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Parana » Lasexta
Fecha: 28/03/2026 11:45
Inteligencia artificial, salud mental y la ausencia de un plan integral de Gobierno Digital Hace pocos días el gobierno provincial presentó ORI: un sistema de inteligencia artificial diseñado, según sus impulsores, para orientar a docentes y familias ante situaciones de salud mental en niños y adolescentes. La presentación lo proclamó el primero de su tipo en América Latina. En menos de cuarenta y ocho horas, el Colegio de Psicólogos emitió un posicionamiento crítico, el colectivo universitario Autonomía y Participación de la FHAyCS-Uader publicó un comunicado de rechazo, y ATE cuestionó públicamente la medida. Lo que el gobierno había presentado como un hito de innovación pública se convirtió, casi de inmediato, en una controversia. Esta nota no pretende dirimir si ORI es bueno o malo. Esa pregunta no tiene respuesta todavía: el dispositivo acaba de lanzarse, no existe evaluación independiente, no hay registros de uso, no hay evidencia de sus efectos. Lo que sí puede analizarse y lo que importa hacer ahora, antes de que la controversia se enfríe es por qué el gobierno se creó solo un problema que era perfectamente evitable. Porque el rechazo que cosechó ORI no es una consecuencia inevitable de su naturaleza tecnológica: es el resultado previsible de una serie de errores de proceso que tienen nombre y que se repiten. El primero: comunicar antes de construir legitimidad El secretario de Modernización, Emanuel Gainza, respondió a las críticas con una frase que sintetiza el problema: "La postura cómoda es no hacer nada y nosotros estamos haciendo todo lo posible". La frase es retóricamente eficaz. Pero no responde a ninguna de las preguntas concretas que el Colegio de Psicólogos había planteado: ¿por qué no fueron consultados antes del lanzamiento? ¿Cuáles son los protocolos de manejo de datos? ¿Qué marcos éticos rigen la intervención del algoritmo cuando detecta una situación de crisis? Encuadrar la crítica como resistencia al cambio es una operación comunicacional, no una respuesta seria de política pública. El Colegio de Psicólogos fue explícito: la implementación resultó sorpresiva para la institución. No fueron convocados a ninguna instancia de consulta ni asesoramiento especializado. Se enteraron por los medios, como cualquier ciudadano. Esto no es un detalle de protocolo. Este colectivo de profesionales no es grupo de interés cualquiera: son quienes llegarán a sostener gran parte de la cadena de derivación que ORI necesita detrás para funcionar. Si alguien usa ORI y el sistema le dice que debe consultar a un especialista, ¿a quién llama? ¿Hay profesionales disponibles en el sistema público? El director de Salud Mental, Esteban Dávila, reconoció que la situación sanitaria en la provincia es delicada y que hay pocos especialistas trabajando en salud pública. Entonces: ¿cómo funciona la derivación? El gobierno invitó al Colegio de Psicólogos a participar después del lanzamiento y también a la UADER. Esa apertura es bienvenida, pero no equivale a una consulta de diseño. Cuando los actores relevantes son convocados después de que las decisiones ya están tomadas, su rol se reduce a validar o rechazar un producto terminado. No pueden modificar las orientaciones teóricas del algoritmo ni los criterios de derivación, ni los protocolos de datos. La apertura retroactiva puede mejorar la comunicación del dispositivo, aunque no restituye la legitimidad que se pierde cuando el anuncio precede a la consulta. El segundo: innovar sin plan Hay un problema que antecede al lanzamiento de ORI y que condiciona cómo cualquier innovación tecnológica del Estado es recibida en la provincia: la ausencia de un plan integral de gobierno digital conocido públicamente. Si ese plan existe, no es accesible ni reconocible para los actores que deberían ser sus interlocutores naturales. La consecuencia es siempre la misma: cada nueva herramienta digital aparece como un hecho aislado, sin anclaje en una estrategia mayor, sin horizonte que permita anticipar sus implicancias ni evaluar su coherencia con otras iniciativas. ORI no fue presentado como un componente de una política digital de salud mental articulada con el sistema de atención existente, con el presupuesto sectorial, con los equipos territoriales. Fue presentado como un hito inaugural, el primero en su tipo en el continente. Esa forma de presentación es el síntoma del problema: cuando no hay un plan visible, cada innovación tiene que justificarse a sí