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  • Elecciones presidenciales en Perú: 35 candidatos y ninguno supera el 10% de intención de voto

    Concordia » Hora Digital

    Fecha: 27/03/2026 12:29

    Perú se enfrenta a unas elecciones presidenciales marcadas por una fragmentación política sin precedentes: 35 candidatos compiten y ninguno alcanza más del 10% de intención de voto. La ex primera ministra Mirtha Vásquez advierte que este fenómeno no demuestra más democracia, sino reglas mal hechas y manipuladas. En una entrevista en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190), explicó que el próximo presidente podría asumir sin un respaldo real, ya que los dos que van adelante no llegan al 10% y las opciones electorales son ofertas de candidatos que en realidad nadie respalda. Vásquez es abogada, docente y política peruana, reconocida por su defensa de los derechos humanos y del medio ambiente. Fue presidenta del Consejo de Ministros durante el gobierno de Pedro Castillo, desde octubre de 2021 hasta finales de 2022. Actualmente, es candidata al Senado por la organización política Ahora Nación, para las elecciones del 12 de abril próximo. Consultada sobre la paradoja entre la estabilidad económica y la inestabilidad política en Perú, Vásquez explicó que el país ha sufrido un deterioro profundo en su sistema político desde la época de Fujimori, cuando se atacó el sistema de partidos. Esto ha generado un escenario donde predominan agrupaciones electorales sin legitimidad real, e incluso existen organizaciones que se asemejan a estructuras criminales. La debilidad de los partidos provoca una representación irreal de la población y constantes conflictos de intereses que derivan en la caída frecuente de presidentes, gabinetes y congresos, alimentando la inestabilidad. Además, Vásquez señaló que el estado de derecho y la Constitución han sido manipulados para favorecer a ciertos sectores, lo que también contribuye a la inestabilidad política. Actualmente, se discute la necesidad de una nueva Constitución que represente un pacto social genuino. En cuanto a la economía, Perú mantiene cierta estabilidad gracias a un modelo exportador de materias primas y a factores internacionales, como el aumento de los precios de los minerales, aunque esta situación es coyuntural y frágil. Sobre la estabilidad monetaria, Vásquez destacó que la independencia del Banco Central de Reserva, establecida en la Constitución de 1979 y consolidada en los años posteriores, ha sido un factor clave para evitar crisis inflacionarias como las ocurridas en la época de Alan García. Esta política ha permitido mantener un relativo equilibrio monetario a pesar del caos político. Respecto a la gran cantidad de candidatos presidenciales, Vásquez calificó la situación como un caos que refleja reglas electorales mal diseñadas y manipuladas. La eliminación de las elecciones primarias ha permitido que los dueños de los partidos impongan candidatos sin legitimidad. La dispersión política dificulta que los ciudadanos conozcan las propuestas y convierte los debates en espacios de ataques personales más que en discusiones de ideas. Incluso se ha registrado violencia física, como el caso del candidato Gilberto Infante, quien falleció tras un incidente violento en un acto de campaña, aunque las investigaciones recientes apuntan a un intento de robo y no a un asesinato político. La fragmentación también genera problemas de legitimidad para el gobierno que resulte electo, ya que incluso en segunda vuelta los candidatos no cuentan con un respaldo mayoritario significativo. Esto se traduce en gobiernos con escaso apoyo social y en una constante ingobernabilidad, con frecuentes enfrentamientos entre el Ejecutivo y el Congreso que terminan en la destitución de presidentes. Sobre la influencia de la política argentina, Vásquez afirmó que en Perú se sigue con atención lo que ocurre en países vecinos. Se habla de la buquelización de la política, en referencia al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y algunos observan con interés las propuestas económicas de Javier Milei en Argentina. Sin embargo, también se reconoce la existencia de contrapesos institucionales en Argentina que dificultan la imposición absoluta de políticas, y se reflexiona sobre cómo equilibrar el crecimiento económico con la protección de derechos sociales.

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