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Parana » AnalisisDigital
Fecha: 24/03/2026 10:55
En octubre de 1991, el teniente coronel informante Jorge Raúl Farizano -en su rol de instructor militar del Ejército Argentino- emprendió un viaje que preferiría olvidar. Debía trasladarse hasta Paraná, a una casa que conocía de referencias pero nunca había visitado, para tomarle declaración a un teniente coronel que, a sus 49 años, se encontraba postrado en su domicilio. El instructor (que aún vive, a sus 80 años, en Santo Tomé, Corrientes) sabía poco del hombre al que iba a entrevistar, salvo que había sido condecorado por Cristino Nicolaides en persona durante la dictadura y que ahora tramitaba una pensión por "neurosis de guerra". Lo que no sabía lo que nadie en el Ejército podía imaginar es que estaba a punto de registrar uno de los documentos más explosivos del terrorismo de Estado argentino. Eduardo Francisco Stigliano había nacido en Paraná y era hijo de una familia conocida en la ciudad. Su suegra, cuyo apellido de soltera era Bouzada, había regentado durante años el Hotel España en la calle 25 de Junio, el mismo que más tarde se transformaría en una galería comercial frente al Teatro 3 de Febrero. Era un establecimiento respetable donde todos se conocían, donde las biografías se tejían con la paciencia de las décadas y donde nadie podía imaginar que uno de los yernos de la señora Bouzada se convertiría en uno de los represores más letales de la dictadura militar. El joven Eduardo había cursado la escuela primaria en Paraná antes de partir al Liceo Militar de Santa Fe y, posteriormente, al Colegio Militar de la Nación en Buenos Aires. Era una trayectoria militar convencional, la de un muchacho entrerriano que eligió la carrera de las armas en tiempos en que esa profesión todavía gozaba de cierto prestigio social. Se casó con María Teresa Arteaga, una mujer de "buena familia" con importantes inversiones inmobiliarias en la provincia, y con ella tuvo cuatro hijos varones. La pareja aparentaba normalidad, esa fachada de respetabilidad que muchos militares de su generación cultivaban mientras ejecutaban lo inconfesable. A mediados de los años setenta, cuando ya había alcanzado el grado de capitán, Stigliano demostró tener algo más que ambición militar: tenía lo que en el Ejército llamaban "sentido práctico". Su cuñado Florencio Arteaga, hermano menor de su esposa, era un muchacho sin oficio ni ocupaciones conocidas. Stigliano vio en él una oportunidad. A fines del gobierno de Isabel Perón, Florencio ya vivía con la pareja en la capital, y fue entonces cuando el militar le hizo una propuesta que sonaba a salvación: un trabajo en el Batallón de Inteligencia 601 del Ejército como agente civil. "Es una buena oportunidad laboral. No la desaproveches, que acá no hay una segunda oportunidad", le dijo con aire paternal. Florencio aceptó con beneplácito. Nunca sabría o quizás prefirió no saber que estaba ingresando a una de las estructuras más siniestras del aparato represivo argentino. El bautismo de sangre El 26 de marzo de 1976, apenas dos días después del golpe militar, el flamante capitán Stigliano recibió su primera herida "en combate". La historia clínica del Hospital Militar consigna con precisión burocrática: "herida en hombro derecho con proyectil 9 milímetros de punta hueca, que le ingresa por detrás y le sale por la región deltoidea anterior, en circunstancias que el causante cumplía una misión de combate ordenada contra la subversión". Ese día, Stigliano actuaba como interventor militar de la comisaría de Escobar, donde prestaba servicios un joven oficial que años después se haría tristemente célebre: Luis Patti. El capitán encabezó un operativo en una casa de esa localidad del Gran Buenos Aires. Desde el interior de la vivienda le dispararon esa bala que atravesó su hombro. Nunca se conoció la identidad de los ocupantes de la casa ni el destino que corrieron, pero el sumario militar del 3 de agosto de 1979 reveló quiénes acompañaron a Stigliano en aquella incursión: el teniente Carlos Subiría, el cabo primero Villarreal y el cabo Juan Koval, junto a efectivos policiales. "Es una buena oportunidad laboral. No la desaproveches, que acá no hay una segunda oportunidad". Lo que sí quedó registrado es que Stigliano no volvió a ser el mismo. O quizás, simplemente, se