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Parana » Paginajudicial
Fecha: 24/03/2026 01:25
50 AÑOS La Policía de Entre Ríos bajo la lupa, cincuenta años después 24/03/2026 El rol de la Policía durante la última dictadura es un gran agujero negro en las investigaciones judiciales. Previo al golpe cívico-militar nutrió las filas del Comando Paraná y a partir del 24 de marzo de 1976 dispuso el conocimiento y despliegue territorial al servicio de la represión ilegal. Reconstrucción histórica de un actor principal en la maquinaria del terror, cincuenta años después. Juan Cruz Varela De la Redacción de Página Judicial Un capitán del Ejército que enfrentó a la dictadura solía decir que la inteligencia constituyó el sistema nervioso del esquema represivo porque había logrado conectar a las máximas autoridades con los centros clandestinos de detención, tortura y desaparición de personas. El rol de la inteligencia era marcar objetivos para que los grupos de tareas los secuestraran y torturaran en los centros clandestinos de detención y así obtener la mayor información posible, que era nuevamente volcada en informes para alimentar el circuito de la represión. Pero si la inteligencia fue una parte nodal del esquema represivo, en Entre Ríos, tanto más lo fue la Policía, utilizando todo el conocimiento y despliegue territorial al servicio de la denominada lucha contra la subversión. Aunque hay que distinguir dos fases: previo al golpe cívico-militar, agentes policiales desplegaron una intensa actividad a través de comandos paraestatales; mientras que luego del 24 de marzo de 1976, cuando se viralizó el terrorismo estatal, la Policía se volvió un brazo ejecutor de las Fuerzas Armadas como parte de un esquema represivo clandestino e ilegal y hubo grupos de tareas integrado por personal de la Dirección de Investigaciones que participaban activamente en el secuestro de personas, en la aplicación de torturas en los centros clandestinos de detención y en la obtención de declaraciones bajo tormentos. Sin embargo, la responsabilidad de la Policía de Entre Ríos en las violaciones a los derechos humanos, tanto de la jerarquía como de sus funcionarios de menor rango, es todavía una cuenta pendiente en el proceso de memoria, verdad y justicia. Comando ciruja A partir de 1973, con la vuelta del peronismo al poder tras dieciocho años de proscripción, las organizaciones de izquierda potenciaron sus frentes en el territorio. Enrique Tomás Cresto fue elegido gobernador en segunda vuelta, el 15 de abril, pero el rasgo distintivo de los años por venir fueron las disputas internas entre sectores ideológicamente antagónicos dentro del movimiento. A los pocos meses de asumido el nuevo Gobierno, se conformó en Paraná la Cooperativa de Cirujas, que fue el paraguas del Comando Paraná, un grupo parapolicial ideado por Cresto para contrarrestar el avance de la izquierda peronista. Si bien la mayoría de sus integrantes tenían contratos en distintas reparticiones públicas, en la práctica se dedicaban a hacer atentados, amenazas varias y a veces también oficiaban como custodios del gobernador, de ahí que los llamaran Cadeneros de Cresto. La Policía de Entre Ríos también nutrió las filas del Comando Paraná, principalmente con agentes provenientes de la Dirección de Investigaciones. En estos años previos a la instauración de la dictadura y el despliegue de la sistematicidad represiva, los operativos ya eran llevados a cabo por agentes de la Policía provincial, en conjunto con los grupos paraestatales. La patota paraestatal contaba entre sus filas a policías, sindicalistas, militantes ortodoxos, sectores ultraderechistas y matones a sueldo; produjo centenares de allanamientos ilegales, atentados contra negocios y comercios de opositores, tiroteos en lugares de reunión de militantes y amenazas de todo tipo contra propios y extraños. En los hechos, la conducción del Comando Paraná estaba a cargo del mismo subjefe de Policía, comisario Álbaro Hugo Roldán, en coordinación con la Dirección de Investigaciones, que tuvo un rol amplio, sistemático y violento en la represión ilegal entre 1974 y 1975, especialmente en Paraná y Concordia, y contaba con una sede que funcionaba como lugar de concentración, interrogatorio, tortura y distribución de sospechosos de delitos