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Concordia » Libre Entre Rios
Fecha: 25/03/2026 10:33
Objeciones de legalidad en la ordenanza de emergencia ambiental: el duro planteo de Compromiso por Concordia La agrupación política Compromiso por Concordia presentó un duro documento en el que enumera una serie de objeciones de legalidad en la ordenanza de emergencia ambiental sancionada por el Concejo Deliberante. El escrito, que cuenta con el respaldo de equipos técnicos jurídicos y contables, advierte sobre la falta de fundamentación de la emergencia y cuestiona el mecanismo de contratación directa que habilita casi 28.800 millones de pesos con escasos controles. A menos de una semana de la sanción de la emergencia ambiental en Concordia, la agrupación política Compromiso por Concordia elevó el tono del debate institucional. Mediante un comunicado oficial, la agrupación señaló una serie de objeciones de legalidad en la ordenanza de emergencia ambiental aprobada sobre tablas por el Concejo Deliberante, exigiendo al Departamento Ejecutivo que suspenda las contrataciones directas y revea una norma que, a su criterio, desnaturaliza la figura de la emergencia. El documento, difundido este miércoles, está firmado por referentes como el Cr. Álvaro E. Sierra, la Lic. Silvia Dri, el Dr. Pablo Lapiduz y la Dra. Victoria Gallo, entre otros. Según el texto, el análisis de los equipos técnicos jurídicos y contables de la agrupación revela que la ordenanza presenta graves objeciones de legalidad, razonabilidad y constitucionalidad parcial, especialmente por las facultades extraordinarias otorgadas al Ejecutivo para contratar en forma directa y reorganizar el servicio público de recolección de residuos. Falta de fundamentos y una ley provincial incumplida Uno de los ejes centrales del planteo de Compromiso por Concordia es que la declaración de emergencia carece de la fundamentación técnica y objetiva que exige la ley. Toda declaración de emergencia exige una fundamentación suficiente, concreta y objetiva, y en este caso esa exigencia no se cumplió. La emergencia no puede ser una consigna vacía ni una excusa genérica para desplazar los mecanismos ordinarios de contratación, sostiene el texto. A esto se suma una crítica por la posible inobservancia de la Ley Provincial N.º 10.311, que regula la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos en Entre Ríos. Según la agrupación, la norma provincial exige el cumplimiento de un Plan de Gestión Integral, autorización provincial y un cronograma de erradicación de basurales, requisitos que no surgen de la ordenanza sancionada. Contratación directa por $28.800 millones y una concesión sin licitación Uno de los puntos más críticos del comunicado apunta al régimen económico y administrativo que habilita la norma. Sobre una base que consideran endeble, la ordenanza permite un mecanismo de contratación directa por excepción para disponer de casi $28.800 millones con controles mínimos y objeto de gasto indefinido, según detallaron desde Compromiso por Concordia. La contratación directa, en derecho público, es siempre una herramienta excepcional, de interpretación restrictiva y aplicación limitada, y que no puede transformarse en un mecanismo alternativo para manejar un servicio público esencial, advierte el documento. Pero la crítica no se detiene allí. El texto también señala que la emergencia, declarada por un año, se utiliza como paraguas para proyectar una reorganización estructural del sistema por hasta seis años, incluyendo una eventual concesión del servicio sin licitación pública. Una concesión de seis años sin licitación es jurídicamente vulnerable y los contratos firmados bajo ese paraguas podrían ser declarados nulos, con responsabilidad personal para quienes los suscriban, enfatiza el comunicado, calificando el accionar como una desnaturalización de la figura de emergencia. Una empresa operando sin contrato y un pedido de suspensión En un tramo que eleva la tensión con el municipio, la agrupación denunció que, según información pública y elementos relevados, una empresa privada ya estaría prestando servicios en la ciudad sin que se conozca públicamente la formalización completa de la contratación directa. Este dato se condice con las denuncias realizadas por la concejal Carolina Amiano, quien aseguró que camiones de la empresa Vitsa ingresaron a Concordia horas antes de la sesión en la que se aprobó la ordenanza. Ante este escenario, Compromiso por Concordia instó a la Municipalidad a suspender de inmediato toda prestación privada que no cuente con contratación legal perfeccionada y a abstenerse de profundizar la tercerización hasta que se revise integralmente la legalidad de la ordenanza. Seis preguntas sin respuesta que el municipio debe contestar En un intento por aportar claridad al proceso, la agrupación listó seis puntos sobre los que exige información precisa al Departamento Ejecutivo: 1. La fecha exacta de formalización de la contratación directa. 2. El acto administrativo concreto que dispuso dicha contratación. 3. Los funcionarios intervinientes en cada etapa. 4. Los nombres y cargos de todos los funcionarios que firmaron los actos vinculados a la autorización y pago. 5. Si la empresa comenzó a prestar servicios antes de la formalización legal. 6. La documentación respaldatoria completa del procedimiento. Ni estatistas ni privatizadores El comunicado cierra con una definición política de la agrupación, buscando alejarse de las discusiones dogmáticas. No planteamos una discusión dogmática entre Estado y privados. No somos ni estatistas ni privatizadores, aclaran, para luego sentenciar que lo central es que las políticas públicas se ejecuten con legalidad, transparencia y eficiencia. La basura no se resuelve con improvisación. Y la emergencia no puede ser un cheque en blanco, concluye el documento, mientras el oficialismo defiende la medida como una herramienta necesaria para mejorar la eficiencia de un servicio con deficiencias crónicas y el sindicato de empleados municipales mantiene un estado de conflicto por la reestructuración.
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