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» Clarin
Fecha: 26/03/2026 21:41
En medio de la polémica generada por el gran casamiento en la Quebrada de las Conchas, un área protegida en Cafayate, el gobierno de Salta aseguró este jueves que la autorización que la pareja presentó como respaldo a la utilización del lugar no es auténtica. Ante ello, llevó el caso a la justicia que inició una investigación para esclarecer lo sucedido y denunció a la mujer que se adjudicó la pertenencia del predio por la presunta falsificación de una firma en el documento en cuestión. En el caso intervino la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, tras la circulación de un documento apócrifo vinculado a la supuesta autorización de un evento privado en el espacio situado en la ruta nacional 68. La Secretaría, que depende del Ministerio de Producción y Minería salteño, constató que el instrumento en cuestión no fue emitido por el organismo competente. En este contexto, las autoridades presentaron una denuncia a fin de resguardar la legalidad de los actos administrativos y proteger un área de alto valor ambiental de la provincia. La historia salió a la luz luego de que se viralizara una imagen del predio intervenido para la celebración. Las fotos fueron compartidas por la pareja que se casó, integrada por Nicole Pocoví y Federico Maran, a través de Instagram. También en las redes sociales, una usuaria identificada como Lucía Grajales Soriano dijo ser la propietaria de una vivienda ubicada en el lugar y afirmó que el evento se trató de una boda familiar A raíz de la difusión que tuvo el tema, la Municipalidad denunció que la actividad no habría contado con los permisos correspondientes. "Se trata de un área protegida, por lo que su uso está sujeto a normativas específicas para su preservación", mencionó en su comunicado el municipio. En ese sentido, el Gobierno salteño aclaró este jueves que las actividades en áreas naturales protegidas están amparadas en la Ley 7.070 de Protección del Medio Ambiente y la Ley 7.107 del Sistema Provincial de Áreas Protegidas. Las normas establecen que cualquier intervención debe cumplir una evaluación de impacto ambiental previa, con documentación técnica y verificación de las condiciones del sitio. En tanto, recordaron que ese tipo de autorizaciones sólo tienen validez si son emitidas a través de los canales administrativos oficiales y cuentan con respaldo técnico y jurídico y enfatizaron en que la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable "no emite permisos mediante documentos informales ni mediante firmas insertas en imágenes o piezas no oficiales". La causa quedó en manos de la fiscal Penal de Cafayate, Sandra Rojas, que investiga un posible delito relacionado al permiso que habría sido presentado como válido y cuya autenticidad se encuentra en duda. Además de la intervención del Ministerio Público Fiscal de Salta (MPFS), la Unidad Fiscal Contravencional también dio directivas en torno a la realización del evento sin contar con la autorización administrativa exigida. Ambas intervenciones avanzan de manera coordinada con el objetivo de establecer las responsabilidades que pudieran corresponder, tanto en el plano penal como contravencional, en resguardo del orden público y la protección ambiental, detalla el MPFS. Newsletter Clarín
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