políticos, en calle Urquiza 1214 de la capital provincial, a dos cuadras de la Plaza 1° de Mayo. No es muy conocido que la antigua casona que actualmente alberga al boliche Tierra Bomba fue sede de la Dirección de Investigaciones en los años de la represión ilegal. En el fondo de esa casa, luego de atravesar el patio, todavía están casi intactos los calabozos por donde pasaron personas en calidad de detenidas-desaparecidas; y allí quedaron marcas que hoy son registros que trascienden la memoria individual para convertirse en parte de la memoria colectiva de los paranaenses, como el que dejó Ramón Héctor Sánchez, Pichón, el primer desaparecido en la provincia. En bajo relieve, sobre un tabique donde se encontraban los calabozos, todavía está grabada la firma del militante popular: Aquí estuvo Pichón Sánchez. La estampa se ha mantenido indeleble, como una suerte de grito en la pared. Por allí pasaron, al menos, una veintena de militantes detenidos y acusados por infracciones a la ley antisubversiva, tan de moda en esos años, que penaba actos considerados como subversión económica, huelgas y acciones de sabotaje. Peronistas como Aldo Bachetti y Aníbal Vergara, comunistas como José Eduardo Ormache, gremialistas como Marcelo Néstor Fischer, entre otros; jóvenes de Paraná, Nogoyá, Federación y Concordia, habitaron clandestinamente esas celdas en 1975. Roldán fue el cerebro del procedimiento en el que fue secuestrado, brutalmente torturado y asesinado Pichón Sánchez; los ejecutores fueron integrantes de la Dirección de Investigaciones, como lo señaló Bachetti, testigo del rapto, y quedó asentado en registros policiales de la época: tres personas se sabe con certeza que uno era Carlos Alzugaray y que el chofer asignado al vehículo en el que se conducían era el agente Antonio Luis Russián, levantaron violentamente al militante popular en la esquina de las calles Uruguay y Corrientes y lo trasladaron a la sede policial. La Policía nunca reconoció oficialmente la detención de Pichón Sánchez. Su cuerpo apareció flotando en el río, frente a Pueblo Nuevo, en cercanías de Diamante, el 23 de marzo de 1975, tres días después de su desaparición. Tenía señales de haber sido torturado: presentaba marcas de ataduras en las manos y los pies, le habían arrancado violentamente las uñas en algunos dedos y el pelo, según el informe de autopsia. De costa a costa Marcelo Fischer fue secuestrado en la calle, en Concordia, el 5 de diciembre de 1975, nueve meses después de la desaparición de Pichón Sánchez; aunque venía soportando amenazas y seguimientos por parte de patotas de la Policía y militares sin identificación. El operativo fue encabezado por el oficial Juan Manuel Romeau, un policía de extrema confianza del jefe departamental, Pedro Fernando Ramón Campbell. Informalmente le atribuyeron cargos por boicotear a los gremios y sabotear la construcción de la represa de Salto Grande, pero nunca hubo una causa formal en su contra. Dos días después fue sacado de su celda en la Jefatura Departamental, encapuchado, engrillado y trasladado a Paraná, junto con otros trabajadores, en un operativo del que participaron los oficiales Daniel Alejandro García y Aníbal Ruperto Palacios, entre otros miembros de la Policía de Entre Ríos. En el camino, en una zona cercana al empaque de frutas, el camión tuvo una avería y me hicieron un simulacro de fusilamiento, contaría unos años después. El gatillero fue García, recordó. Ya en Paraná estuvo apenas unos minutos en el Comando de la Segunda Brigada Blindada, pero los militares se negaron a recibir a los detenidos y fueron a parar a un lugar que describió como centro de operaciones de la patota del Comando Paraná o Sindicato de Cirujas, en la zona de la Toma Vieja. Podría ser la antigua Comisaría de El Brete, una de las tantas casas operativas de la Policía. Fui torturado, golpeado, picaneado, a la vez que se me prometió traer los ojos de mi madre y de mi novia a ver si los reconocía. Los vejámenes físicos y psíquicos duraron una semana y posteriormente reaparecí oficialmente en la Dirección de Investigaciones, en calle Urquiza. De parapoliciales a patotas Hacia finales de 1975 se ordenó el control operacional del Ejército sobre la Policía provincial, a través de una circular interna que ponía a disposición de la