misma como acontecimiento extraordinario. Y los acontecimientos extraordinarios no se consultan: se anuncian. La ausencia de ese plan también explica por qué el rechazo fue tan rápido y articulado. El colectivo universitario Autonomía y Participación señaló algo que el gobierno no respondió: en un contexto de emergencia en salud mental sostenida, se priorizan anuncios y estrategias comunicacionales por sobre políticas públicas estructurales. Se coloca en contexto que Entre Ríos destina el 4,7% de su presupuesto de salud a salud mental, menos de la mitad del 10% que exige la Ley Nacional de Salud Mental. A eso se suma la precarización salarial de los trabajadores del sector, con ingresos por debajo de la línea de pobreza. En ese contexto, la aparición de un chatbot de IA no se lee como innovación complementaria: se lee, con cierta plausibilidad, como sustitución encubierta de una inversión que no se realiza. El gobierno no puede desactivar esa lectura con declaraciones sobre la naturaleza complementaria de ORI mientras la brecha presupuestaria persiste sin reconocimiento explícito ni cronograma de cierre de dicha brecha. El tercero: repetir un error ya documentado El colectivo universitario señaló que existe un antecedente directo: una aplicación similar implementada por el municipio de Trenque Lauquen generó rechazos de colegios profesionales en varias provincias. Ese antecedente estaba disponible antes del lanzamiento de ORI. No fue incorporado en el diseño ni en la comunicación. Cuando los críticos lo invocaron, el gobierno no tenía respuesta preparada. Un plan de gobierno digital responsable aprende de experiencias anteriores, las documenta y explica qué se hizo diferente. Esa documentación no debilita una política: la hace más creíble. Presentar ORI como si fuera la primera vez que alguien en el país intentaba algo así cuando no lo era dejó al gobierno expuesto a una crítica que habría podido anticipar y absorber. Cualquier plan serio y consistente sobre Gobierno Digital posee una hoja de ruta y se asienta sobre un Consejo Consultivo Multiactoral para revisar eventuales errores y afirmar el anclaje social de los avances. El cuarto: datos sin protocolo El director Dávila anunció, casi al pasar, que los datos ingresados a ORI serán utilizados a modo de relevamiento para tomar medidas según las necesidades de la población. Esta es, potencialmente, una función valiosa: un sistema que produce información epidemiológica sobre la demanda en salud mental podría ser un insumo importante para la planificación de políticas. Pero esa función no fue parte central de la presentación oficial. Se mencionó en respuesta a las críticas, sin que estuvieran especificados los protocolos de almacenamiento, uso secundario, acceso ni eventuales cruces con otros sistemas estatales. El colectivo universitario lo puso en términos concretos: en una aplicación, todo dato puede ser almacenado, procesado y utilizado bajo condiciones no informadas sobre su transparencia. Esto implica riesgos concretos como pérdida de privacidad, uso de datos sensibles y ausencia de responsabilidad clínica directa. El Colegio de Psicólogos añadió otro ángulo: el secreto profesional, que en un vínculo terapéutico está regulado jurídicamente, no tiene equivalente claro en una aplicación estatal cuyas condiciones de confidencialidad no han sido publicadas. Una persona que le cuenta a ORI que su hijo tiene pensamientos de hacerse daño, ¿sabe quién más puede ver esa información? ¿En qué condiciones? ¿Con qué consecuencias? Estas no son preguntas paranoicas: son preguntas que cualquier profesional de salud mental haría antes de derivar a un paciente a cualquier recurso. El hecho de que no tengan respuesta pública disponible no es un problema técnico menor: es una condición que impide que los profesionales confíen en el dispositivo y lo integren a sus prácticas. Lo que el gobierno puede tener razón en decir Sería deshonesto no reconocer que el gobierno tiene razón en algunas cuestiones. La situación de la salud mental en la provincia es efectivamente delicada. La escasez de especialistas en el sistema público es real. La distancia entre donde hay profesionales y donde hay personas que los necesitan es un problema que los dispositivos territoriales convencionales no han podido resolver. En ese contexto, buscar herramientas que amplíen el alcance del sistema no es una ocurrencia: es una respuesta a una necesidad concreta. El propio Colegio de Psicólogos lo reconoce: la inteligencia artificial puede constituir una herramienta