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Parana » AIM Digital
Fecha: 27/03/2026 08:53
El Gobierno nacional presentó en el Congreso una iniciativa para avanzar en la derogación de más de cien normas vigentes, bajo el nombre de ley hojarasca, con el objetivo de reducir la burocracia y simplificar el entramado regulatorio. La propuesta, impulsada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, retoma un proyecto previo que había perdido estado parlamentario y amplía su alcance. El texto plantea una revisión integral de la legislación vigente, incluyendo normas que datan desde el siglo XIX hasta la actualidad, consideradas superadas, redundantes o en contradicción con principios constitucionales. Según el mensaje oficial, la iniciativa apunta a reafirmar la libertad individual y cuestiona el crecimiento de la regulación estatal durante el siglo XX. Entre los fundamentos, se sostiene que muchas leyes vigentes responden a contextos históricos ya inexistentes o fueron reemplazadas por marcos normativos más modernos. En esa línea, el proyecto propone eliminar regulaciones vinculadas a organismos que ya no funcionan, disposiciones tecnológicamente obsoletas y normas que, según el Ejecutivo, generan trabas innecesarias para la actividad económica. El alcance de la iniciativa incluye también leyes de fuerte contenido político e institucional, algunas de ellas dictadas durante gobiernos de facto. A su vez, se cuestionan normativas que implican financiamiento estatal a determinadas entidades, proponiendo que continúen operando sin aportes del Estado nacional. En el plano económico, el proyecto se inscribe en la estrategia oficial de desregulación, con el argumento de que la simplificación normativa puede reducir costos, mejorar la competitividad y favorecer la inversión. Sin embargo, la propuesta abre un debate sobre el alcance de la revisión legislativa y sus posibles efectos en áreas sensibles de la regulación estatal. Desde el Gobierno se aclara que la derogación de estas normas no implicaría la pérdida de derechos adquiridos ni la generación de vacíos regulatorios, ya que muchos de los objetivos de las leyes alcanzadas serían cubiertos por marcos normativos vigentes o por estructuras administrativas más modernas.
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