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Parana » Informe Digital
Fecha: 26/03/2026 12:25
El juez de Garantías Mariano Budasoff rechazó este jueves nuevos planteos defensivos de los imputados Sergio Urribarri y Diego Armando Cardona Herreros en la causa por enriquecimiento ilícito. La decisión se tomó en el marco de las audiencias destinadas a definir el pedido del Ministerio Público Fiscal (MPF) de elevar el expediente a juicio. Las resoluciones judiciales comenzaron a notificarse el miércoles, luego de que las defensas presentaran sus escritos hace alrededor de 15 días. El exgobernador Sergio Urribarri y el empresario paraguayo Diego Armando Cardona Herreros están investigados en este nuevo legajo por el presunto enriquecimiento ilícito del primero y la participación del segundo en ese delito. Ambos son además coimputados en otra causa, junto a otros exfuncionarios, donde se investigan supuestas coimas o dádivas vinculadas a varias licitaciones públicas durante las gestiones urribarristas en la provincia. Rechazo de planteos Budasoff rechazó varios planteos que apuntaban a alegar una supuesta vulneración de derechos de los imputados y peticiones de exclusión de pruebas. Este jueves completó la serie de resoluciones con nuevas denegaciones. Entre otros puntos, resolvió sobre el pedido de exclusión del contenido de un teléfono celular cuyo secuestro no figura en actas de allanamiento ni en cadenas de custodia, planteo presentado por el abogado José Velázquez, defensor de Cardona Herreros. Velázquez sostuvo que la Fiscalía atribuye al empresario conversaciones almacenadas en ese equipo. El juez rechazó la exclusión y avaló el criterio de la Fiscalía, que explicó que el dispositivo en cuestión no fue incautado porque su contenido estaba respaldado en el back up de una computadora secuestrada en forma debida. Budasoff señaló que los back up son respaldos que se usan regularmente. La información no queda sobre soporte físico, sino en nubes. Es información que puede ser recuperada, visualizada, sin necesidad de contar con los dispositivos electrónicos, y recordó además la autorización del entonces juez de Garantías durante la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Mauricio Mayer, para extraer todo el contenido almacenado en dispositivos electrónicos y hallazgos en nubes de respaldo. No corresponde hacer lugar al pedido de exclusión, remarcó. El magistrado también rechazó un planteo para excluir informes telefónicos que forman parte de la prueba de la acusación, presentado por el abogado Miguel Cullen, defensor de Urribarri. Cullen había solicitado además la exclusión de dos testimoniales, que fue igualmente desestimada en la última resolución. La causa En noviembre de 2023, el Ministerio Público Fiscal pidió la remisión a juicio oral de la causa por enriquecimiento que involucra a Urribarri. El exgobernador, que ya fue condenado a ocho años de prisión en el marco del megajuicio, enfrenta además un pedido de elevación a juicio en otra causa por coimas, donde la Fiscalía solicitó una pena de 10 años. Los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano remitieron la investigación por enriquecimiento con un requerimiento de pena de 5 años y 6 meses de prisión para Urribarri. Para el empresario Diego Armando Cardona Herreros, pidieron 5 años de prisión efectiva; y para Rubén Ángel Martínez, 3 años de prisión en cumplimiento condicional. Sin embargo, Martínez, un jubilado de más de 70 años, quedó fuera del juicio oral en mayo de 2024: el juez de Garantías Julián Vergara homologó un acuerdo de suspensión de juicio a prueba (probation) por un plazo de 3 años. A Urribarri se le atribuye no haber podido justificar un incremento patrimonial por 7 millones de dólares, maniobras en las que habría participado el empresario Diego Armando Cardona Herreros, titular de Relevamiento Catastrales SA contratista del Estado entrerriano durante las gestiones urribarristas y, en menor medida, Martínez. A Martínez se le imputó que en 2011 compró un vehículo a su nombre y luego gestionó una tarjeta azul para que pudiera disponer del mismo uno de los hijos del exgobernador, Mauro Urribarri, y la esposa del exmandatario, Ana Lía Aguilera. Además, se le atribuyó haber colaborado con el enriquecimiento al posibilitar el ingreso al país de obras de arte traídas de Europa con destino a la familia Urribarri.
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