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Concordia » Tarea Fina
Fecha: 24/03/2026 10:38
Un documento elaborado por los equipos técnicos jurídicos y contables de Compromiso por Concordia, analiza en profundidad la recientemente aprobada ordenanza de Emergencia Ambiental y advierten sobre irregularidades, la falta de fundamentos jurídicos y una situación que podría derivar en graves hechos de ilegalidad, al presentarse la operatividad de una empresa privada sin contrato formal. Observan el monto al que podrían ascender las contrataciones directas (28 mil 800 millones de pesos). La ordenanza de Emergencia Ambiental «presenta graves objeciones de legalidad, razonabilidad y constitucionalidad parcial», señalan en el documento. La principal preocupación que plantean, radica en las facultades extraordinarias otorgadas al Departamento Ejecutivo para realizar contrataciones directas y reorganizar el servicio de recolección de residuos. Una emergencia «sin fundamentos técnicos» Según los especialistas, toda declaración de emergencia requiere una fundamentación objetiva y concreta que, aseguran, no se ha cumplido en este caso. Sostienen que un deterioro progresivo del sistema o una deficiencia de gestión no constituyen automáticamente una emergencia jurídica. «La emergencia no puede ser una consigna vacía ni una excusa genérica para desplazar los mecanismos ordinarios de contratación, control y transparencia», señalaron en el documento. El cuestionamiento también apunta a que la normativa habilita un régimen de contratación directa por montos que alcanzan los $28.800 millones, con controles que califican como escasos y un objeto de gasto indefinido. Además, advierten que, aunque la emergencia se declaró por un año, se está utilizando para proyectar una reorganización estructural del sistema por hasta seis años, lo que permitiría una concesión sin licitación, algo que consideran «jurídicamente vulnerable». Denuncias sobre la prestación del servicio Uno de los puntos más críticos del comunicado, refiere a la situación operativa actual del servicio. Según el relevamiento de Compromiso por Concordia, una empresa privada ya estaría prestando servicios en la ciudad sin que se haya formalizado públicamente la contratación directa ni se hayan cumplido los pasos administrativos y contables exigidos por ley. Para el equipo técnico, que una empresa opere antes de que exista el acto administrativo correspondiente representa una situación de extrema gravedad administrativa. Asimismo, recordaron que existe la Ley Provincial N.º 10.311, la cual exige un Plan de Gestión Integral y un cronograma de erradicación de basurales, requisitos que no surgirían de la ordenanza actual. Pedido de informes y transparencia Ante esta situación, desde Compromiso por Concordia instan al Ejecutivo municipal a suspender de inmediato cualquier prestación privada que no cuente con una contratación legalmente perfeccionada. Y realizan una serie de seis preguntas clave exigiendo detalles sobre: la fecha exacta de formalización del contrato; el acto administrativo y los funcionarios que intervinieron en el proceso; y la documentación respaldatoria y el supuesto jurídico bajo el cual opera la empresa actualmente. Finalmente, los referentes aclararon que su postura no responde a una discusión ideológica entre modelos estatales o privados, sino a una exigencia de legalidad y transparencia. «La basura no se resuelve con improvisación. Y la emergencia no puede ser un cheque en blanco», concluye el informe firmado por el Cr. Álvaro E. Sierra, la Lic. Silvia Dri, el Dr. Pablo Lapiduz, el Cr. Guido Longo, la Dra. Victoria Gallo, el Dr. Carlos Ruiz Díaz y la Dra. Ana Carolina Sigot, integrantes de Compromiso por Concordia.
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