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Fecha: 27/03/2026 11:23
El Gobierno nacional avanzó con una sanción inédita contra un buque pesquero extranjero que operaba ilegalmente en aguas argentinas, consolidando un nuevo esquema de control basado en tecnología y monitoreo remoto. Se trata del Bao Feng, de bandera de la República de Vanuatu, que fue multado con más de $1260 millones tras ser detectado pescando dentro de la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA), sin necesidad de que mediara su captura física. Leé también: Por la caída de la superficie sembrada, productores de papas proyectan mejores precios para esta campaña Leé también: ¿De robo a estafa?: giro inesperado en una causa por desaparición de animales de un influencer del agro El procedimiento se inició el pasado 10 de enero, cuando la Prefectura Naval Argentina (PNA), en el marco de un operativo coordinado con la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca, logró identificar la presencia del buque mediante el Sistema Guardacostas. Esta herramienta tecnológica permitió determinar que la embarcación permaneció durante aproximadamente una hora y media dentro de la ZEEA, navegando a una velocidad inferior a los 4 nudos, un indicador típico de maniobras de pesca. Un antecedente que redefine la vigilancia en el Atlántico Sur La información recolectada fue posteriormente validada a través de la plataforma Skylight, un sistema de monitoreo satelital que permitió robustecer las pruebas y avanzar en el proceso sancionatorio. Según detallaron desde la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGyP), la articulación entre ambos organismos resultó clave para lograr una intervención efectiva sin la necesidad de interceptar físicamente al buque, algo que históricamente representaba un desafío operativo en aguas abiertas. Leé también: La importación de fertilizantes marcó su segundo mayor volumen del siglo en 2025 El caso del Bao Feng se convierte así en un antecedente relevante en materia de control pesquero, ya que por primera vez se concreta el cobro de una multa de esta magnitud basada exclusivamente en evidencia electrónica. Este cambio de paradigma permite ampliar la capacidad de fiscalización del Estado argentino sobre su extensa plataforma marítima, en un contexto donde la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) representa una de las principales amenazas para la sostenibilidad de los recursos ictícolas. Leé también: El Congreso activa las comisiones de Agricultura con nuevas conducciones Fuentes oficiales señalaron que este tipo de acciones se enmarcan en una política de tolerancia cero frente a las incursiones ilegales en el Atlántico Sur, donde flotas extranjeras suelen operar en los límites de la milla 200. En ese sentido, destacaron que la incorporación de nuevas tecnologías y el fortalecimiento de los sistemas de vigilancia permitirán mejorar la detección temprana y la aplicación de sanciones más eficaces. Además del impacto económico de la multa, el Gobierno busca enviar una señal clara a la comunidad internacional sobre la defensa de sus recursos naturales. La medida no solo apunta a desalentar futuras infracciones, sino también a posicionar a la Argentina como un país con capacidad de control y regulación en sus aguas jurisdiccionales. Leé también: Expoagro, un modelo maduro Con este antecedente, las autoridades confían en que el uso de herramientas digitales y la cooperación interinstitucional marcarán el rumbo de una nueva etapa en la protección del mar argentino, donde la tecnología comienza a reemplazar la necesidad de operativos costosos y complejos, sin resignar eficacia en la aplicación de la ley.
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