convirtió en lo que el sistema militar esperaba que fuera. Para 1979, ya ascendido y con tres años de experiencia represiva, Stigliano comandaba la Sección de Operaciones Especiales (SOE) del Comando de Institutos Militares, con base en Campo de Mayo. Era un grupo de tareas hasta entonces desconocido, un equipo especializado en la "caza" de militantes de Montoneros que intentaban regresar al país en lo que la organización había denominado "la Contraofensiva". El 17 de septiembre de 1979, Stigliano y su patota prepararon una emboscada en el estacionamiento de un supermercado en la localidad de Munro. Los blancos eran dos pesos pesados de Montoneros: Horacio Mendizábal, integrante de la conducción nacional, y Armando Croatto, exdiputado peronista que encabezaba el brazo sindical de la organización. Ambos esperaban en el estacionamiento a un compañero, Jesús María Luján Vich, sin saber que éste había caído en manos del Ejército dos días antes. Los represores llevaron a Luján Vich, después de terribles torturas, al lugar de la cita. Tenían todo calculado: la sorpresa, la superioridad numérica, el elemento de shock. Lo que no imaginaron fue que Luján Vich, en un último acto de lealtad que le costaría la vida, saltaría del auto para malograr la emboscada con un grito desesperado: "¡Es una trampa!" Se armó un tiroteo. Mendizábal y Croatto murieron acribillados. Luján Vich también. Pero en medio del fuego cruzado, una esquirla de granada perforó la mano derecha del capitán Stigliano. La historia clínica del Hospital Militar volvió a registrar la herida: "perforación en la mano derecha por esquirla de granada en circunstancias en que el causante cumplía una misión de combate ordenada contra la subversión". Dos días después, el 2 de octubre de 1979, los sargentos Roberto Ramos y Adrián Barberis declararon ante un sumariante militar sobre el percance sufrido por su jefe. Ese mismo expediente terminaría siendo clave años después: en él figuraba la felicitación del general Cristino Nicolaides al capitán Stigliano "por su mérito al combate". En el legajo aparecía anotado a lápiz: "1 sobre 25", lo que significaba que Stigliano era uno de veinticinco oficiales especialmente condecorados por el jefe del Comando de Institutos Militares. El Ejército, como siempre, premiaba a sus asesinos más eficientes. En marzo de 1980, el ya mayor Stigliano recibió una misión que lo llevaría fuera del país. La inteligencia militar argentina había detectado que dos cuadros importantes de Montoneros volarían desde México a Río de Janeiro: Horacio Domingo Campiglia, nada menos que el responsable de la inteligencia montonera (apodado "Petrus"), y Mónica Susana Pinus de Binstock. Ambos formaban parte de la segunda oleada de la Contraofensiva y planeaban ingresar a Argentina por vía terrestre desde Brasil. La coordinación represiva del Plan Cóndor funcionó con precisión de relojería suiza. Un documento desclasificado de la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires, fechado el 7 de abril de 1980, reconstruye lo sucedido a partir de una entrevista entre James Blaystone oficial de seguridad de la embajada y el agente del Batallón 601, Julio Cirino: "Ante la información de que Campiglia haría escala en Río de Janeiro, la Inteligencia militar argentina contactó a un colega de la Inteligencia militar brasileña para capturarlo. Brasil otorgó el permiso y un equipo especial de agentes argentinos voló a Río en un avión C130 de la Fuerza Aérea bajo el mando del teniente coronel 'Román'". "Román" era el alias operativo de Eduardo Stigliano. El 12 de marzo de 1980, cuando Campiglia y Pinus descendieron del avión en el aeropuerto de Galeão en Río de Janeiro, los estaban esperando. Fueron bajados a golpes por una patota mixta de argentinos y brasileños. Del lado brasileño, el operativo estaba comandado por el coronel Paulo Malhaes y el mayor Enio Pimentel da Silveira. Del lado argentino, Stigliano llevaba la voz cantante. Los dos montoneros fueron envueltos en lonas, arrojados al piso de un camión militar y trasladados inmediatamente al avión C-130 Hércules que aguardaba en otra pista del aeropuerto. Volaron directamente a Campo de Mayo. Campiglia y Pinus jamás volverían a ser vistos con vida. Lo que ocurrió en las semanas siguientes quedó registrado en documentos militares que sólo saldrían a la luz décadas