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» La Nacion
Fecha: 27/03/2026 12:49
Estudiantes chilenos protestan contra Kast en su primer desafío en las calles Las protestas estudiantiles y el alza de los combustibles anticipan una jornada de alto riesgo en la antesala del 29 de marzo - 4 minutos de lectura' SANTIAGO DE CHILE. Cuando faltan dos días del Día del Joven Combatiente, el gobierno de José Antonio Kast enfrenta un escenario de creciente tensión social, marcado por las protestas estudiantiles del jueves y el impacto del ajuste económico, en particular el fuerte aumento en el precio de los combustibles. Las movilizaciones, protagonizadas por miles de estudiantes en el centro de Santiago, funcionaron como una señal de alerta. Convocadas por organizaciones como la ACES y la Confech, avanzaron por la avenida Alameda hacia el ex Congreso Nacional y derivaron en algunos enfrentamientos con la policía, con cortes de tránsito, interrupciones en el metro y un amplio despliegue de seguridad en torno a Plaza Baquedano. El episodio dejó en evidencia el malestar frente al programa económico del Ejecutivo, que incluye un recorte del 3% en el gasto de los ministerios entre ellos Educación y una serie de medidas que afectan al sistema universitario, como la revisión de la gratuidad, la suspensión de becas en el exterior y un mayor control sobre el Crédito con Aval del Estado. Ese descontento se ve amplificado por el costo de vida. Esta semana, la nafta subió un 30% y el diésel un 60%, tras la reducción de subsidios en un contexto de alza internacional del petróleo. El gobierno defendió la decisión como parte de su política de austeridad. En este marco, la conmemoración del 29 de marzo aparece como un punto de alta sensibilidad. Históricamente, el Día del Joven Combatiente que recuerda a los hermanos Vergara Toledo, asesinados durante la dictadura ha estado marcado por protestas y episodios de violencia, lo que genera cada año un debate sobre su sentido y su forma de conmemoración. Será la primera vez que la administración de Kast enfrente esta fecha, en un contexto además atravesado por la memoria reciente del estallido social de 2019, cuando una protesta inicialmente vinculada al aumento del transporte derivó en una crisis política y social de gran escala, con semanas de movilizaciones, enfrentamientos y daños a la infraestructura pública. Desde sectores cercanos al gobierno, legisladores advirtieron sobre el riesgo de disturbios y pidieron una planificación anticipada para resguardar el orden público. La diputada Camila Mora (RN) alertó sobre un posible uso político del alza de los combustibles, mientras que la republicana Valentina Becerra sostuvo que la jornada no puede seguir siendo una excusa para que los delincuentes secuestren las calles. Otros dirigentes oficialistas apuntaron contra la impunidad y reclamaron evitar una nueva jornada de violencia, en un país aún marcado por los efectos del estallido. Desde la oposición, en cambio, el foco estuvo puesto en garantizar el derecho a la manifestación. El diputado comunista Luis Cuello sostuvo que el desafío es resguardar tanto el orden público como la libertad de reunión y de expresión. A su vez, el diputado Jorge Brito (Frente Amplio) cuestionó al gobierno por recortes presupuestarios que podrían afectar programas de seguridad, como el Plan Nacional contra el Crimen Organizado y el plan Calles Sin Violencia, lo que según advirtió podría agravar el escenario. El propio Kast buscó bajar el tono y pidió que las manifestaciones no afecten servicios esenciales. Sin embargo, el clima político se muestra cada vez más cargado. Las protestas del jueves, sumadas a la cercanía de una fecha históricamente conflictiva y a un contexto económico exigente, configuran un escenario delicado para el gobierno. Más que un episodio aislado, el 29 de marzo aparece como un termómetro de la capacidad del Ejecutivo para gestionar el orden público sin profundizar la tensión en una sociedad que ya conoce los costos de una escalada en las calles. Agencias AFP, AP y Emol
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