lucha contra la subversión a todos sus medios y personal y establecía que este objetivo era prioritario por sobre sus tareas habituales. A partir del 24 de marzo de 1976, los agentes que antes habían formado parte de organizaciones paraestatales se reciclaron como actores del nuevo entramado represivo, merced a la centralidad de su participación en las comunidades informativas y el conocimiento del territorio, los mecanismos de vigilancia política y el control social que ya venían desarrollando. En efecto, existía en la Policía de Entre Ríos un departamento de recolección de información (reunión, procesamiento y difusión) orientado a la lucha contra un enemigo interno. Ciertamente eran informes bastante rudimentarios que aludían a aspectos de la vida pública y por todos conocidos de aquellos a quienes investigaban, como se ha relevado en documentos recuperados por el Registro Único de la Verdad. Las listas negras habían sido confeccionadas en 1975 por las jefaturas departamentales, siguiendo órdenes de la Jefatura Central de Policía, e incluían a personas identificadas como comunistas, peronistas combativos, ciudadanos de ideologías izquierdistas y sacerdotes simpatizantes del tercermundismo. En el listado aparecen, entre cientos de nombres, Raúl Caire, desaparecido en la Masacre de Margarita Belén, de quien se reseña una militancia en la Juventud Peronista que era pública; Amilcar Reali, que conducía un Citroen 2CV (sic); Jaime Martínez Garbino, identificado como peronista de izquierda, y su hermano Abel, de quien se desconoce su ideología política; Miguel Augusto Carlín, a quien solo señalan como abogado e identifican su domicilio en Basavilbaso; y los sacerdotes Elvio Rosendo Benetti, Adolfo Alberto Chessini, Ricardo Faifer y Alcides Leonardo Rougier, hermano del desaparecido Nelio Rougier. Apenas producido el golpe cívico-militar, el interventor militar en la provincia, Juan Carlos Ricardo Trimarco, nombró al frente de la Policía al mayor Luis Killane. Roldán permaneció en el cargo hasta el 2 de abril, cuando se dispuso su relevo y arresto, en el marco de una reorganización integral de la Policía, según se dijo entonces. Sin embargo, el nombre de Roldán apareció en el listado de agentes civiles de inteligencia que reportaron al Batallón 601 durante la dictadura, lo que hace presumir que siguió activo en los años siguientes. Las acciones que previo al golpe venían ejecutándose desde la Dirección de Investigaciones y los parapoliciales del Comando Paraná, se diversificaron en varios grupos de tareas desplegados en toda la geografía entrerriana: el Ejército constituyó grupos operativos bajo el mando de los jefes de cada regimiento y también había patotas integradas específicamente por policías provinciales. Las investigaciones realizadas por los organismos de derechos humanos en los años posteriores revelan que las dependencias policiales continuaron ejerciendo cuestiones atinentes al funcionamiento habitual de la fuerza, es decir manejo de los recursos humanos, detenciones, infraestructura, etcétera; mientras que lo referido a los asuntos operacionales eran controlados por los militares. También las sedes policiales y comisarías funcionaron como centros de tortura y detención clandestina en condiciones inhumanas de vida durante su cautiverio, como lo han relatado decenas de víctimas; y a partir del 17 de abril de 1976 se inauguró la que sería la nueva casa de la Dirección de Investigaciones, en calle Buenos Aires 355 y 371, donde se encuentra actualmente el Museo Provincial de Bellas Artes. María Engracia Cortiñas, docente y escritora, contó que fue secuestrada en su casa por una patota de la Policía y trasladada a la Dirección de Investigaciones, en calle Buenos Aires, donde le vendaron los ojos, la golpearon salvajemente y le hicieron simulacros de fusilamiento: Estaba en una habitación en silencio y hacían como que iban a tirar, accionando el gatillo. Me decían que contara lo que sabía, porque a mi hijo ya lo habían matado y que el otro estaba casi muerto por la tortura. Entonces me puse a llorar y recibí una trompada en el oído, relató. Mientras eso ocurría, tres policías vestidos de civil permanecieron en su casa, uno de ellos, con peluca; otro flaco y alto; el tercero, con una boina negra con un escudo al