después. Campiglia fue recluido en "El Campito", el centro clandestino de detención que funcionaba dentro de Campo de Mayo. Stigliano, en su confesión de 1991, revelaría un detalle escalofriante: el general Leopoldo Fortunato Galtieri visitó personalmente El Campito para "dialogar con el delincuente subversivo 'Petrus'". Su propósito era conocer a su enemigo en cautiverio, observar de cerca al hombre que había dirigido la inteligencia montonera. Galtieri se dio el gusto de su visita turística al horror. Campiglia desapareció poco después. La Operación Murciélago, como se bautizó a este operativo transnacional, concluyó con la captura de otros trece militantes que regresaban al país. En total, quince personas fueron secuestradas en Brasil y trasladadas clandestinamente a Argentina. Ninguna sobrevivió. Por este asunto, años después, un grupo de militares encabezados por Cristino Nicolaides sería condenado a prisión perpetua. Galtieri no estuvo entre ellos: la muerte lo alcanzó en 2003, eximiéndolo de ocupar el banquillo. Pero en 1980, Stigliano y sus camaradas regresaron triunfantes de Brasil. Habían cumplido. Habían matado. Habían sido eficientes. El Ejército los condecoró nuevamente. Los vuelos de la muerte Lo que ningún superior sabía es que, mientras acumulaba condecoraciones, algo se estaba quebrando en el interior del capitán Stigliano. Las pesadillas habían comenzado temprano, quizás después de aquella primera herida en Escobar. Pero con cada operativo, con cada secuestro, con cada ejecución, las imágenes nocturnas se volvían más vívidas, más persistentes. Como jefe de la Sección de Operaciones Especiales de Campo de Mayo, Stigliano no sólo comandaba las patotas que salían a cazar militantes. También coordinaba el método de desaparición final. Y ese método tenía nombre y apellido: los vuelos de la muerte. Años después, en su confesión administrativa de 1991, Stigliano escribiría con letra temblorosa pero precisa: "Las prácticas concretas que afectan al suscripto están referidas virtualmente al método ordenado para la ejecución física de los subversivos prisioneros, a los cuales sin ningún tipo de juicio de defensa, se me ordenaba matarlos a través de los distintos médicos a mis órdenes con inyecciones mortales de la droga Ketalar. Luego los cuerpos eran envueltos en nylon y preparados para ser arrojados de los aviones Fiat G-222 o helicópteros al Río de la Plata. Dichas máquinas partían en horarios nocturnos desde el Batallón de Aviación del Ejército 601. Las ejecuciones o asesinatos llevados a cabo por este método fueron cincuenta y tres, siendo cuatro de ellos extranjeros." Cincuenta y tres personas. Cincuenta y tres seres humanos dopados con Ketalar, envueltos en nylon como paquetes, arrojados desde aviones en pleno vuelo nocturno al río. Cuatro de ellos eran extranjeros, probablemente los militantes capturados en la Operación Murciélago en Brasil. El testimonio de Stigliano también revelaba otra forma de asesinato: "Otro método de ejecución fue el fusilamiento ordenado por el comandante de Institutos Militares con la presencia de los directores de las distintas escuelas de armas y otros institutos para que dichos oficiales superiores adquieran una responsabilidad comprometedora al avalar con su presencia esta práctica. Estas me fueron ordenadas cumplir como jefe de la Sección de Operaciones Especiales." Los fusilamientos eran ceremonias. Actos pedagógicos. Una forma de implicar a toda la cadena de mando, de asegurar que todos quedaran manchados con la misma sangre. Los directores de las escuelas militares asistían como espectadores obligados o quizás entusiastas de las ejecuciones. Nadie podría decir después que no sabía. "Las prácticas concretas que afectan al suscripto están referidas virtualmente al método ordenado para la ejecución física de los subversivos prisioneros, a los cuales sin ningún tipo de juicio de defensa, se me ordenaba matarlos a través de los distintos médicos a mis órdenes con inyecciones mortales de la droga Ketalar. Luego los cuerpos eran envueltos en nylon y preparados para ser arrojados de los aviones Fiat G-222 o helicópteros al Río de la Plata. Dichas máquinas partían en horarios nocturnos desde el Batallón de Aviación del Ejército 601. Las ejecuciones o asesinatos llevados a cabo por este método fueron cincuenta y tres, siendo cuatro de