complementaria de utilidad en determinados contextos. No hay en los documentos críticos un rechazo a la tecnología como tal. Lo que hay es una demanda de proceso: que la herramienta sea diseñada con participación profesional, que sus límites sean reconocidos, que sus marcos éticos sean acordados, que su relación con el sistema de atención existente sea explícita. Solamente una instancia de supervisión y evaluación externa sobre uso de datos, seguridad, cuestiones éticas, etc. Garantía credibilidad. Universidades y profesionales competentes y destacados existen en la provincia: no alcanza con eventuales consultores contratados que llegar a transpolar experiencia externas. Gainza tiene razón en que hacer algo es mejor que no hacer nada. El problema es que la forma en que se hizo convirtió una herramienta que podría haber sido recibida con colaboración en un objeto de controversia. Y esa controversia tiene costos reales: erosiona la confianza en el dispositivo, dificulta que los profesionales lo integren a sus prácticas, y genera un debate público que consume energía política que podría haberse invertido con anterioridad en trabajar sobre el diseño. Lo que debería pasar ahora ORI existe. Ya fue lanzado. La discusión sobre si debió o no hacerse de esta manera tiene valor analítico para que no se repita, aunque no puede deshacerse lo que ocurrió. La pregunta útil es qué se hace a partir de aquí. Primero: el gobierno debería publicar la documentación técnica que todavía no es pública. Los protocolos de datos, los criterios de derivación, los marcos éticos, la especificación del corpus de entrenamiento. No como gesto de transparencia simbólica, sino porque sin esa información los profesionales de salud mental no pueden evaluar si vale la pena integrar ORI a sus prácticas, y los ciudadanos no pueden evaluar a qué se exponen cuando lo usan. Segundo: la convocatoria al Colegio de Psicólogos y a la UADER debería materializarse rápidamente y con un mandato real: no para que validen lo que ya está hecho, sino para que puedan modificar lo que todavía puede modificarse. Las orientaciones teóricas del algoritmo, los criterios de intervención en situaciones de crisis, los mecanismos de supervisión profesional especializada: todo eso puede ajustarse si hay voluntad política de incorporar los aportes. Tercero: el gobierno debería reconocer la brecha presupuestaria y plantear un horizonte de cierre de esa brecha. No porque ORI sea necesariamente un sustituto de la inversión, sino porque mientras esa brecha no sea reconocida explícitamente, cualquier innovación tecnológica en el campo seguirá siendo leída como lo que los críticos dicen que es: una forma de hacer visible la acción sin resolver el problema de fondo. Cuarto, y quizás lo más importante para el mediano plazo: la provincia necesita un plan de gobierno digital que sea público, coherente y conocido. Se evitaría sí que cada innovación tecnológica se justifique a sí misma como hito, y los actores profesionales, académicos, ciudadanos podrían evaluar cada herramienta dentro de una estrategia que tiene sentido. Sin ese marco, seguiremos repitiendo este ciclo: anuncio, controversia, gestión reactiva, legitimidad erosionada. Una última cuestión La salud mental no es un campo donde los errores de proceso sean inocuos. Una persona que llega a ORI en un momento de vulnerabilidad no es un usuario beta. Un adulto que consulta porque está preocupado por un adolescente no puede esperar a que el gobierno resuelva su discusión con el Colegio de Psicólogos. La urgencia que justificó el lanzamiento apresurado de ORI es la misma urgencia que hace que los errores de ese lanzamiento importen: porque las personas que este dispositivo pretende alcanzar son personas en situaciones difíciles, y merecen que las herramientas que el Estado les ofrece hayan sido pensadas con el cuidado que la situación exige. ORI podría llegar todavía a serlo. Pero para que lo sea, el gobierno tiene trabajar en base a 1) un Plan Integral de Gobierno Digital, 2) dejar de hacer anuncios parciales y en este caso no continuar defendiendo el lanzamiento y, 3) para este caso puntual empezar a mejorar el dispositivo. Son tres cuestiones distintas. Confundirlas sería el quinto error. (*) Ex titular del Concejo General de Educación (CGE), ex Defensor del Pueblo de Paraná, asesor de la seccional Santa Fe de la Unión del Personal Civil de la Nación (UCPCN), y ex titular de la Secretaría de Articulación Educativa de Entre Ríos (ad honorem).
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