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Parana » El Once Digital
Fecha: 28/03/2026 00:09
Imputaron por enriquecimiento ilícito a Manuel Adorni, Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación Argentina. El fiscal federal Gerardo Pollicita impulsó la acción penal tras una denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano, al considerar que existen elementos suficientes para profundizar la investigación. Según el escrito, la denuncia sostiene que el funcionario habría incrementado su patrimonio de una manera desproporcionada en relación con sus ingresos legítimos como funcionario público. En esa línea, se advierte un presunto desproporcional incremento patrimonial y severas discrepancias entre las declaraciones juradas. También se menciona la posible omisión de activos financieros y depósitos en el exterior, junto con la incorporación de fondos que habrían sido justificados mediante préstamos familiares, lo que ahora será analizado en detalle por la Justicia. Sospechas sobre patrimonio y bienes no declarados Entre los datos señalados, la fiscalía destacó que el patrimonio del funcionario habría experimentado un incremento del 500% en un único período fiscal, además de la declaración de dinero en efectivo en distintas monedas y un nivel significativo de endeudamiento. Otro punto clave de la imputación es la presunta existencia de un inmueble no declarado en el country Indio Cuá Golf Club, en la provincia de Buenos Aires. Según la denuncia, esta propiedad no figura en su Declaración Jurada Patrimonial Integral presentada ante la Oficina Anticorrupción. De acuerdo con el expediente, múltiples fuentes coincidentes señalan que Adorni y su pareja habrían estado vinculados a la construcción de esa vivienda, lo que evidenciaría una posible discordancia con la Declaración Jurada Patrimonial presentada ante la Oficina Anticorrupción. Medidas de prueba y alcance de la investigación Para avanzar en la causa, el fiscal solicitó una batería de doce medidas de prueba. Entre ellas, pidió informes a organismos nacionales y provinciales, registros de la propiedad, la ANSES y la Oficina Anticorrupción. También requirió detalles sobre la titularidad de inmuebles, vehículos y eventuales participaciones societarias, además de información sobre los supuestos préstamos familiares mencionados en la denuncia. Asimismo, se solicitó que la Oficina Anticorrupción remita copia de todas las declaraciones juradas del funcionario, incluyendo anexos reservados, con el objetivo de analizar la evolución de su patrimonio en los últimos años. Definición del juez y próximos pasos La causa quedó ahora a consideración del juez federal Ariel Lijo, quien deberá resolver si hace lugar a las medidas solicitadas por la fiscalía o si delega la investigación en el propio Pollicita. El objetivo es determinar si existe correspondencia entre los ingresos declarados por el funcionario y su patrimonio, o si, por el contrario, se registran inconsistencias que sustenten la imputación.
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