ellos extranjeros." Lo que Stigliano describía era la maquinaria de muerte del Ejército en pleno funcionamiento. Los médicos militares aplicando las dosis letales de anestésico. Los soldados envolviendo los cuerpos. Las tripulaciones de los aviones Fiat G-222, los llamados "Herculitos", despegando en la oscuridad desde el Batallón de Aviación 601. Los pilotos entre ellos Delcis Malacalza y Eduardo Lance sobrevolando el Río de la Plata mientras en la bodega se abría la compuerta. Los cuerpos cayendo al vacío, al agua oscura, a la nada. Cincuenta y tres veces. El testimonio de Stigliano era la primera confesión documentada de los vuelos de la muerte del Ejército. La Armada ya tenía a su confesor: Adolfo Scilingo habló en 1995 de los vuelos que partían de la ESMA. Pero los vuelos del Ejército habían permanecido en secreto, negados, inexistentes en la versión oficial. Incluso el propio Jorge Rafael Videla, en 2012, tuvo el descaro de atribuir los vuelos de la muerte exclusivamente a la Armada. La confesión de Stigliano destrozaba esa mentira. Y lo hacía en 1991, cuatro años antes de que Scilingo hablara. El descenso al infierno Doce años después del final de la dictadura, Eduardo Stigliano ya no era el joven capitán ambicioso que había ingresado como interventor militar en la comisaría de Escobar. A sus 49 años, el teniente coronel era un hombre destruido. Las pesadillas se habían convertido en insomnio permanente. El insomnio, en paranoia. La paranoia, en delirio. Allegados a la familia contaron años después que Stigliano se sentía "perseguido". No pocas veces se escondía debajo de la cama porque estaba convencido de que "lo iban a buscar" para llevarlo detenido. Veía amenazas donde no las había. Escuchaba pasos en la noche. Vivía en un estado de alerta constante que lo estaba consumiendo. Para entonces, Stigliano y su esposa María Teresa ya estaban prácticamente distanciados. El militar había mantenido reuniones con abogados de un conocido estudio jurídico del centro de Paraná para avanzar en un divorcio consensuado. Los cuatro hijos varones habían crecido con un padre cada vez más ausente, más encerrado en su propio tormento. Fue en ese estado que Stigliano comenzó un tratamiento psiquiátrico con el doctor Eduardo Morguenstern, un profesional paranaense que cumplía funciones en el Hospital Militar de Paraná y que también había pasado por el viejo Hospital Neuropsiquiátrico Antonio Roballos. Morguenstern era, además, desde 1991, psiquiatra de la Policía de Entre Ríos, cargo que ocuparía durante más de veinte años hasta jubilarse con el rango de subcomisario médico. Las sesiones entre el psiquiatra y el represor arrepentido jamás fueron reveladas. El secreto profesional las protegió. Pero es imposible no preguntarse qué escuchó Morguenstern en esos encuentros, qué confesiones recibió, qué horrores le fueron narrados. ¿Le habló Stigliano de los cincuenta y tres cuerpos arrojados al río? ¿Le contó de las ejecuciones en presencia de los superiores? ¿Le narró la captura de Campiglia en Brasil? El médico Morguenstern diagnosticó en Stigliano lo que el expediente militar llamaría después "una especie de neurosis con síndrome violento". Los allegados que lo veían decían que el militar se mostraba locuaz y tenía razonamientos normales, pero que algo en él se había roto definitivamente. Hablaba. Parecía cuerdo. Pero de pronto se escondía debajo de la cama. Al borde de la invalidez psiquiátrica y ante la indiferencia de sus superiores, Stigliano tomó una decisión desesperada. Pateó el tablero. Si el Ejército no atendía sus reclamos de pensión por invalidez, si lo abandonaban después de haber sido el asesino eficiente que el sistema necesitaba, entonces hablaría. Contaría todo. Abriría las compuertas del secreto mejor guardado del Ejército Argentino. El 17 de octubre de 1991, en su domicilio de Paraná, el teniente coronel Eduardo Francisco Stigliano hizo su descargo ante un oficial instructor que se había trasladado hasta su casa para tomarle declaración. Eran tiempos de Carlos Menem, después del indulto presidencial a numerosos militares y del último movimiento carapintada de Mohamed Alí Seineldín, en diciembre de 1990, donde Entre Ríos tuvo un rol particular. Jorge Busti estaba en los últimos meses de su primer mandato y la fórmula Mario Moine-Hernán Orduna había ganado las elecciones