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Parana » Ahora
Fecha: 28/03/2026 00:46
La Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales (FHAyCS) de la UADER manifestó su profunda preocupación frente al reciente anuncio del Gobierno de Entre Ríos sobre la implementación de ORI, una aplicación de inteligencia artificial orientada a la atención en salud mental. A través de un comunicado institucional emitido este viernes, la casa de estudios advirtió que este tipo de iniciativas no puede desarrollarse sin la participación de las universidades, los colegios profesionales y los organismos competentes. Asimismo, remarcaron de manera contundente que el sufrimiento psíquico requiere de intervenciones situadas, sostenidas en el tiempo, con presencia profesional, escucha calificada y construcción de lazo social, elementos que no pueden ser delegados en un software. Las autoridades universitarias señalaron que, si bien la tecnología puede funcionar como un recurso complementario, bajo ningún punto de vista debe reemplazar las prácticas profesionales ni las obligaciones indelegables del Estado en materia de políticas públicas de salud mental. En ese sentido, recordaron que la evaluación, el diagnóstico, el tratamiento psicoterapéutico y la prevención son actividades reservadas exclusivamente a los licenciados en Psicología, tal como lo establece la normativa vigente y la Ley Nacional de Salud Mental. Dudas sobre la regulación y los datos de los pacientes En otro tramo del duro documento, la Facultad planteó una serie de interrogantes urgentes sobre el funcionamiento del sistema impulsado por la gestión provincial: ¿Quién sostiene, regula y supervisa el funcionamiento de esta aplicación? ¿Cuál es el marco regulatorio y ético? ¿De qué modo se garantiza la confidencialidad y la protección de los datos personales?, cuestionaron. También preguntaron qué intervención tendrá el Órgano de Revisión en Salud Mental en la fiscalización de esta herramienta. Finalmente, desde la institución académica alertaron que buscar respuestas simplificadas a problemáticas complejas puede derivar en un proceso de precarización y deshumanización del cuidado, operando como una forma de desplazar la responsabilidad estatal. Por ello, instaron a fortalecer las políticas públicas mediante una mayor inversión en equipos profesionales interdisciplinarios y dispositivos territoriales, y se pusieron a disposición para contribuir al diseño de herramientas que verdaderamente garanticen el bienestar de la población.
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