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Parana » AnalisisDigital
Fecha: 26/03/2026 12:53
Juan Pablo Cerini La creación del Régimen de Incentivo a las Medianas Inversiones (RIMI) es una noticia que el sector productivo debe celebrar. Es el reconocimiento de que, para que Argentina crezca, no sólo necesitamos a los grandes jugadores sino también a las pymes. Sin embargo, cuando bajamos el entusiasmo al Excel aparece una distorsión que duele: la discriminación al sector agropecuario. El RIMI, aprobado dentro de la Ley de Reforma Laboral, se basa en un laberinto de umbrales y escalas. Para acceder a los principales incentivos del régimen, una empresa debe invertir un monto mínimo que depende de cómo ha sido clasificada según el volumen de su facturación y el sector en el que se encuentra. Estas escalas fijan topes de facturación considerablemente más bajos para el sector agropecuario que para los demás, lo que significa que muchos productores no podrán adherirse al RIMI. El problema no es el régimen en sí, sino la regla con la que se mide el tamaño de una empresa: la Ley PyME. Según los topes de facturación vigentes, actualizados por resolución de la Secretaría PyME el año pasado, una empresa minera o industrial se considera Pequeña si factura hasta 7 mil millones de pesos. En cambio, una empresa agropecuaria deja de serlo si supera los 2,4 mil millones de pesos. La diferencia de topes es de más del triple. La distinción es importante para el RIMI. Una empresa Pequeña puede acceder a los incentivos si invierte al menos 600.000 dólares, mientras que una Mediana Tramo 1 tiene que invertir al menos 3.500.000 dólares. Ni hablemos si pasa de Mediana tramo 1 a Mediana tramo 2 que el umbral de inversión es de 9.000.000 de dólares. Por eso, un proyecto agroindustrial de escala intermedia queda rápidamente atrapado entre las categorías más altas de la ley y tiene que invertir un monto tres veces mayor para adherir al RIMI. Si relacionamos la inversión requerida con la facturación techo, la injusticia es más evidente. La relación de inversión sobre facturación en el agro supera en todas las escalas el 30% y alcanza más del 50% en la parte más alta. En industria y comercio, esa relación está siempre debajo del 20%. Los incentivos más importantes del RIMI son la amortización acelerada y la devolución del IVA, dos medidas que reducen la carga fiscal para las empresas que realizan inversiones productivas. La nueva ley está diseñada para fomentar las inversiones en el sector PyME, un sector económico que no había sido alcanzado por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, al que accedían empresas que invirtieran más de 200 millones de dólares. De la agricultura extensiva a la bioagroindustria La distorsión de la ley PyME nace de un prejuicio legislativo de la década del 90, la idea de que el "Agro" es sólo agricultura y ganadería extensiva con baja generación de empleo. Nada más alejado de la realidad de 2026. Hoy estamos ante lo que analistas como el Ing H. Huergo llaman la Vaca Viva de Argentina. Ya no hablamos sólo de sembrar y cosechar; hablamos de bioagroindustria. Es un sector que invierte en agregado de valor en origen, en biotecnología, en riego de precisión y en economía circular, que generan trabajo, arraigo y desarrollo local en nuestras provincias. Cuando una PyME agroindustrial decide invertir en una planta de extrusado, en una granja porcina tecnificada o en una planta de biogás, no está haciendo "campo tradicional"; está haciendo industria de vanguardia. Exigirle un esfuerzo inversor significativamente mayor que a otros sectores es quitarle el combustible a la Revolución de las Pampas que viene llevando adelante el agro en los últimos 20 años. El RIMI es una herramienta muy potente para recuperar la tan golpeada microeconomía. Pero su efectividad real dependerá de los detalles de su implementación. No podemos sostener un viraje a una economía de mercado si mantenemos escalas que discriminan y eligen ganadores y perdedores. Si queremos que Argentina sea elegible para invertir, hay que ubicar al sector agropecuario como uno de los principales motores de innovación y arraigo del interior. El Gobierno tiene en estos días la oportunidad de corregir la asimetría actualizando las escalas de facturación y equiparando al agro con la industria y minería. Esto no sólo borraría un privilegio de algunos sectores por encima de otros, sino también ayudaría a que nuestra "Vaca Viva" se despliegue al mismo ritmo que Vaca Muerta.
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