el 8 de septiembre de 1991. El testimonio de Stigliano, con el que el militar pretendía conseguir un retiro anticipado y una pensión por las secuelas que le había dejado la "lucha contra la subversión", resultó impresionante en todos sus aspectos. El militar de Paraná comenzó describiendo sus "pesadillas en forma permanente, relacionadas con las actividades que, como jefe de la SOE de la guarnición militar de Campo de Mayo, se me ordenaron ejecutar y que constituyeron violaciones flagrantes a la Constitución, las leyes y reglamentos militares". Luego entró en detalles. Con datos que ningún oficial del Ejército quería escuchar, que nadie quería que quedaran por escrito, que demolían cuarenta años de silencio institucional. Habló de las cincuenta y tres ejecuciones mediante inyecciones letales de Ketalar. Describió los vuelos nocturnos desde el Batallón 601. Reveló los fusilamientos ante las autoridades militares. Mencionó la visita de Galtieri a El Campito para ver a Campiglia. Pero no se detuvo ahí. Stigliano también habló de sus sentimientos: "Sufro una especie de neurosis con síndrome violento y tengo un impulso irrefrenable de venganza hacia quienes me llevaron a esta situación, combatientes de escritorio, que mientras nos ordenaban asesinar, ellos se preocupaban por el mantenimiento de sus prebendas y de los mal llamados botines de guerra." El resentimiento destilaba de cada frase. Stigliano se sentía usado, descartado. Los que daban las órdenes desde sus escritorios seguían ocupando cargos, cobrando sueldos, viviendo tranquilos. Mientras tanto, él el que había ejecutado, el que había matado, el que se había manchado las manos con sangre estaba destruido, enfermo, abandonado a su suerte. El 19 de noviembre de 1991, Stigliano envió un segundo documento, esta vez de siete carillas. En él profundizaba sus revelaciones y agregaba una amenaza apenas velada: aclaró haber tomado la precaución de dejar en una escribanía de la ciudad de Paraná "la lista de víctimas y las matrículas de los aviones utilizados, junto a los nombres y jerarquías de la tripulación". Casualmente, un escribano de su mismo apellido, es familiar directo del militar. Advertía que si le sucedía "cualquier evento natural o traumático", la información que estaba a resguardo en "dos sobres lacrados en la caja fuerte de un estudio jurídico" sería revelada. Constaba además con los nombres de los gendarmes que vigilaron a los prisioneros. El personal que fue testigo de las ejecuciones. Las fechas exactas de cada vuelo de la muerte. Todo estaba documentado, guardado bajo llave, listo para salir a la luz si algo le pasaba. Era un seguro de vida. O quizás, simplemente, la última carta de un hombre que ya no tenía nada que perder. "Sufro una especie de neurosis con síndrome violento y tengo un impulso irrefrenable de venganza hacia quienes me llevaron a esta situación, combatientes de escritorio, que mientras nos ordenaban asesinar, ellos se preocupaban por el mantenimiento de sus prebendas y de los mal llamados botines de guerra." La respuesta institucional no se hizo esperar. El 7 de noviembre de 1991, apenas tres semanas después de la primera declaración de Stigliano, el jefe del II Cuerpo del Ejército, general de brigada Diego Soria, elevó las actuaciones al Estado Mayor General del Ejército (EMGE) con una nota lapidaria: "Señalo la gravedad de las afirmaciones vertidas a fs. 7/8 por el causante, que deben ser analizadas por afectar a la Fuerza, exteriorizando con ello un deliberado propósito de generar problemas institucionales". No había palabras de preocupación por la salud mental del teniente coronel. No había reconocimiento de los traumas generados por las actividades represivas. No había autocrítica institucional. Sólo una frase que resumía la doctrina militar ante las confesiones: Stigliano "pretendía generar daños a la institución". El asesino que pedía ayuda se había convertido en el enemigo. El Ejército cerró filas. Los reclamos de Stigliano no fueron atendidos. La pensión por invalidez fue negada. El plus salarial por "neurosis de guerra", rechazado. El hombre que había ejecutado cincuenta y tres personas siguiendo órdenes, el oficial condecorado por Nicolaides, el jefe de operaciones especiales que había cumplido al pie de la letra cada instrucción homicida, fue abandonado a su suerte. Los documentos