salud mental señalamos que una iniciativa de estas características no puede desarrollarse sin la participación de las universidades, los colegios profesionales y los organismos competentes en la materia". En este sentido, "resulta imprescindible advertir que las problemáticas de salud mental no pueden ser delegadas en sistemas de inteligencia artificial aplicados a la atención en salud mental. El sufrimiento psíquico, tanto en su dimensión individual como comunitaria, requiere intervenciones situadas, sostenidas en el tiempo, con presencia profesional, escucha calificada y construcción de lazo social". La utilización de sistemas de inteligencia artificial aplicados a la salud mental podría constituir un recurso complementario, pero no puede reemplazar las prácticas profesionales ni las obligaciones indelegables del Estado en materia de políticas públicas de salud mental. Cabe recordar que, de acuerdo con la normativa vigente y las incumbencias profesionales, constituyen actividades reservadas a las y los licenciados en psicología la evaluación, el diagnóstico y el tratamiento psicoterapéutico, así como las acciones de orientación, asesoramiento e intervención en procesos de promoción de la salud. Del mismo modo, les compete la planificación de acciones de prevención en salud mental y el desarrollo, validación y aplicación de métodos e instrumentos de evaluación psicológica. Asimismo, la Ley Nacional de Salud Mental establece la responsabilidad indelegable del Estado en garantizar dispositivos adecuados de atención, así como instancias de control y revisión que resguarden los derechos de las personas usuarias del sistema. En este marco, surgen interrogantes que consideramos centrales y que deben ser esclarecidos públicamente, en particular en relación con quién sostiene, regula y supervisa el funcionamiento de esta aplicación, cuál es el marco regulatorio y ético que respalda sus intervenciones, de qué modo se garantiza la confidencialidad y la protección de los datos personales, y qué organismos incluyendo el Órgano de Revisión en Salud Mental intervienen en su evaluación, fiscalización y eventual sanción. Más adelante consideró que "respuestas simplificadas a problemáticas complejas pueden derivar en procesos de precarización y deshumanización del cuidado, así como en formas de desplazamiento de la responsabilidad estatal". Por el contrario, encontró "imprescindible fortalecer las políticas públicas de salud mental mediante una mayor inversión en equipos profesionales interdisciplinarios, el desarrollo de dispositivos comunitarios territoriales y una presencia efectiva del Estado en el acompañamiento a infancias, adolescencias, familias y comunidades". Desde la Universidad Pública se reafirmó el compromiso "con una perspectiva profesional, ética y situada en salud mental, y nos ponemos a disposición para contribuir, desde el diálogo institucional, al diseño y evaluación de políticas públicas que garanticen derechos y promuevan el bienestar de la población".
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