frente, relató. El ojo tuerto La responsabilidad de la Policía de Entre Ríos en las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura, sin embargo, es una cuenta pendiente en el proceso de memoria, verdad y justicia instaurado en los juicios de lesa humanidad. Hasta el momento solo dos integrantes de esa fuerza fueron juzgados y condenados: Atilio Ricardo Céparo y Carlos Luis Carvallo, y por su participación en los delitos perpetrados apenas contra una sola víctima en cada caso. Manuel Ramat, ex detenido político, contó que en junio de 1976, unos días después del crimen de su hermano en la localidad bonaerense de Campana, personas vestidas de civil, pero pertenecientes a la Dirección de Investigaciones, realizaron un operativo en la casa de sus padres en Paraná. Uno de ellos se presentó como Carvallo; el otro, el que dirigía el procedimiento, era de apellido Ojeda. Una incógnita. En esa ocasión estuvieron unas horas, en actitud intimidatoria, antes de retirarse. Tres meses después, hacia fines de septiembre, Carvallo reapareció en la casa, aunque esta vez dijo que lo buscaba para que le hiciera un trabajo de electricidad. Cuando le contestaron que no estaba, el policía pateó la puerta, ingresó violentamente, amenazó a los familiares de Ramat y se sentó a esperarlo en el living. Al cabo de unas horas, se fue. Ramat, que por esos días efectivamente estaba haciendo changas como electricista, se presentó el 30 de septiembre con su abogado en la Jefatura Central de Policía. Allí estuvo unas horas hasta que Carvallo fue a buscarlo, junto con un chofer. El Ford Falcon al que lo subieron marchó hacia Santa Fe. Ramat iba en el asiento trasero, sin esposas, sin capucha y con su documento en el bolsillo. Hasta que a la altura de Colastiné Sur el automóvil dio la vuelta en una arboleda, entonces lo hicieron bajar, lo esposaron, le pusieron una capucha y lo metieron bajo amenazas en el baúl. El periplo terminó en un lugar que presume sería la Comisaría de El Brete, donde estuvo cuarenta y cinco días. Según dijo, fue interrogado en el sótano mediante amenazas, golpes y puntapiés, y fue obligado a escuchar cómo torturaban a otros secuestrados. Las condiciones eran inhumanas, había que comer con las manos y a ciegas; y las torturas eran a cualquier hora, señaló Ramat. Ahí todos eran torturadores, por el trato que daban a los detenidos; y algunos eran interrogadores, graficó. En el último grupo, el de los interrogadores, volvió a señalar a un oficial de apellido Carvallo e inclusive recordó que en una sesión de tormentos le dijo que desde 1975 estaban recibiendo instrucción de los militares sobre cómo torturar. Otros tres policías fueron sindicados como integrantes de grupos de tareas que operaban durante la dictadura: Luis Francisco Armocida, Daniel Manuel Rodríguez y Carlos Horacio Zapata, que resultaron beneficiados por la impunidad biológica, sin juicio. Las causas que tramitaron en Entre Ríos siempre se han desarrollado de manera aislada y eso impide realizar una investigación integral de lo que sucedió en una ciudad o en la provincia; no permite ver en su real dimensión que hubo un plan sistemático de exterminio y no acciones individuales, analiza la abogada Ana Lucía Tejera, que ha representado a familiares de víctimas y a sobrevivientes de la dictadura en los juicios. Pensar que Céparo o Carvallo actuaron solos es un error. Ni actuaron solo ni actuaron sobre una sola víctima. Los testimonios de los sobrevivientes y la reconstrucción histórica dan cuenta de la sistematicidad de los hechos y de que las fuerzas armadas, policiales y de seguridad operaban en conjunto, agrega. La leyenda, esa que instalaron los verdugos, sostiene que los documentos más comprometedores de aquellos años fueron incinerados por orden del último jefe policial que tuvo la dictadura en la provincia, Antonio Guillermo Minicucci. Hace unos años, en respuesta a un oficio judicial, el entonces jefe de la fuerza, Héctor Roberto Massuh, respondió que no existían archivos de aquel período. Sin embargo, el Registro Único de la Verdad ha logrado recuperar cientos de legajos y prontuarios de militantes de aquellos años en archivos policiales. Una muestra más de que cincuenta años después todavía hay mucho por hacer.
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