de Stigliano fueron archivados. Enterrados en algún sótano del Ministerio de Defensa. El pacto de silencio militar seguía siendo más fuerte que la verdad. Durante más de veinte años, esos papeles permanecieron ocultos. Mientras tanto, los negacionistas repetían que los vuelos de la muerte eran un invento, una exageración de los derechos humanos. Silencioso final Eduardo Francisco Stigliano murió en 1994, cuando apenas empezaba a transitar la quinta década de su vida. Las versiones sobre su muerte son confusas: algunos dicen que fue en 1993, otros que en 1994. Lo que está documentado es que sufrió un infarto en un hotel de Paraná. Fue trasladado de urgencia al Hospital Militar, el mismo donde trabajaba su psiquiatra, Eduardo Morguenstern. Allí permaneció internado durante treinta días. En esas últimas semanas de vida, Stigliano estuvo acompañado por su esposa María Teresa Arteaga y sus cuatro hijos varones. El distanciamiento matrimonial se había superado o al menos suspendido ante la inminencia de la muerte. La familia se reunió junto al lecho del militar moribundo, ese hombre que había sido padre, esposo, y también ejecutor de cincuenta y tres personas. Stigliano murió sin arrepentirse públicamente. Sin pedir perdón. Su confesión había sido un reclamo administrativo, un ajuste de cuentas con el Ejército que lo había usado y descartado. No fue un acto de contrición moral. Fue, simplemente, venganza. Los dos sobres lacrados que guardaba en la escribanía de Paraná permanecieron cerrados. Durante años, nadie supo exactamente dónde estaban. Algunos investigadores especularon con que la familia los había destruido. Otros pensaron que habían sido sustraídos por el propio Ejército. Lo cierto es que desaparecieron. La lista completa de las cincuenta y tres víctimas, las matrículas de los aviones, los nombres de las tripulaciones, todo se perdió. O fue perdido. A propósito. Stigliano se llevó algunos secretos a la tumba. Pero no pudo llevarse todos. Entre 2011 y 2016, el Archivo Nacional de la Memoria (ANM) y la Dirección Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia llevaron adelante una tarea titánica: la desclasificación y análisis de legajos del personal del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Fue un trabajo de hormiga, de cruce de datos, de reconstrucción minuciosa. Los investigadores sabían que muchos represores habían tramitado condecoraciones por "actos de servicio" durante la dictadura. También sabían que algunos, como Stigliano, habían presentado reclamos administrativos por traumas mentales y enfermedades de "guerra". Esos expedientes, pensaron, podrían contener información valiosa. Tenían razón. En 2013 o 2014 las fechas varían según las fuentes, en algún sótano del Ministerio de Defensa, apareció el expediente de Eduardo Francisco Stigliano. Eran papeles amarillentos, con la letra temblorosa del militar, fechados en octubre y noviembre de 1991. Documentos que habían permanecido archivados durante más de veinte años. Las periodistas Alejandra Dandan y Victoria Ginzberg, de Página/12, fueron las primeras en acceder a ese material explosivo. El 17 de marzo de 2014, publicaron la historia completa. El impacto fue inmediato. Victoria Ginzberg tiene sus dos padres desaparecidos y es nieta de Laura Bonaparte, expresidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, nacida en Concordia pero residente en Paraná desde su niñez, ya fallecida y atravesada también por los crímenes de la última dictadura. Le mataron tres hijos, dos yernos y una nuera, y el padre de sus hijos y fue una de las precursoras de la campaña internacional para que se declarara delito de lesa humanidad a la desaparición forzada de personas. Las confesiones de Stigliano confirmaban, con lujo de detalles y desde el interior mismo del aparato represor, la existencia de los vuelos de la muerte del Ejército. No era el testimonio de un sobreviviente. No era la reconstrucción de un investigador. Era la confesión directa, firmada, de uno de los ejecutores. Los documentos de Stigliano fueron incorporados a la Causa Nº 4012, a cargo de la jueza federal de San Martín, Amelia Vence, sobre los crímenes cometidos en jurisdicción del Comando de Institutos Militares con asiento en Campo de Mayo. Años después, pasarían al Tribunal Oral Federal Nº 2 de San Martín, que juzgaría específicamente los vuelos de la muerte desde ese destacamento. El testimonio de Stigliano tenía un valor histórico y judicial incalculable. Por primera vez se identificaba con precisión la Sección de Operaciones Especiales (SOE) como el grupo de tareas especializado en la represión de la Contraofensiva montonera en Campo de Mayo. Por primera vez se nombraba explícitamente a los aviones Fiat G-222, los "Herculitos", como las aeronaves utilizadas para los vuelos. Por primera vez se revelaba el uso sistemático del Ketalar para dopar a las víctimas antes de arrojarlas al río. Y sobre todo, por primera vez, un represor del Ejército admitía lo que durante cuarenta años la institución había negado con vehemencia: el Ejército Argentino también arrojó personas al agua desde aviones en vuelo. Una justicia tardía El proceso judicial se puso en marcha lentamente, con la parsimonia característica de la Justicia argentina. En octubre de 2020, comenzó el juicio oral y público por los vuelos de la muerte desde Campo de Mayo ante el Tribunal Oral Federal Nº 2 de San Martín. En el banquillo de los acusados se sentaron cinco militares retirados: el general Santiago Omar Riveros, comandante de Institutos Militares, quien tenía control operacional de todo lo que sucedía en Campo de Mayo. Para él, era su decimosexta condena por crímenes de lesa humanidad. El teniente coronel Luis del Valle Arce, comandante del Batallón de Aviación 601. El teniente coronel Delcis Malacalza, segundo comandante y uno de los pilotos de los "Herculitos". El capitán Horacio Alberto Conditi, oficial de Personal del Batallón 601. El capitán Eduardo Lance, también piloto de los "Herculitos" y oficial de Operaciones. Faltaba uno. El coronel retirado Alberto Luis Devoto, quien hasta hacía poco había ejercido como funcionario provincial en Córdoba y fue apartado del juicio por incapacidad mental. La pericia psiquiátrica lo declaró inimputable. El mismo método que Stigliano había intentado usar para conseguir su pensión alegar problemas mentales ahora servía a otro represor para eludir el juicio. Durante el proceso, declararon cerca de setenta testigos. La mayoría eran ex conscriptos que habían hecho el servicio militar en Campo de Mayo y el Batallón 601 durante los años de la dictadura. Sus testimonios fueron demoledores. Un ex conscripto relató que un día de 1978 estaba de guardia en el Batallón cuando vio llegar a soldados que traían "bultos envueltos". Los bultos gemían. Los subieron a un avión. El avión despegó en la noche. Cuando regresó, los bultos ya no estaban. Otro testigo describió cómo le ordenaron limpiar el interior de un Fiat G-222 que tenía manchas oscuras en el piso. "No me dijeron qué era, pero yo supe", declaró ante el tribunal. Un tercer conscripto contó que una noche escuchó un avión despegar y lo vio sobrevolar el río. Al día siguiente, el sargento le dijo: "Anoche pescaron muchos pescados gordos". Eran testimonios fragmentarios, piezas de un rompecabezas que los conscriptos habían visto sin comprender completamente en su momento. Pero cuarenta años después, con la confesión de Stigliano como guía, todas esas piezas encajaban. El expediente de Stigliano se incorporó como prueba documental. Sus siete carillas mecanografiadas, con la firma del teniente coronel al pie, fueron leídas íntegramente en la sala. Cuando el fiscal llegó a la parte de las cincuenta y tres ejecuciones, el silencio en el tribunal era absoluto. Algunos familiares de desaparecidos lloraron. Otros apretaron los puños. Todos sabían que esas líneas escritas por un represor muerto hacía treinta años eran la confirmación de lo que siempre habían sospechado: sus seres queridos habían sido arrojados vivos o dopados al Río de la Plata. En 2022, llegó el veredicto. El tribunal condenó a prisión perpetua con cumplimiento efectivo a Santiago Omar Riveros, Luis del Valle Arce, Delcis Malacalza y Eduardo Lance. Horacio Alberto Conditi había sido excluido del juicio por sus disfunciones cognitivas, al igual que Devoto. Para Riveros, que ya tenía más de noventa años, fue su decimosexta condena a prisión perpetua. Un récord macabro. El general más condecorado de la represión. En los fundamentos de la sentencia, los jueces citaron extensamente las confesiones de Stigliano. Señalaron que su testimonio era "una prueba irrefutable" de los vuelos de la muerte del Ejército. Destacaron que Stigliano había confesado en 1991, cuatro años antes que Scilingo, lo que demostraba que "el conocimiento de estos hechos era anterior a lo que históricamente se creía". La confesión del represor arrepentido o mejor dicho, del represor resentido había servido para condenar a sus superiores. Hoy, tres décadas después de la muerte de Stigliano, Paraná sigue siendo una ciudad donde todos se conocen, donde las biografías se tejen con la paciencia de las décadas. La galería que fue el Hotel España todavía existe frente al Teatro 3 de Febrero. Los cuatro hijos de Stigliano crecieron y rehicieron sus vidas lejos del apellido maldito. Lo mismo sucedió con María Teresa Arteaga. Su hermano, Florencio Arteaga, el cuñado que trabajó como agente civil del Batallón 601, se sigue mostrando a diario en bares del centro de la capital entrerriana y sigue comiendo asados con sus viejos amigos, entre ellos, un conocido empresario de los medios. Nunca le importó demasiado el rol que tuvo en la dictadura. Tampoco hizo aclaración alguna. El doctor Eduardo Morguenstern se jubiló de la Policía de Entre Ríos alrededor de 2012-2013, después de más de veinte años como psiquiatra institucional con el rango de subcomisario médico. Mantiene su consultorio privado en la calle Salta 656. Nunca habló públicamente de su paciente más famoso. El secreto profesional lo protegió. O quizás, simplemente, eligió el silencio. Morguenstern fue testigo privilegiado del derrumbe psicológico de uno de los represores más eficientes del Ejército Argentino. Vio de cerca cómo la maquinaria de muerte del terrorismo de Estado no sólo destruía a sus víctimas, sino también de manera muy diferente, desde luego a algunos de sus ejecutores. No todos los represores se quebraron. La mayoría vivió y murió sin remordimientos aparentes, convencidos de haber cumplido con su deber patriótico. Pero Stigliano fue la excepción. No porque fuera más sensible o más humano que sus camaradas, sino porque la cantidad de muerte que manejó fue abrumadora incluso para los estándares de la represión. Cincuenta y tres vuelos de la muerte. Decenas de secuestros. Emboscadas, fusilamientos, torturas. La coordinación con Brasil. Los operativos callejeros. Las ejecuciones ante las autoridades militares. Durante cinco años, Stigliano fue una pieza clave de la maquinaria de muerte en Campo de Mayo. Y al final, esa maquinaria lo devoró a él también. La confesión de Eduardo Stigliano cambió para siempre la historia de la dictadura argentina. No porque revelara hechos desconocidos los familiares de desaparecidos siempre supieron que existían los vuelos de la muerte, sino porque los confirmaba desde adentro, desde el corazón mismo del aparato represor. Durante décadas, los negacionistas habían usado el silencio institucional del Ejército como argumento. "Si existieron los vuelos, ¿dónde están las pruebas?", preguntaban con sorna. "¿Por qué ningún militar lo confirmó? ¿Por qué no hay documentos?" La respuesta estaba en un sótano del Ministerio de Defensa, en un expediente administrativo de un teniente coronel paranoico que reclamaba una pensión por neurosis de guerra. El testimonio de Stigliano también ayudó a identificar y juzgar a los responsables de los vuelos desde Campo de Mayo. Sin su confesión, quizás algunos de esos represores hubieran muerto impunes. Riveros, Arce, Malacalza, Lance... todos fueron condenados gracias, en parte, a las palabras escritas por su antiguo subordinado en 1991. Es una ironía amarga. El hombre que ejecutó a cincuenta y tres personas terminó siendo la pieza clave para condenar a sus superiores. El asesino que el Ejército abandonó a su suerte se convirtió, póstumamente, en el testigo más importante contra la institución militar. Su confesión no fue un acto de justicia moral. Fue venganza. Fue resentimiento. Fue el último manotazo de un hombre que se sentía traicionado por la institución a la que había servido con eficiencia homicida. Pero las motivaciones importan poco a la hora del resultado. Stigliano habló. Escribió. Firmó. Y esas palabras, nacidas del rencor y la paranoia, se convirtieron en documento histórico, en prueba judicial, en verdad jurídica. (Informe publicado en la edición gráfica número 1168 de la Revista ANÁLISIS, del 19 de marzo de 2026)
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